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Rafael Guarín es el consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Además de haber estado en el sonajero para posibles ministros de Defensa ante la renuncia de Guillermo Botero a esa cartera, es un hombre cercano al presidente Iván Duque. Incluso, se dice, es uno de los miembros del gabinete que más le habla al oído al primer mandatario tras haber sido viceministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe y estado en la mesa de concertación del Acuerdo de Paz tras la victoria del No en el plebiscito. En entrevista con El Espectador, se refirió a los desafíos en materia de orden público que afronta el país por todos los frentes.
Asimismo, Guarín habló del programa que coordina, por designación de Duque: “Zonas Futuro”. Con este proyecto, el gobierno busca implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo, pero no en los 170 municipios acordados en La Habana, sino en los 44 que tienen índices más críticos. Los municipios los agruparon, además, en cinco zonas: Catatumbo, Bajo Cauca, Arauca, Chibiriquete y Pacífico nariñense. Desde esta última, la zona futuro piloto, tras sobrevolar los cultivos de coca que rodean a Tumaco, sostiene que el problema en estas regiones son las condiciones que perpetúan los negocios ilícitos, y no tanto qué grupos los controlan.
¿Existe realmente una amenaza de infiltración internacional en el Paro Nacional que se viene, omo denunció el senador Uribe?
Migración Colombia expulsó recientemente a personas de otras nacionalidades que estarían vinculadas a actividades de agitación y, eventualmente, de promoción de la violencia en el marco de la protesta. Hay otras informaciones que son objeto de investigación. La protesta es un derecho de los colombianos, debemos garantizar que sea una fiesta democrática, pero solamente lo será si es el pleno ejercicio, con responsabilidad, de un derecho ciudadano sin violencia.
Al Cauca va a llegar una Fudra de 2.500 hombres en diciembre, ¿qué soluciones adicionales contempla el gobierno para la situación de seguridad del departamento?
El problema del norte del Cauca se llama narcotráfico. En 2015 existía la Fuerza de Tarea Apolo con más de 5.700 hombres solo en el norte del departamento. Cuando este gobierno llegó, había menos de 2.300 hombres asignados en el papel, y en la realidad era un número inferior. Ese debilitamiento de la presencia de Fuerza Pública contrasta con el aumento de los cultivos de coca: En cinco años se quintuplicaron las hectáreas sembradas. Si a eso se suma que no había una estrategia de presencia del Estado, ni coordinación con las autoridades indígenas, se facilita lo que ocurre hoy: Disputas entre grupos residuales de Farc, Eln y los Pelusos.
¿Cómo va la conversación con las autoridades indígenas para convencerlos de la alternativa de la carpa blanca?
Estamos insistiendo. Estamos dispuestos a respaldar la iniciativa del Defensor, pero también a crear otros mecanismos con las autoridades indígenas. Sabemos que en el norte del Cauca la seguridad requiere un trabajo con todos los sectores. El presidente Duque designó al consejero Miguel Ceballos para coordinar el plan social para el Cauca y, en mi caso, estoy atento para avanzar en otros mecanismos sobre la base de respetar a las autoridades indígenas. Yo fui el año pasado a Toribío. Llegué con escolta del Ejército hasta un punto que llaman El Palo, donde hay graves problemas de orden público. Es una zona muy difícil, uno saca la mano por la ventana y a lado y lado recoge hojas de coca y marihuana. Desde ese punto, y por 45 minutos, fui escoltado exclusivamente por la guardia indígena. Subí así para decirles que el gobierno cree, confía y reconoce esos modelos colectivos de seguridad.
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Si se relacionan las cifras de erradicación de cultivos de coca, con las de hectáreas de coca sembradas, estamos ante una resiembra altísima, ¿por qué desgastarse tanto en la erradicación forzada?
No hay una sola fórmula para atender el desafío que representan los cultivos ilícitos y, en general, las economías ilícitas. El gobierno tiene una caja de herramientas. Una de ellas, efectivamente, es la erradicación. Otra es el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos (PNIS). Esas herramientas se vienen armonizando al interior del gobierno y tienen como objetivo evitar la resiembra, pero también hay que generar las condiciones para una economía próspera que sustituya la ilegalidad.
