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El Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunció frente a la posesión de los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles elegidos para el periodo 2020-2023, que recibirán el cargo el 1° de enero.
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El organismo le pidió expresamente a Gustavo Enrique Aroca, superintendente de Notariado y Registro, que les imparta instrucciones a los notarios del país para que “se abstengan de recibir juramento de los candidatos electos que se encuentren detenidos”, manifestó mediante un comunicado.
Según el CNE, la decisión obedece al antecedente de las elecciones de 2015. En ellas, notarios de varias regiones del país posesionaron a funcionarios públicos que se encontraban privados de la libertad.
“El artículo 53 del decreto 1950 de 1973, que recoge el decreto 1083 de 2015, establece que no se podrá posesionar una persona designada, nombrada o elegida para ejercer funciones públicas que tenga una medida de aseguramiento de detención preventiva”, argumentó el ente.
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Son varios los casos de electos detenidos que podrían posesionarse si los notarios hacen caso omiso a los llamados del CNE. Está, por ejemplo, el de Lauro Nel Arturo Guerrero, conservador que ganó la alcaldía de El Rosario (Nariño), con el 52,39 % del total de los votos. Guerrero, sin embargo, no pudo celebrar su triunfo pues ganó los comicios del pasado 27 de octubre estando detenido por dar dinero a sus votantes. En efecto, se le acusa de corrupción al sufragante y fraude en la inscripción de cédulas.
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Otro de los más sonados es el caso de Óscar Andrés Pérez Muñoz (Centro Democrático), alcalde electo de Bello, Antioquia. Llamó la atención porque salió invicto como nuevo mandatario del municipio pese a tener brazalete de vigilancia electrónica del Inpec. Lleva el dispositivo porque es investigado por presuntas irregularidades de contratación cuando fue alcalde de Bello, entre los años 2008 y 2011. Tiene, además, restricción para salir del país.
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