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Dos exministros en la cárcel, varios exaltos funcionarios del gobierno Petro imputados por delitos relacionados con corrupción, un viejo amigo del presidente de la República prófugo en Nicaragua y otro de quien la justicia no tiene rastro. Esas son algunas de las cuentas que hacen parte del escándalo por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un caso que tuvo gran parte de la atención en 2025 y que estará en la agenda de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia en 2026, pues su magnitud se cuenta en cifras exactas: COP 612.000 millones en contratos, al parecer, direccionados a congresistas para favorecer las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso.
Lo que empezó con pistas sobre el posible desvío de dinero en la compra de carrotanques para La Guajira, terminó develando una red de presunta compra de votos de congresistas a cambio de coimas y contratos en varias entidades del Estado. Las últimas movidas del caso, que tiene en la cárcel a los exministros del Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, dejaron ver cómo se habría fraguado un intento de direccionamiento de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Muchas de las personas mencionadas no han sido llamadas por la Fiscalía a rendir cuentas y en otros casos falta que se tomen decisiones claves.
En 2025, los procesos en contra de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, fueron los que más avanzaron en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, han sido los dos únicos congresistas salpicados en el escándalo de corrupción que fueron enviados a la cárcel mientras avanzan las pesquisas del alto tribunal, pero sus casos no han terminado. El año pasado, cuando el magistrado Francisco Farfán, de la Sala de Instrucción, llevaba el caso, se les empezó a seguir la pista por, supuestamente, haber recibido COP 4.000 millones, de los cuales COP 3.000 habrían resultado en las arcas de Name y COP 1.000 en las de Calle, para mover las iniciativas gubernamentales.
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Según testimonios como el de Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Ungrd, las entregas del dinero se habrían realizado entre septiembre y octubre de 2023, luego de varias reuniones en las que también habrían participado Olmedo López, entonces director de la Ungrd; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quienes se encuentran en prisión por este caso. Además, la Fiscalía ha dicho que dentro de las pruebas que tiene hay testimonios como el de Olmedo López, quien aseguró que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y prófugo de la justicia, habría sido quien ordenó los sobornos.
En mayo pasado, la Sala de Instrucción de la Corte determinó un asunto: “Hay pruebas testimoniales e indicios graves de que los dos congresistas pudieron cometer los delitos investigados”. Esa razón fue suficiente para que se les enviara a prisión preventiva. Desde entonces, permanecen recluidos en la cárcel La Picota, de Bogotá. Asimismo, en agosto del año pasado, la Sala de Instrucción acusó formalmente a los expresidentes del Congreso y fueron llevados a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte. Ahora esa Sala debe definir el futuro de Name y Calle por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.
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Más congresistas salpicados
El nombre de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) fue uno de los más sonados en el último año por cuenta del escándalo de la Ungrd y su presunta negociación de contratos con Olmedo López, exdirector de la entidad. Durante la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Bonilla y Velasco, en diciembre pasado, fue señalada por la fiscal del caso, María Cristina Patiño, como una de las presuntas “articuladoras” del entramado de corrupción. Para la funcionaria del búnker, la congresista wayuú “lideró” la estrategia para asegurar los votos de otros parlamentarios a favor del proyecto de la reforma pensional. Un papel que en otras iniciativas habría jugado el también congresista Julio Elías Chagüí.
“El 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate y acordó con Peralta Epiayú gestionar proyectos dentro de la Ungrd para congresistas de la Comisión Séptima, entre ellos Berenice Bedoya. Además, Peralta Epiayú le pidió atender a los congresistas de la coalición y direccionar la contratación de la entidad a favor de esos parlamentarios”, aseguró la fiscal Patiño. La senadora Bedoya (Alianza Social Independiente) también aparece mencionada en chats y documentos revelados por la Fiscalía, que darían cuenta de que en junio de 2023 habría conversado con López sobre un proyecto en Casanare, Meta y Risaralda. Pese a los señalamientos de la Fiscalía, ni Peralta ni Bedoya han sido imputadas.
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Otro de los senadores salpicados, que aún no ha sido imputado, es Julio Elías Chagüí (Partido de la U), de la Comisión Primera de la Cámara. Su nombre ha aparecido en distintas declaraciones entregadas a la justicia, tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema, por los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como por la exasesora del exministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides. Todos han coincidido en que Chagüi habría resultado favorecido con un millonario contrato de la Ungrd, que habría sido destinado a él por orden del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. La razón: supuestamente era el encargado de mover votos en esa comisión a favor de iniciativas del gobierno.
Su caso en la Corte Suprema de Justicia está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien (además de otros magistrados que llevan procesos relacionados con el escándalo) ha ido recopilando pruebas y escuchado distintas declaraciones sobre el supuesto rol del senador en el entramado que desfalcó a la Ungrd. Supuestamente, el exministro Velasco fue quien lideró y presionó para que el congresista recibiera un contrato de esa entidad de COP 22.000 millones en Sahagún (Córdoba), cuyo beneficiario sería el secretario de Infraestructura de ese municipio, Jorge González. Chagüi insiste en que es inocente, pero la última palabra la tendrá la Sala de Instrucción, que sigue recolectando pruebas.
Tanto la senadora Peralta como el senador Chagüi han negado los señalamientos. La congresista del Pacto Histórico dijo que lo que ha dicho la Fiscalía sobre ella, en plena antesala a las elecciones legislativas de 2026, lo hace “sin tener la competencia para investigarme, con afirmaciones falsas, actuando en contra de mi buen nombre y de mi proceder político”. Agregó: “Ni siquiera nos han dado la oportunidad de defendernos. Aquí lo que están buscando es callarnos para no seguir luchando por las reformas sociales; eso les incomoda”. Chagüi, por su parte, se ha defendido diciendo que no ha recibido ni ofrecido dinero de contratos. “Mi gestión como congresista no estuvo por fuera de la ley”, aseguró.
