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La información sobre la captura de Nicolás Maduro tras una operación desplegada por Estados Unidos en territorio venezolano llegó a oídos del presidente Gustavo Petro pasada la 1:30 de la madrugada de este 3 de enero, la misma hora en que Caracas atestiguaba los primeros bombardeos y explosiones que se registraron posteriormente. De inmediato, la instrucción fue clara: consejo de ministros extraordinario y medidas para paliar los impactos que el golpe al régimen dictatorial del país vecino puede tener en Colombia.
Lo primero que se analizó fue la seguridad de los más de 2.200 kilómetros de frontera común, pues hay varios grupos narcotraficantes que operan en ambas naciones y tienen incidencia criminal en toda la línea limítrofe. Si bien la principal preocupación es el ELN, también se sabe que la disidencia denominada Segunda Marquetalia e incluso las de Iván Mordisco y la llamada Frente 33, al igual que algunos lazos del Clan del Golfo, están parapetados en territorio venezolano y desde allí coordinan operaciones en suelo colombiano.
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Eso explica por qué el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de Fuerza Pública en esa región y la razón de que hablara de prevención de “ataques terroristas” de cualquiera de esas estructuras ilegales. La alerta no es menor y de ahí que la movilización de uniformados comenzara en la misma madrugada de este sábado.
Y también es la base de un decreto de emergencia económica, social y ecológica que se va a ordenar para la zona de frontera, según lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. En este punto, según le confirmaron fuentes de la Casa de Nariño a El Espectador, es clave lo que suceda en materia migratoria, pues por ahí han pasado varios de los cerca de siete millones de ciudadanos venezolanos que se calcula han huido del régimen; tres millones de ellos se quedaron en Colombia y por eso la necesidad de que se establezcan medidas urgentes de atención.
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“El Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”, precisó el presidente Petro al finalizar pasadas las 3 de la madrugada el consejo de seguridad extraordinario.
Y agregó: “La Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional”.
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Aquí también entra en juego la estancada paz total de la actual administración de la Casa de Nariño, pues los grupos ilegales que generan alerta en la zona de frontera tienen relación con esa política y con varios, casi todos, los contactos se han mantenido para determinar si antes de las dos elecciones claves de este año –8 de marzo (Congreso) y 31 de mayo (primera vuelta presidencial)– se pueden mostrar resultados.
Sin embargo, el caos que se genera ante la incertidumbre de qué pasará en Venezuela tras la caída de Maduro, pues no es claro si esto significa el derrumbe de todo el régimen o solo una transición, tiene un efecto en el que estos narcotraficantes pueden endurecer su poderío y capacidad de acción. El presidente Petro aseguró que aún hay diálogo binacional para combatirlos, pero en el Washington del republicano Donald Trump esto no es suficiente y de ahí que lanzara el ataque de la madrugada de este sábado.
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Ese factor, el de la Casa Blanca, es el que mayor peso tiene en la coyuntura actual en Colombia tras los ataques en Caracas. El presidente Petro, la primera Dama, Verónica Alcocer, el ministro Benedetti y el primogénito del mandatario, Nicolás Petro, están en la lista Clinton por supuestamente permitir –vía paz total– el fortalecimiento de estructuras narcotraficantes. Todo eso lo rechaza el actual gobierno colombiano, pero el mensaje desde la Oficina Oval ha sido claro.
En efecto, con las elecciones en curso hay expectativa sobre si la izquierda podrá o no mantener el poder, y de ahí que busque reforzar el discurso de soberanía y unidad latinoamericana ante el ataque que desplegó Trump con todas las irregularidades que ello denota. En Estados Unidos quieren un cambio en la política interna, lo que para el oficialismo es un intento de intervencionismo y, para la oposición que lideran el expresidente Álvaro Uribe y otros actores electorales, es una necesidad para darle un giro a la Casa de Nariño desde el 7 de agosto próximo cuando constitucionalmente debe haber relevo presidencial en el país.
