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La implementación y financiación de la Región Metropolitana empieza a generar conflictos entre los ciudadanos y la administración. Esta vez por el aumento del 0,2% en el impuesto de vehículos, para financiar la Agencia de Movilidad, lo cual hace que este tributo sea más costoso que en el resto del país. El malestar llevó a un grupo de ciudadanos a denunciar penalmente a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. No obstante, los mandatarios dicen estar tranquilos, porque todo está conforme la ley.
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Aunque el aumento parece mínimo, no es de poca monta. Este año se estima que, solo en Bogotá podrían recaudar $137.000 millones. Las cuentas son así: el impuesto se tasa según el avalúo del automotor. Si es una moto de más de 125 cc o un carro con un avalúo inferior a $52 millones, se paga 1,5% sobre su valor ($15.000 por millón). Si está entre $53 millones y $118 millones paga 2,5% ($25.000 por millón), y si es superior a $118 millones paga 3,5% ($35.000 por millón).
Con el 0,2 % adicional, la tarifa en Bogotá y Cundinamarca será de $17.000, $27.000 y $37.000, es decir, $2.000 más por cada millón de avalúo que en el resto del país. Si se hacen cuentas con el avalúo total de los vehículos matriculados en la región se tienen cifras multimillonarias, situación que llevó a que un grupo de ciudadanos a radicar la denuncia penal, por lo que consideran un cobro irregular. Consideran que los mandatarios incurren en prevaricato por acción.
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“Estos funcionarios habrían ejecutado el presunto cobro ilegal en los impuestos de vehículos, que se viene realizando desde el primero de enero de este año en Bogotá y Cundinamarca, sin declarar el hecho metropolitano de movilidad, como lo exige la Ley orgánica 2199 de 2022″, explicaron.
A pesar del proceso legal, tanto en la Alcaldía y la Gobernación parecen tranquilos. La administración departamental explicó que el impuesto de vehículos es del orden nacional, creado por el Congreso y cedido a las entidades territoriales. Por eso, ni el Distrito, ni la Gobernación tienen la facultad para modificar la tarifa. Su única facultad es de administración, determinación oficial y el recaudo del impuesto.
Y fue justo el Congreso, al expedir la Ley que dio vida a la Región Metropolitana, el que estableció la creación de la Agencia de Movilidad, autorizó un incremento del 0.2% en el impuesto de vehículos, para cederlos a la Agencia, que se encargará de administrar dichos recursos. “Como se puede apreciar, la Ley estableció con claridad el incremento, imperativo legal que deben acatar el Departamento y el Distrito que, como sujetos activos de la renta, debían dar cumplimiento. De no hacerlo podría acarrearles consecuencias legales”, dice.
Finalmente aclara que la ley habla de administrar los recursos y no del recaudo, “por lo tanto, no es cierto que la obligación del recaudo de la tarifa, este supeditada a la declaratoria de los hechos metropolitanos, diferente es, la ejecución de los recursos conforme a lo establecido en la norma”, concluye.
Por ahora, mientras las administraciones seguirán cobrando el tributo para la región metropolitana y convenciendo a otros municipios de sumarse, se espera el avance de la denuncia penal y demás acciones que, los opositores decidan adelantar.
La Agencia de Movilidad
Pero ¿quién se beneficia con el sobrecargo al impuesto de vehículos? Se trata de la Agencia Regional de Movilidad, uno de los primeros apéndices de la nueva Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que opera desde abril y, por ahora, estará en cabeza de Bogotá, mientras se suman más municipios. Su objetivo es integrar y mejorar la conectividad de la capital y los municipios aledaños en el departamento, zona en la que se realizan 2,6 millones de viajes diarios. “Es una autoridad en transporte, para coordinar los proyectos de infraestructura; controlar fuentes de captación de recursos para proyectos de valorización, y coordinar el tránsito en la región”, explicó en su momento la secretaria de Movilidad de Bogotá, Deyanira Ávila.
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Para comenzar, se estima contará con un presupuesto inicial de $58 mil millones para invertir en zonas priorizadas, en especial, los corredores de acceso por el occidente de la capital, donde la infraestructura vial es deficiente y con gran congestión. Por ahora, su primera apuesta será mejorar el acceso por la calle 80, obra que contará con una inversión de $112 mil millones. No obstante, su alcance irá más allá: apunta a implementar otras modalidades de transporte, adicionales a los sistemas de buses, para realizar las conexiones regionales. Por lo pronto, se contempla la implementación de rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Por ahora, el aumento en el impuesto de vehículos no tiene reversa y será una realidad que, no solo generará malestar en algunos contribuyentes, sino que seguramente llevará a nuevos usuarios a matricular sus vehículos en otras ciudades. A largo plazo, lo único que justificaría este golpe al bolsillo sería que la nueva agencia cumpla su misión de mejorar la movilidad en la capital y en la región, para que Bogotá no siga siendo la ciudad donde los conductores se vean obligados a circular menos, pero a pagar más.
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Por Alexánder Marín Correa
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