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La muerte de Dilan Cruz tiene conmocionada a Colombia. Tras ser herido por un proyectil lanzado por un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), durante una manifestación pacífica, el joven de 17 años falleció y se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de la protesta social que sacude al país desde hace una semana.
Del episodio que llevó a la muerte a Dilan hay muchos testigos. El momento fue captado en video y se desarrolló justo cuando el Esmad dispersaba las marchas que buscaban llegar al centro de Bogotá el sábado. Las imágenes muestran cómo, mientras el joven corría con otros manifestantes, un agente antidisturbios disparó directo a donde se encontraba, desde una distancia no menor a diez metros.
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“Estos hechos ocurren en el marco de un patrón de uso abusivo, innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública durante el paro nacional”, denunció el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, una de las varias organizaciones que han denunciado excesos por parte de la fuerza pública en Colombia durante el paro. Las autoridades, por su parte, lamentaron el hecho y afirmaron que investigarían lo ocurrido.
Lo cierto es que la muerte del joven colombiano ha abierto un fuerte debate en el país sobre la forma en que la fuerza pública debe reaccionar ante las manifestaciones sociales. Pero Colombia no es el único país en el que estas situaciones se han presentado. En el último año, a lo largo y ancho de América Latina se han denunciado excesos por parte de la fuerza pública, que han llamado la atención de importantes organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Una historia problemática
Históricamente América Latina ha sido una región en donde hay “una tradición represiva de las fuerzas del orden y seguridad”, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por ello, hace algunos años esta dependencia redactó un protocolo para la protesta social y los derechos humanos, cuyo objetivo es el de servir como “una guía o marco de referencia para los Estados en la regulación de la protesta y su actuación frente a la misma”. Esto, sin embargo, no significa que cada país tenga que cumplir este protocolo a cabalidad. Al no ser vinculante, cada Estado miembro de la ONU es libre en determinar cómo regular y actuar frente a las movilizaciones sociales. Eso explica por qué algunos países tienen protocolos internos más respetuosos con los derechos humanos que otros.
Antes de octubre era difícil predecir lo que ocurriría en Ecuador, Chile y Bolivia, los últimos tres países en tener estallidos sociales en la región. Las manifestaciones empezaron y con ellas llegaron las denuncias de excesos de fuerza por parte de las autoridades. Para Adam Isacson, director para la Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), efectivamente los hubo, y estos se deben a órdenes que reciben los policías y a un problema de fondo que subyace en las instituciones de cada país.
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El experto afirma a este diario que los líderes políticos y mandos policiales no están ordenando un uso mínimo de la fuerza: “En algunos casos (no sabemos cómo es en Colombia) el mensaje que viene de los mandos implica una expectativa del uso de violencia. Pero más aún, es un tema de capacitación y cultura de las mismas fuerzas. En años recientes ha habido avances en la capacitación de la Policía para escenarios de disturbios públicos, sobre la importancia del desescalamiento y del uso de fuerza como último recurso. Evidentemente, esos nuevos conocimientos no han llegado a ser parte de la capacitación de cuerpos como carabineros de Chile o el Esmad colombiano”.
La organización Human Rights Watch, de hecho, hizo un seguimiento dedicado a las protestas en Chile, las cuales empezaron el pasado 18 de octubre y, hasta el momento, han dejado más de veinte muertos y cerca de 2.000 heridos. “Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización. A las pocas horas el Gobierno nacional dio una semana a la Policía para que aclarara las presuntas violaciones.
El caso de Marlene Morales Canales fue uno de los que recolectó HRW en su investigación. Según cuenta la mujer de 33 años, el pasado 19 de octubre se acercó a un grupo de manifestantes cerca a su casa en Santiago, cuando sintió un fuerte impacto en el ojo derecho. Los carabineros, que según versión habrían estado a unos veinte metros de distancia, habrían disparado posteriormente gases lacrimógenos. “Perdí la visión inmediatamente. Había mucha sangre”, aseguró la mujer, a la cual los médicos que la atendieron le dijeron que no recuperará la visión por el ojo afectado.
En Chile, luego de que el presidente Sebastián Piñera aceptara que había habido mecanismos excesivos por parte de los carabineros, las fuerzas policiales retiraron de sus municiones los balines de goma y perdigones utilizados para controlar las protestas, luego de que la Universidad de Chile publicara un informe en el que se aseguraba que solo el 20 % de su composición era de goma. El resto, según el documento, es plomo, sílice y sulfato de bario. Por eso, a través de un comunicado, la institución afirmó que los materiales de venta no coincidían con los reales.
Algo similar ocurrió en Ecuador, cuando el presidente Lenín Moreno anunció una serie de medidas económicas que fueron fuertemente criticadas y provocó una masiva protesta social. El mandatario decretó el estado de excepción y los resultados fueron más denuncias de excesos. Según la Defensoría del Pueblo de ese país, durante los 10 días en el que estuvo vigente el estado de excepción se registraron 1,192 personas detenidas, ocho fallecidas en el contexto de las protestas y 1,340 heridas.