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Petro, quien tiene una confrontación directa con Trump, ha pedido que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos sesionen de forma inmediata para cuidar la soberanía latinoamericana, pues desde diciembre de 1989 –cuando Washington invadió a Panamá para capturar a Manuel Antonio Noriega por cargos de narcotráfico– no se veía una situación similar en la región. Colombia, de hecho, es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que exigió que se adopten medidas.
De fondo, algo que también se habló en las reuniones de la madrugada de este 3 de enero que se lideraron desde Cartagena –el jefe de Estado estaba en esa ciudad este fin de semana–, está el temor de que algo similar se pueda ver en suelo colombiano. Trump ha cargado con fuerza contra Petro al señalarlo de ser un supuesto benefactor de narcos, lo que el mandatario colombiano rechaza con vehemencia; hay una alerta específica en el alto Gobierno por este asunto.
Y es en todo este contexto que el debate electoral interno se va a mover. La oposición advierte que supuestamente el continuismo de Petro es el camino hacia la Venezuela que impuso el fallecido Hugo Chávez desde que llegó al poder en 1999 y que continuó Maduro como su heredero desde 2013; pero la izquierda asegura que de permitirse el intervencionismo se regresaría a épocas coloniales. A este cruce de dardos se le suma que desde que se impuso la dictadura a la fecha han pasado cinco mandatarios por la Casa de Nariño: Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.
Cuando en 2022 y por cerca de 700.000 votos Petro ganó en segunda vuelta la Presidencia, se retomaron las relaciones diplomáticas con Caracas; de hecho, el mandatario colombiano se ha negado a reconocer la existencia del Cartel de los Soles por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta USD 50 millones por la captura de Maduro y ha dicho que la inteligencia nacional no tiene indicios de la relación del caído dictador con el narcotráfico.
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Esto, por supuesto, le ha costado señalamientos desde la Casa Blanca, en especial de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, por una supuesta cercanía con una administración que también se robó a mediados de 2025 las elecciones venezolanas.
La líder opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, como el presidente electo y reconocido internacionalmente, Edmundo González, han pedido más solidaridad desde Colombia y no han mostrado rechazo a las intervenciones militares. Esto último lo ha usado Petro para advertir de posibles riesgos al apoyarlos y de ahí que, incluso, criticara el reconocimiento global que recibieron.
Es en todo esto que hay expectativa por quién asumirá el mando en el Palacio de Miraflores y hasta qué punto el diálogo binacional seguirá fluyendo, pues los riesgos políticos se pueden atender desde la narrativa y la protección del proceso electoral interno, pero las crisis de seguridad y humanitaria que se pueden desatar en la frontera no son menores. De hecho, el Catatumbo ya tiene más de 600 desplazados (en todo 2025 sumaron más de 80.000) por la guerra entre ELN y Frente 33 en la zona; ambas bandas se mueven entre Colombia y Venezuela.
“Colombia ofrece sus oficios mediadores para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país. Hacemos también un llamado a la unidad y la solidaridad del pueblo latinoamericano ante la injerencia de gobiernos extranjeros”, dijo la Cancillería de Rosa Villavicencio en un comunicado.
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Luego de ese pronunciamiento se dio una declaración del presidente Trump, quien confirmó que mantendrá control sobre el poder Ejecutivo en Venezuela mientras se da la transición y dejó claro que la infraestructura petrolera del país vecino es de interés prioritario para Estados Unidos; esto último era lo que varias voces advertían como el principal propósito de la Casa Blanca.
En todo caso, que Washington quede al mando de Caracas, plantea la duda de cómo será el diálogo con Bogotá. “Él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos; entonces, él sí debe cuidarse”, dijo Trump en específico sobre Petro en su declaración de este sábado.
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Eso demuestra por qué para Colombia es clave lo que pase en Venezuela y las medidas que sigan desde Estados Unidos, pues la tríada de estas naciones –con la injerencia de otras como Rusia y China, declaradas enemigas de la Casa Blanca– y la forma en que desarrollen su relación marcará una ruta por la que todo el continente americano está expectante. La Casa de Nariño, con elecciones de por medio y los riesgos que se conocen, no se quedará quieta.
Vea aquí el extra de El Espectador tras la caída de Maduro
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