La información sobre carteles mexicanos en el Cauca, y en general en el Pacífico, es muy contradictoria, ¿qué se sabe concretamente?
La información disponible señala que la presencia de carteles extranjeros en el país es a través de miembros de esas organizaciones que vienen como enlaces para la compra de clorhidrato de cocaína, a verificar la calidad del producto y lo pactado en el negocio ilícito y, en esa tarea, tienen relación con los grupos armados que controlan los cultivos aquí. No hay información de que en Cauca haya una estructura armada conformada por extranjeros bajo la dirección de un cartel extranjero.
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Este año, por primera vez, cayó la imagen de favorabilidad de las Fuerzas Militares. En un momento tan álgido de seguridad, ¿cómo mejorar la confianza de los colombianos en las instituciones que los defienden?
La fortaleza de la Fuerza Pública no reside tanto en las armas sino más bien en la legitimidad y en la confianza ciudadana. Cuando haya situaciones que comprometen la transparencia o el respeto de los derechos humanos (DD. HH.) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) las autoridades deben investigar y tomar las determinaciones que correspondan, garantizando el debido proceso. Pero si existen responsabilidades en corrupción y violación de derechos, el gobierno pide sanciones severas, las más altas, para los miembros de las Fuerzas Militares.
¿Cómo combatir la corrupción dentro de las Fuerzas Militares?
Con la aplicación rigurosa de la ley. Con el control eficaz del Congreso, con la vigilancia ciudadana, con la fiscalización que hacen en buena hora los medios de comunicación. En conjunto, debemos estar seguros de que no exista ningún acto de corrupción o situaciones que comprometan los derechos de los colombianos por actuaciones de la Fuerza Pública. Para nosotros es claro: cuando un militar viola derechos humanos no actúa como militar, sino como criminal.
Se dice que, durante el Ministerio de Guillermo Botero, usted era, en realidad, el ministro de Defensa, ¿qué responde?
No es cierto. Yo soy el consejero presidencial para la Seguridad y Guillermo Botero era el ministro de Defensa. Mi tarea es apoyar técnicamente al presidente en el diseño de políticas públicas en materia de defensa. Ahora continuaremos esa labor con el apoyo de un gran ministro, como es Carlos Holmes Trujillo.
¿Ya se reunió con el nuevo ministro?
Sí, ya hemos trabajado. Es un hombre con inmensas calidades, amplia experiencia, un estadista. Tiene claros los desafíos de seguridad, conoce las regiones, escucha, es respetuoso del Estado de derecho, tiene autoridad y el liderazgo que se necesita.
¿Por qué no aceptó ser ministro?
No, porque yo soy consejero. Y, realmente, nunca fui considerado para ser ministro de la Defensa. Eso fue una generosidad de algunos medios de comunicación y de sectores de opinión. Mi tarea es ayudar al presidente y eso voy a seguir haciendo.
El gobierno no reconoce la existencia de un conflicto armado interno, pero seguimos aplicando las normas del DIH, ¿cómo dirimir eso, que puede tener hasta incidencias jurídicas internacionales?
Los principios del DIH en Colombia, por mandato de la Constitución, son de vigencia permanente. No solamente en una situación de conflicto armado internacional o no internacional. Adicionalmente, la Ley 1908 establece los criterios para caracterizar los grupos armados organizados, y, junto a unas directivas del Ministerio, permiten el uso de la fuerza en el marco del DIH. Asimismo, el gobierno está empeñado en el cumplimiento del Acuerdo, en el marco de las políticas de paz con legalidad y de defensa y seguridad, que dan prelación a acelerar los PDET.
Se ha dicho que el bombardeo en Caquetá estuvo amparado por el DIH, pero fue dirigido a disidentes, criminales, según el gobierno, ¿no debería ser la Policía la que persiga a esas organizaciones y no el Ejército?
