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La Unidad Nacional de Protección (UNP) atraviesa un momento difícil. Mientras afronta el asesinato de dos de sus escoltas en menos de 10 días (uno en Cauca y otro en Chocó), tendrá que lidiar también con la denuncia que presentó el sindicato Utunp el pasado 11 de octubre ante la Fiscalía y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por posibles irregularidades en el contrato que la UNP firmó con la Unión Temporal Esquema de Protección 20/20 el 10 de octubre de este año y cuyo objeto es prestar “servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la Unidad Nacional de Protección” en dos de las cinco zonas del país. De acuerdo con la organización sindical, había razones de peso para no seguir adelante.
Las irregularidades denunciadas tienen que ver con los contratos por proceso abreviado 903 y 905 de 2019, con los que se pactaron los servicios de escoltas para las zonas 2 (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés) y 4 (Santander, Norte de Santander, Meta, Casanare, Boyacá, Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés). Con ellos, que suman poco menos de $20.000 millones, se acordaron los servicios de 1.803 escoltas del 10 de octubre al 30 de junio de 2020. Al parecer, las inconsistencias se habrían presentado en relación con las armas declaradas para el contrato por las empresas integrantes de la unión temporal: Prosegur, Su Oportuno Servicio (S.O.S.) y Granadina de Vigilancia.
Según los denunciantes, en los listados de pistolas calibre 9 milímetros —armamento exigido en el contrato—, señaladas como disponibles por las tres compañías, se habrían colado al menos 12 que se encuentran en listados de armas reportadas por Fiscalía, Sijín y CTI desde 2017 como robadas o vinculadas a alguna investigación. En el caso de las robadas, las mismas compañías que conformaron la Unión Temporal reportaron la desaparición de las pistolas de sus almacenes. Aunque son casi 2.000 armas declaradas como disponibles, el manto de duda que recae sobre esta docena de elementos podría inhabilitar toda la propuesta.
Durante la fase de adjudicación, el sindicato Utunp señaló las posibles irregularidades respecto a las armas de la Unión Temporal Esquema de Protección 20/20. Esta respondió entonces que había presentado más de 100 armas por encima de lo exigido, por lo que la prestación del servicio no se vería afectada. Señaló que varias de las armas incautadas por las investigaciones fueron devueltas, aunque no especificó cuántas. La Unión Temporal informó de esa situación a la UNP el 7 de octubre. El contrato fue suscrito cuatro días después.
Este diario le preguntó a Pablo Elías González, director de la UNP, sobre las presuntas irregularidades. El alto funcionario aseguró que no tenía conocimiento de las objeciones presentadas y que todo se resumía en un conflicto de orden laboral. “Estamos en un conflicto colectivo y ellos (el sindicato) sacan cualquier cosa”, declaró. Asimismo, instó a la organización sindical a presentar todas las pruebas que tengan ante las autoridades.
El Espectador constató que esta no es la primera vez que la misma unión temporal declara, en procesos de adjudicación de la UNP, pistolas que no tendría que tener en su haber. En otro proceso de contratación llevado a cabo a principios de 2019, por más de $66.000 millones, incluyó las mismas armas que fueron denunciadas como robadas o aparecían en los listados de incautaciones de las autoridades judiciales. Simultáneamente, las armas siguen figurando en los listados generales que Indumil tiene de Prosegur y S.O.S.
Estos hechos cobran relevancia también debido a irregularidades en otros contratos celebrados entre la UNP y las empresas Prosegur y S.O.S. Ambas compañías de seguridad tienen contratos con la entidad de prestación de servicios de escoltas desde antes de 2012, a través del consorcio Unión Temporal Seguridad Integral. En estos contratos se les exige a las empresas que doten a sus escoltas armados o no armados con chalecos antibalas con las certificaciones IIIA, de la norma NIJ 0101.06 del National Institute of Justice. Sin embargo, pruebas de Indumil demostraron que varios de los chalecos comprados entre 2012 y 2018 por Seguridad Integral no cumplían con ese estándar básico de seguridad.
Las pruebas de diciembre de 2018 demostraron que, ante un ataque armado, los chalecos no resistían de acuerdo con el estándar e incluso dejaban heridas y lesiones en sus usuarios. Frente a estos hechos, Pablo Elías González, director de la entidad, respondió en su momento que la responsabilidad por las presuntas irregularidades de los chalecos era de la Unión Temporal Seguridad Integral. “Las empresas contratistas proveen de chalecos a los escoltas que son sus empleados”, señaló la cabeza del UNP, y añadió que los escoltas contratados directamente por la entidad y los protegidos sí contaban con los chalecos certificados y “han pasado pruebas como las practicadas en su momento por Indumil”.
Sobre este asunto, la Contraloría se pronunció y aseguró que no existía responsabilidad por parte de la Unidad Nacional de Protección frente a los chalecos que no cumplían los estándares de calidad. Además, el ente de control destacó que la UNP estaba llevando a cabo las actuaciones administrativas y disciplinarias para “determinar si existen méritos para iniciar procesos sancionatorios mientras que en lo disciplinario se orientan a verificar las acciones u omisiones de los funcionarios de la UNP en desarrollo de los procesos contractuales”.
Tan solo entre 2016 y 2018 se le otorgaron a ese consorcio cerca de 16 contratos para “la prestación de servicios para la provisión, implementación y operación de hombres y mujeres de protección” que suman poco menos de $35.000 millones. Falta que se determine si los chalecos entregados fueron los mismos que quedaron en duda tras las pruebas de Indumil. Si se suma el dinero adjudicado en las cuatro contrataciones de 2019 con el de años anteriores, serían más de $119.000 millones entregados a estas cuestionadas empresas.
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