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León Jairo Rendón Ortiz y Róbinson Romaña Cuesta eran miembros de un esquema de escoltas en Chocó de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Ambos cuidaban a líderes sociales y el pasado domingo 10 de noviembre fueron secuestrados por presuntos hombres del Clan del Golfo (también conocidos como Autodefensas Gaitanistas). Tras un par de días de incertidumbre, sus cadáveres fueron hallados: uno flotando en el río Atrato y otro en sus orillas. En medio de la tristeza y la dificultad para transportar los cuerpos con sus familias, quedó en el aire la pregunta: ¿Qué está pasando con los escoltas de esquemas de seguridad en zonas de alta peligrosidad?
La muerte de los dos escoltas fue antecedida por un crimen similar en el Cauca, a principio de mes. Fabián Rivera Penagos, que dirigía el esquema de un líder indígena de Corinto, fue secuestrado cuando estaba de permiso y su cuerpo fue encontrado baleado en Altamira, zona rural de Suárez (Cauca). Con tres homicidios de escoltas de la UNP en menos de un mes, El Espectador preguntó por la situación de los miembros de esquemas de seguridad en las zonas en las que se han reportado mayores índices de violencia y presencia de grupos armados en tiempos recientes. Para ello se puso en contacto con escoltas que operan en Chocó, Urabá, Bajo Cauca, Cauca, Caquetá, Nariño y Catatumbo.
En Chocó, la muerte de Rendón y Romaña, así como la supuesta falta de acompañamiento de la UNP en el caso, han hecho que hasta el pasado lunes siete personas presentaran renuncia a sus puestos como miembros de esquemas de seguridad. Varios escoltas denunciaron la difusión de panfletos en los que los declaran como objetivo militar debido a la protección que brindan a líderes sociales. Panorama que se ve agravado porque, según ellos, la mayoría de las camionetas suministradas por la UNP no cuentan con blindaje y ni siquiera están preparadas para afrontar los caminos del departamento.
Jorge Jiménez, quien protege a un exparamilitar postulado a Justicia y Paz, expresó su preocupación debido a que, a pesar de que su esquema cuenta con un carro blindado, la mayoría de sus compañeros se movilizan con sus protegidos en automóviles convencionales —camioneta tipo Duster— por Belén de Bajirá, Jiguamiandó, Riosucio, entre otras regiones controladas por paramilitares, disidencias de las Farc y Eln. Otro escolta de la zona, que pidió reservar su identidad, también señaló el problema con el carro suministrado, además del constante peligro que correnpor los armados: “Han amenazado a la protegida en nuestra cara y un día la policía tenía información de que nos iban a acribillar y nos ayudaron a escapar”.
Circunstancias similares se están viviendo en el Bajo Cauca antioqueño. Jesús Quintero, líder social protegido de Caucasia, aseguró que no contar con un vehículo blindado lo expone a él y a su esquema a las acciones violentas de paramilitares (Clan del Golfo y Caparros) y Eln que tienen control territorial en Nechí, El Bagre, Cáceres y Tarazá. Asimismo, dijo que la situación de los escoltas de la UNP es insostenible, pues los grupos los están calificando como infiltrados de autoridades como la Fiscalía. Los escoltas dicen que esta condición fue confirmada por la Policía, que les advirtió que en Cáceres se está planeando un plan pistola contra los escoltas en servicio.
En Cauca, las denuncias son por falta de apoyo de miembros de la Fuerza Pública: “Llegamos a zonas donde la Policía y el Ejército no llegan”. Por eso, dicen escoltas que prestan sus servicios en esta convulsa región, los esquemas se ven obligados a recurrir a las comunidades para monitorear si en las vías hay gente armada. Asimismo, aseguran que las condiciones del departamento hacen que los relevos por descansos entre escoltas sean difíciles, lo que podría poner en peligro a los protegidos. Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, fue asesinada en septiembre de este año mientras contaba con un solo guardaespalda, porque el otro estaba de descanso y el relevo no pudo llegar a tiempo.