El uso de la fuerza en Colombia está reglado por el derecho internacional, por la Corte Constitucional y por manuales militares. Esos manuales están atravesados por normas de DIH y la doctrina del Ejército ha sido, incluso, revisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja para garantizar rigurosidad. El uso de la fuerza obedece a criterios objetivos con un fuerte fundamento jurídico, no al capricho del gobierno. Una de las lecciones de esta larga historia de violencia es que la legitimidad de las Fuerzas Militares depende del ser rigurosos en el uso de la fuerza.
¿Qué acciones se van a tomar para fortalecer el principio de precaución y que no suceda lo que pasó en el bombardeo en que murieron ocho niños?
Este gobierno ha dicho que el uso de la fuerza tiene que hacerse con observancia estricta del DIH y de la Constitución. Ese mensaje se repite todos los días desde el Ministerio de Defensa a la Fuerza Pública. Cuando el presidente autoriza una operación militar, el proceso militar de toma de decisiones que ha llevado a recomendarla ha cumplido todos los estándares de planeación. No hay una sola operación, menos una Beta de bombardeo como la de Caquetá, que no se planee conforme a ello. Tanto es así que, hace más de una década, los procesos de planeamiento militar los acompaña un asesor jurídico operacional, un componente esencial y definitivo.
Hay versiones que ponen en duda, incluso, que haya muerto Gildardo Cucho en ese operativo, ¿qué información tienen?
Sabemos que en la opinión pública se han generado inquietudes, pero como la Fiscalía y la Procuraduría están adelantando las investigaciones en el marco de su competencia, estamos seguros de que, con el pronunciamiento de estos organismos independientes, se aclararán las inquietudes.
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¿Cuáles son los objetivos de más alto valor para la Fuerza Pública en este momento?
Este gobierno va mucho más allá de neutralizar cabezas de estructuras criminales. Después de tres años de firmado el Acuerdo está claro que el problema no era tanto las Farc, como lo eran los cultivos de coca y las economías ilícitas. Hoy lo siguen siendo. Eso significa que la prioridad debe combinar la persecución de las cabezas de las organizaciones criminales y su desarticulación, pero también conseguir la disrupción de las economías ilícitas. El problema no eran las Farc, era la coca.
Hace unas semanas asesinaron al excombatiente Alexánder Parra dentro de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ¿cómo se explica que hayan matado a un exguerrillero en uno de los lugares con más custodia de la Fuerza Pública como son los ETCR?
Ese es un hecho deplorable. La vida, la protección y los derechos de los miembros de la Farc que se desmovilizaron son prioridad del gobierno. Venimos trabajando en medidas para fortalecer la protección de las personas que viven en los ETCR, pero también de exfarc en otras regiones. No conozco detalles de la investigación, pero para el gobierno y la Consejería, la seguridad de estas personas es fundamental porque la sociedad y el Estado debemos corresponder la confianza que los excombatientes de las Farc tuvieron al dejar las armas y rechazar la violencia.
Acaban de relamzar los PDET con el nombre de “Zonas Futuro”, ¿cómo les fue?
Es un trabajo muy interesante porque son las regiones que no conoce Colombia. Y son regiones con una enorme debilidad institucional, altísimos niveles de pobreza y marginamiento, aislamiento demográfico, debilidad del Estado para garantizar los derechos. Son regiones que demuestran que aquí no hemos terminado de construir la Nación y el Estado, que es uno de los principales problemas de nuestro país porque está asociado a factores de criminalidad, de seguridad y de estado democrático en el país. Entonces la idea es, precisamente, llevar el Estado a esas regiones.
¿Ya las conoce todas?
Claro. Todas las zonas las hemos recorrido. Lo que venimos haciendo en Bajo Cauca, en el Pacífico Nariñense, Catatumbo, Guaviare, Caquetá, Meta, Arauca es un trabajo en territorio. Nuestro trabajo es de bajo perfil, pero en terreno, donde trabajamos con las autoridades civiles, con la Agencia para la Renovación del Territorio, con la Consejería de Archila, con los ministerios. Pero visitando las zonas y hablando con las comunidades. Esto no se puede hacer desde Bogotá.
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