“El estado de emergencia no puede ser una excusa para reprimir violentamente el descontento de las personas sobre las medidas económicas que pueden poner en riesgo sus derechos”. Las prohibiciones generales sobre el tiempo permitido o el lugar de una manifestación son restricciones inadmisibles, porque evitan que las autoridades realicen una evaluación caso por caso de las circunstancias específicas de cada situación”, dijo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La misma organización aseguró a este diario que en este tipo de situaciones «solo se puede usar la fuerza contra quienes recurran a la violencia o pongan en peligro a otras personas e inclusive en esos casos, solo se debe usar la fuerza necesaria para lograr control de la situación. Asimismo, el mantenimiento del orden público interno y seguridad ciudadana deben estar principalmente reservados a los cuerpos policiales civiles y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, subordinaría y complementaria, regulada y fiscalizada».
«En Chile los militares otra vez están matando gente de nuevo»
Agregaron, además, que en su investigación lograron demostrar que durante las protestas se presentaron excesos de fuerza por parte de las autoridades. «En algunos casos, emplearon indiscriminadamente contra la multitud gases lacrimógenos y escopetas de perdigones, que afectaron también a niños y niñas, mujeres embarazadas y personas de avanzada edad o con discapacidades», señaló la organización.
Los disturbios en Bolivia también están bajo la lupa de los organismos internacionales. De hecho, el mismo día (15 de noviembre) que el gobierno interino de ese país aprobaba un decreto para otorgarle a las fuerzas militares facultades adicionales para controlar las protestas, nueve personas morían durante una manifestación en la ciudad de Cochabamba, durante fuertes enfrentamientos entre protestantes y fuerza pública.
Otro decreto expedido por la presidenta boliviana encargada, Jeanine Áñez, en el que moviliza a las fuerzas militares para “restablecer el orden interno y la estabilidad pública” fue duramente criticado por HRW. La organización aseguró que la medida se opone a los Principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues la medida “no distingue entre el uso de armas de fuego y su uso letal deliberado; es decir, la diferencia entre disparar y disparar con la intención de matar”.
Pero así como en estos países hubo estallidos este año, hay otros como Venezuela y Nicaragua en donde la situación en derechos humanos es crítica desde hace varios años y condenada no solo por otros países, sino también por organizaciones como la ONU, la Unión Europea y la OEA, entre otras.
En junio pasado, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) publicó un sustancioso informe en el que informaba que el gobierno de Nicolás Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes los critican”.
A medida que la crisis política, social y económica se fue agudizando, las manifestaciones contra el gobierno aumentaron en número e intensidad a partir de 2014. Pero así también aumentó la represión, de acuerdo con la Acnudh. De hecho, este año, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se han presentado cerca de 13.000 protestas en el país, que han dejado hasta el momento un número de 67 víctimas mortales.
Esta violencia en las protestas venezolanas, de acuerdo con la Acnudh, ha provenido en su mayoría por parte de las fuerzas militares y la policía venezolana, que hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones. Colectivos armados también recurrieron a la violencia contra manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves.
La situación en Nicaragua no dista mucho de la venezolana. A pesar de que el estallido social inició en abril del año pasado, el descontento con el gobierno de Daniel Ortega se sigue sintiendo en las calles. Sin embargo, varias organizaciones sociales han denunciado que este año la protesta ha sido particularmente restringida por agentes del Estado y colectivos paramilitares leales al sandinismo.
“La persistencia de un estado de excepción de hecho, impuesto por el gobierno desde finales de 2018, sigue violentando el derecho de los nicaragüenses a la protesta pacífica, el derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad individual”, afirma el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en su más reciente informe.
De acuerdo con la CIDH, desde abril del año pasado se han presentado 328 muertes, 24 de niñas, niños y adolescentes, y más de 150 personas han sido privadas de la libertad. Sin embargo, organizaciones sociales nicaragüenses aseguran que el número de detenciones supera los miles.
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¿Hay solución?
Expertos consultados por este diario aseguran que para contrarrestar esta tendencia en América Latina se necesita educar en derechos humanos a los agentes que vigilan las protestas, combatir la impunidad para quienes se exceden y cambiar la forma en que la Policía se relaciona con la ciudadanía.
Adam Isacson, de WOLA, asegura que “durante las protestas hay que empezar con advertencias claras, en vez de lanzar gases o proyectiles de una vez; comunicar claramente la intención de usar fuerza, incluso en casos extremos hacer disparos de advertencia; tratar de separar a los violentos de los pacíficos; no dejarse provocar por arengas e insultos, y privilegiar siempre el uso de fuerza no letal, usando las armas no letales de la manera en que fueran diseñadas”.
El analista estadounidense agrega que combatir la impunidad sobre los excesos también sería positivo, pues podría persuadir a los agentes policiales de evitar el uso de la fuerza. “Lo más importante es que haya investigaciones y juicios para castigar tanto a los policías que van más allá de sus órdenes como a los mandos que dan órdenes o crean condiciones que alientan estos desmanes. Hay que incrementar la probabilidad del castigo”, explica.
Sobre el caso colombiano, Carlos Martínez, miembro del Observatorio de Economía Internacional de la Universidad Nacional, considera que es necesario preparar a las fuerzas policiales para un presente y futuro en el posconflicto.
“Colombia ha preparado a las fuerzas policiales para un conflicto como el que hubo durante sesenta años, pero no ha habido suficiente modificación en las doctrinas que manejan tanto las Fuerzas Militares como las de Policía para manejar un ámbito en donde el tema de la seguridad humana es fundamental. Hay que modificar el lenguaje, porque la semiótica es la base de la paz o de la guerra”, asegura el profesor.
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