Las acciones violentas contra los indígenas en el Cauca representa otro reto para los escoltas de los líderes de estas comunidades. En medio de las retaliaciones de disidencias de las Farc en contra de los pueblos del norte de ese departamento, los escoltas denuncian que no tienen todas las herramientas que necesitan. El líder de un esquema colectivo de dirigentes indígenas, que pidió preservar su identidad, le contó a este diario que la UNP solo dispuso dos hombres y una camioneta sin blindaje para custodiar a 10 líderes. Esta condición hace que, de acuerdo con el escolta, la mayoría de sus protegidos tengan que desplazarse sin protección en buses, mientras que solo se brinda seguridad a los que caben en la camioneta suministrada.
En Norte de Santander, escoltas aseguran que la falta de Fuerza Pública en varios lugares del Catatumbo ha hecho que los armados dominen los caminos, les cobren peajes, les hagan seguimientos que incluyen fotografías y hasta los despojen de la dotación entregada por la entidad de protección. El pasado viernes se conoció que el escolta Adolfo Mahecha fue interceptado por hombres del Eln que lo hicieron bajar del carro en el que se movilizaba. Luego los guerrilleros le quitaron su arma de dotación y se llevaron la camioneta blindada. Tres escoltas que hablaron con este diario aseveran que ese no fue ni será el único robode armas a gente de la entidad.
Más allá de las particularidades de cada departamento, la mayoría de los escoltas consultados concuerdan en que sus principales problemas son la gestión de los viáticos y la imposibilidad de hacerle frente a los grupos armados que delinquen en las áreas a las que fueron asignados. Sostienen que, en caso de viaje de sus protegidos, la UNP se demora entre 2 y 3 meses en pagarles los dineros gastados en hoteles y alimentación y casi nunca reintegran todo. De esta forma, aseguran ellos, “se vuelven prestamistas de la entidad” y tienen que aportar de sus propios bolsillos para continuar con las labores de protección de las personas a su cargo.
También agregan que en varios departamentos, debido a elecciones, muchos de ellos no han tenido descanso en más de cuatro meses. Los escoltas afirman que, como se intentó cubrir la mayor cantidad de solicitudes de esquemas en esta época, por petición presidencial, se tuvo que echar mano de los relevantes. Sin reemplazo, muchos no pudieron estar con sus familias en los cuatro días de descanso a los que tienen derecho por mes, lo que ha causado molestias sobre todo en los escoltas que no viven con sus seres queridos debido a que en las zonas en las que están asignados son de alta peligrosidad,
Pablo Elías González, director de la UNP, en diálogo con El Espectador aseguró que, frente a la creciente violencia en algunas regiones, la única medida que se puede tomar es una mayor “acción combinada de protección con Policía y Ejército”. Admitió que la entidad es débil a nivel rural frente a los actores armados, pues solo las Fuerzas Militares están diseñadas para confrontarlos. “La Unidad es un grupo de protección, nosotros no somos un grupo de contención (…) No podemos ponerles un escolta a los escoltas”, dijo González, quien señala que, en momentos extremos, la última garantía que tienen los escoltas es negarse a ir a zonas de alto peligro.
Sobre el tema de los automóviles, el alto funcionario se manifestó en un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, en septiembre pasado: “Ya no hay vehículos blindados en el país”, declaróen ese momento el director de la Unidad. González aceptó que el organismo estaba en emergencia frente al tema de los automotores: “Hay más de 4.000 vehículos rodando y en este momento , tenemos una emergencia, porque no hay vehículos blindados en el mercado para suministrarnos las rentadoras. Tratamos de hacer la mejor distribución posible de la logística que tenemos de hombres y vehículos blindados”.
Este diario consultó con fuentes del Ejército y Policía las medidas tomadas en conjunto con esquemas de protección para brindarles seguridad a los propios escoltas. Ambas fuerzas reconocieron que la principal estrategia a seguir es que los esquemas reporten sus recorridos y lugares a los que irán, para así darles recomendaciones y apoyo. Sin embargo, reconocieron la independencia que tienen los hombres de la UNP y la imposibilidad de brindarles un acompañamiento personalizado. No obstante, La Policía aseguró que en casos extremos incluso se han creado esquemas mixtos en los que los uniformados han asumido responsabilidad en la protección de los amenazados.
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