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A lo largo de tres años, la periodista Jineth Bedoya Lima denunció constantemente que la Fiscalía no estaba cumpliendo con la orden que impartió en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en la que le ordenó al Estado colombiano investigar y sancionar a quienes la han amenazado de muerte desde mayo del 2.000, cuando fue víctima de crímenes secuestro y abuso sexual por parte de paramilitares en la cárcel La Modelo de Bogotá. Este viernes, y producto del incumplimiento de la Fiscalía de investigar estos hechos y de la revictimización que ha sufrido, la también activista por los derechos de la mujer decidió renunciar a esa medida de reparación.
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El caso se remonta al 25 de mayo del año 2000. Ese día, la periodista por órdenes de paramilitares, y en alianza con agentes del Estado, fue secuestrada a las afueras de la cárcel La Modelo en Bogotá y, por aproximadamente 10 horas, fue sometida a agresiones verbales y físicas, entre ellas, fue abusada sexualmente por parte de varios de los secuestradores. Por esos hechos, el 26 de agosto de 2021 el alto tribunal internacional dictó una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de “los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de la periodista”.
Adicionalmente, la Corte dijo que el Estado fue también responsable de “la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones realizadas sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable”. Producto de lo anterior, el tribunal internacional ordenó varias medidas de reparación, entre ellas la financiación de la campaña de denuncia de Bedoya llamada “No es hora de callar” —que actualmente se publica en el diario El Tiempo—, impulsar investigaciones judiciales para establecer quiénes estuvieron detrás de lo ocurrido y que Colombia investigue y sancione a quienes la han amenazado de muerte desde mayo del 2.000.
Es, precisamente, sobre este último punto, que la periodista encontró una respuesta desolador por parte del Estado, lo que la llevó a renunciar a su victoria. “Tras la inoperancia de la Fiscalía y a la revictimización a la que me han sometido, sobre todo en los dos últimos años, en los que no vemos líneas de investigación sobre las amenazas, he tomado la decisión de desistir de las investigaciones, porque no tienen ni la voluntad de investigar, ni tienen una línea de investigación, ni tienen el proceso de investigar y sacar adelante el propósito de quienes son las personas que están detrás de estas amenazas “, dijo Bedoya Lima en la tarde de este viernes.
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¿Qué fue lo que se le pidió a la Fiscalía?
El fallo de la Corte IDH dice que luego de los hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000, Jineth Bedoya Lima siguió recibiendo amenazas debido al ejercicio de su profesión como periodista. En enero de 2002, cuando trabajaba en el periódico El Tiempo, recibió correos y llamadas amenazantes junto con otros periodistas de ese medio. Además, fue secuestrada nuevamente el 18 de agosto de 2003, junto con su equipo periodístico durante cinco días, por la hoy extinta guerrilla de las FARC.
La violencia contra la periodista no paró allí. En noviembre de 2010, después de publicar su libro titulado “Vida y Muerte del Mono Jojoy”, Bedoya volvió a recibir amenazas que, según organismos de seguridad y de inteligencia del Estado, provenían de las FARC, lo que la obligó a salir del país. Sin embargo, las amenazas continuaron a través de mensajes de WhatsApp y llamadas desde Colombia y desde el extranjero, aun cuando regresó al país. En su más reciente visita a Colombia, la Corte IDH agregó que la periodista presentó denuncias sobre estos hechos, pero que las investigaciones fueron archivadas o están en investigación.
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Aunque la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la decisión de la periodista, en ocasiones anteriores ha dicho que no ha incumplido la sentencia del fallo de la corte IDH, especialmente en relación con los autores materiales por los hechos de secuestro y abuso que vivió. En octubre de 2022, y luego de una protesta que hizo Bedoya frente a la sede del ente acusador en Bogotá, la Fiscalía emitió un comunicado en el que precisó que se han condenado a tres de los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, el 18 de marzo de 2016; Alejandro Orozco Cárdenas, alias JJ; y Jesús Emiro Pereira, alias Huevo Pisca, el 6 de mayo de 2019. Por su parte, el guardián activo del Inpec, Marco Javier Morantes Pico, está en juicio.
¿Qué ha pasado con las otras medidas de reparación?
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) dijo a El Espectador que, “han transcurrido dos años desde la sentencia y no había avances significativos”. Por ejemplo, a Colombia se le ordenó crear un centro de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo. El “Centro Investigativo No Es Hora de Callar”. Sin embargo, aunque el alto Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó el centro en mayo pasado, en el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, recién hasta el pasado 4 de octubre la Presidencia emitió la resolución que le da vida.
Aunque el país tenía 18 meses para crear el “Centro Investigativo No Es Hora de Callar”, le tomó más de 24 meses. “El referido centro deberá contar con una partida presupuestaria suficiente de al menos USD$200,000.00 anuales para garantizar su funcionamiento y el desarrollo de las diversas actividades”, se lee en la sentencia de la Corte IDH. Además, deberá presentar “exposiciones permanentes sobre la labor de la señora Bedoya como periodista y defensora de derechos humanos y derechos de las mujeres, garantizando su preservación hacia el futuro” y “exposiciones temporales sobre casos o temas de violencia contra las mujeres y periodismo de fechas posteriores y de la actualidad”.
El Espectador supo de fuentes cercanas al proceso de la Corte IDH que el Estado sí ha pagado las indemnizaciones ordenadas, pero tiene deudas en las medidas estructurales. Por ejemplo, aunque es una medida que está avanzada, pero que debió cumplirse hace más de un año, Colombia debía contar con un “un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas”.
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