Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Desde hace un tiempo los encuentros gremiales, independientemente del sector económico, dejan la sensación de que el Gobierno y las empresas están hablando de dos países distintos. Este fue el caso, también, del decimoprimero foro anual de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), el gremio que representa a las térmicas.
Mientras el Gobierno habla de un futuro prometedor, en el que Colombia avanza con pasos de gigante en la transición energética, las comunidades son autosuficientes y las tarifas de energía son justas, los gremios advierten que para 2025 ya habrá un déficit de energía en firme (aquella que estaría disponible incluso en el peor escenario, como en una sequía), que todavía no están las medidas que se necesitan para importar el gas que hará falta el otro año y que, en general, podríamos chocar con un iceberg si no se gira el timón hoy mismo.
Aunque ambas partes están haciendo esfuerzos por encontrarse en el camino, parece que la palabra diálogo se ha gastado de tanto usarla. María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de Aliadas, que reúne a más de 30 gremios, dijo que ya no puede “dialogar más”, que es hora de trabajar. En entrevista con este diario, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, afirmó que se han dado discusiones largas sin que nada pase, que ya es hora de actuar.
El foro se realizó en Barranquilla, Atlántico, en la región Caribe, en donde cada mes cientos de familias abren un recibo de la luz impagable. Donde la factura ahoga las finanzas del mes. Donde, como tantas veces lo han dicho congresistas y autoridades locales, la gente tiene que escoger si le cortan la luz o aguanta hambre. Eduardo Verano, gobernador del departamento, afirmó que se necesitan medidas para evitar un apagón y una crisis social. En su intervención, reconoció los esfuerzos del Gobierno y de los gremios, pero dijo que mientras transcurren las muchas reuniones, el kilovatio hora sigue subiendo.
Hace falta un plan
Germán Castro Ferreira, contralor delegado para el sector de minas y energía y excomisionado de la CREG, aseguró que “anteponer la transición energética a la seguridad energética es un error que el país no debe permitirse”. La Contraloría presentará un informe sobre el sector el próximo 22 de agosto, pero desde ya Castro, en conversación con este diario, dejó sobre la mesa que una de las conclusiones es que no hay una política de seguridad energética.
Al órgano de control fiscal le preocupa la “ambigüedad en decisiones de política energética”, la caída en las reservas probadas en un momento en el que el Gobierno decidió no suscribir nuevos contratos de exploración, el aumento en las importaciones de combustibles sin que se prevean opciones para revertir la tendencia y la fragilidad de proyectos energéticos claves, principalmente por la “lentitud” en la obtención de licencias ambientales y la dificultad de las consultas previas.
La Contraloría sostiene que los procesos de transición energética han hecho evidente, “paradójicamente”, la debilidad que tiene el país para reconfigurar su matriz, asegurando también la confiabilidad en el sistema. Actualmente las térmicas son las encargadas de respaldar la generación de energía en tiempos de sequía, en los que las hidroeléctricas, que en épocas normales producen el 70 %, no pueden suplir las necesidades del país, pero hay dudas sobre el futuro de los combustibles con los que producen: el carbón y el gas.
Castro afirmó que la declinación de los campos y la falta de incorporación de nuevas reservas hacen que cada vez haya menos tiempo de autosuficiencia: hoy se estima que en seis años tendremos desabastecimiento de gas. Desde 2016, en Cartagena hay una terminal de importación y regasificación, que sirve para respaldar a las térmicas. La capacidad es de 400 millones de pies cúbicos de gas natural por día, pero en El Niño se demostró que podría llegar hasta los 450 millones. Aunque en este momento el mercado está contando con esos 50 millones adicionales, todavía no se han ajustado las reglas para poder hacerlo.
Además de la situación del gas, Castañeda alertó que habrá un déficit de energía en firme. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ya anunció que hará una subasta de reconfiguración de cargo por confiabilidad que, como explicó el experto, implica pedirles a los agentes del sistema que, si les está sobrando energía, la comprometan de 2025 en adelante. “El problema es que en 2028 el hueco estará entre 4 y 6 %, y no se podrá cubrir con lo que está disponible ni con lo que se espera que entre en proyectos de energías eólica y solar. Por eso el llamado es a hacer una subasta de cargo por confiabilidad, donde participen no solo las renovables, sino todas las tecnologías”.
Aunque el desabastecimiento se conjuga en futuro, José Antonio Vargas Lleras, director de Enel Américas y presidente del Comité Colombiano del Consejo Mundial de Energía, dijo a este diario que en el presente ya hay consecuencias. En el caso de Bogotá y Cundinamarca, por el retraso en la entrada de varios proyectos de transmisión y de subestaciones, particularmente en el norte de la capital, ya hay restricciones para asegurar energía a ciertos proyectos.
“Cuando un cliente me visita y dice que construirá una urbanización y me pide que le asegure que en 2027 podrá conectar a todos sus clientes, no le puedo dar la certeza porque no sé si podré tener la infraestructura de distribución y transmisión para atender la demanda. Para los urbanizadores el problema no es dentro de dos años, es ahora, porque no puede iniciar su proyecto”, explicó Vargas.
Para que el problema no se agudice, según el director de Enel Américas, es necesario que se pongan al día los proyectos que llevan hasta once años de retrasos, principalmente por licencias ambientales. En este caso, la falta de acción no es un problema que se pueda atribuir solo a este Gobierno.
Por ahora, Antonio Jiménez Rivera, director de la CREG, aseguró que, además de la subasta de reconfiguración, cuya resolución ya está para comentarios, la Comisión también está estructurando una subasta de expansión. “Quiero que quede claro que institucionalmente la CREG está tomando las decisiones en el marco de sus competencias y que vamos a seguirlas tomando independiente de las diferencias que podamos tener en las discusiones que se van a dar. Ya estamos en quórum, la institucionalidad se mantiene. Tenemos retos complejos, pero estamos emocionados por abordarlos”.
Justamente, que funcione el andamiaje institucional fue otro de los llamados del gremio durante el foro. Según la Andeg, por la falta de comisionados en la CREG, tema que sigue resolviendo el Gobierno, y, por ende, de señales regulatorias, hay $3 billones en inversiones “parqueados”, tanto en gas como en energía. Durante su intervención, Margarita Cabello, procuradora general, afirmó que aunque ha habido avances en los nombramientos, todavía hay un vacío porque no están en propiedad los seis comisionados que debe tener el regulador.
Javier Campillo, viceministro de Energía, reconoció que hay medidas urgentes que se deben poner en marcha, entre otras la construcción de las obras de transmisión que están atrasadas para poder habilitar la entrada de proyectos de energía renovable, flexibilizar los mecanismos de importación de gas, invertir en eficiencia energética y aumentar la capacidad de generación de forma diversificada.
Para bajar las tarifas de energía, de acuerdo con Castañeda, la medida más urgente es que el Gobierno presente al Congreso el proyecto para asumir la opción tarifaria. De todas formas, el mensaje claro del gremio es que el único problema no es el precio de los recibos, sino que el abastecimiento a largo plazo podría estar en riesgo. Las térmicas sostienen que ya es hora de pasar de las palabras a las acciones para evitar que en los próximos años el país quede en aprietos por falta de energía.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más