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La polémica Comisión de Crédito Público
El capítulo de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) está unido al nombre de un exfuncionario del gobierno: Jaime Ramírez Cobo, anterior enlace de la Presidencia con el Congreso. Su nombre apareció en el radar de la Fiscalía y de la Corte Suprema porque, al parecer, sería el “eslabón” con la CICP. Según la Fiscalía, habría negociado para que los congresistas votaran a favor de 17 operaciones de crédito público y habría participado en reuniones con Velasco y Bonilla para gestionar contratos. El 22 de enero de 2025 fue citado a indagatoria en el búnker de la Fiscalía; para mayo ya había salido del país en un avión, rumbo a España. Sigue sin ser vinculado al caso de manera formal.
Junto a Ramírez Cobo, un puñado de congresistas están bajo la lupa del alto tribunal. De hecho, quienes más han sonado en el caso son, por lo menos, ocho legisladores y un excongresista que conformaban la CICP, encargada, entre otras cosas, de entregar conceptos al Ministerio de Hacienda, incluidos los que se necesitan para aprobar los créditos internacionales con los que el gobierno financia el presupuesto del país. En palabras sencillas, sin su visto bueno no hay créditos. Sus procesos, por ahora, están en la Sala de Instrucción, que estuvo a un paso de enviarlos a la cárcel después de citarlos a indagatoria y que la mayoría de ellos decidieran hacer uso de su derecho a guardar silencio.
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Según las investigaciones de la Corte, en 2023, el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) y los congresistas Karen Manrique (representante por las curules de paz), Liliana Bitar, Wadith Manzur (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo y Julián Peinado (Partido Liberal), todos de la CICP, habrían vendido sus votos y apoyos a iniciativas del gobierno a cambio de coimas. Específicamente, se les señala de haber pedido y recibido contratos de la Ungrd sobre proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) por COP 92.000 millones. Esos contratos, supuestamente, habrían sido direccionados directamente por el exministro de Hacienda, y ahora preso, Ricardo Bonilla.
En agosto del año pasado, el magistrado Misael Rodríguez, ponente en el proceso contra los congresistas de la Comisión, consideró que, al igual que Iván Name y Andrés Calle, los otros investigados deberían estar en prisión mientras avanza el proceso. Sin embargo, llevó el proyecto a la Sala de Instrucción, donde fue derrotado, pues los demás magistrados consideraron innecesaria la medida. Esa instancia del alto tribunal ya sacó sus conclusiones sobre estos parlamentarios y está a un paso de acusarlos y que su expediente pase a la Sala de Primera Instancia, donde serán juzgados. Por ahora, todos han sido llamados a declarar y en su mayoría han guardado silencio y se mantienen en que son inocentes.
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El capítulo del Invías
Al mover el tapete de la Ungrd, las investigaciones dejaron al descubierto que el entramado de corrupción para presuntamente comprar al Congreso sería mucho más grande de lo que se creía en principio. En febrero de 2025, la Fiscalía compulsó copias para que la Corte Suprema de Justicia adelantara las indagaciones pertinentes en contra de 28 congresistas que estarían relacionados con un posible desfalco al Invías, bajo el mismo modelo de direccionamiento de contratos que se fraguó en el caso de la Ungrd y con protagonistas en común. La investigación surgió de un documento de Excel elaborado por Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda, en el que aparecían congresistas al parecer beneficiados por votar a favor del gobierno.
Quien le entregó el documento a las autoridades fue María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro Bonilla, cuando encendió el ventilador con el que salpicó a más de una decena de parlamentarios de las Comisiones Tercera y Cuarta de ambas cámaras. De la lista se destaca el expresidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, quien, de acuerdo con el documento entregado por Benavides, se habría beneficiado con dos contratos en Arauca, por COP 26.075 millones. De su partido también aparecen en la lista los representantes Juan Loreto Gómez, Daniel Restrepo, Wadith Manzur, Juliana Aray Franco; la senadora Liliana Bitar Castilla y el excongresista Yamil Arana (actual gobernador de Bolívar).
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El Partido Liberal también tiene una importante cuota de congresistas salpicados, con los representantes Julián Peinado Ramírez, Silvio José Carrasquilla Torres, Álvaro Henry Monedero Rivera, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, Kelyn Johana González Duarte, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Juan Diego Echavarría Sánchez, y los senadores Juan Pablo Gallo Maya y Karina Espinosa. De la Alianza Verde aparecen mencionados los representantes Katherine Miranda, Olga Lucía Velásquez Nieto, Elkin Rodolfo Ospina Ospina, Wilmer Yair Castellanos Hernández, el senador Jairo Alberto Castellanos Serrano y el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera.
La lista la completan los representantes Milene Jarava Díaz, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza y los senadores Juan Carlos Garcés, José Alfredo Gnecco y Juan Carlos Garcés Rojas, todos del Partido de la U. Finalmente, aparecen los representantes Wilder Escobar Ortiz, de Gente en Movimiento, y Néstor Leonardo Rico Rico, de Cambio Radical. Algunos de los congresistas que aparecen mencionados en el episodio del Invías también están salpicados por el caso de la Ungrd, como lo reveló la imputación de diciembre pasado en contra de los exministros Bonilla y Velasco. Pese a eso, aún no han sido vinculados al expediente, una tarea pendiente para la justicia en el nuevo año.
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