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A partir de este sábado solo restan 15 días para que el país vaya a urnas y, a través del voto, se reconfigure el mapa de poder regional en unos comicios marcados por las alertas de violencia -hay 143 municipios con alto riesgo-, pistas sobre posible fraude electoral y participación indebida en política -más de 600 funcionarios públicos están denunciados- y, entre otros factores, con el fantasma de presuntos conflictos de intereses por la forma en que algunos candidatos que aspiran a repetir cargo les dieron manejo a procesos de contratación con financiadores de sus campañas.
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Y no es un tema menor. Hace un par de meses la Procuraduría sacó de su cargo al entonces gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, quien también fue inhabilitado por ocho años para aspirar a cargos de elección popular, por entregarle un contrato de más de $1.700 millones a una persona que financió su campaña en 2019.
Lo que sucede es que la ley establece que un aportante o financiador de un candidato no puede aportar más del 2 % del costo total de la campaña para no inhabilitarse después para contratar con la jurisdicción regional de quien le haya inyectado recursos. Y aunque como en el caso de Vichada los topes que se establecen para no romper la regla suelen pasarse por cifras no muy abultadas, el hecho de que sobrepasen se convierte en un lío judicial que tiene consecuencias disciplinarias.
Por eso, como también se ha visto en varias campañas, se acude a la figura de préstamos o créditos por parte de personas naturales, que no tienen las restricciones de las donaciones, con lo cual quien entrega su dinero a un aspirante bajo esas figuras puede terminar con contratos públicos, incluso multimillonarios, sin que se gesten conflictos o enredos jurídicos que deriven en sanciones.
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Todo esto, sumado a los esguinces que se hacen con la financiación digital de pauta electoral, que como lo documentó El Espectador sirve para evadir los reportes sobre gastos de campaña, encendió varias alertas por las que se tienen los reflectores puestos sobre los comicios, en general, y en torno a algunos candidatos, en particular.
Sandra Ximena Martínez, de Transparencia por Colombia, advirtió que se requieren con urgencia medidas que garanticen la transparencia en el uso de recursos. “Lo que hemos propuesto es que en la plataforma de contratación del Secop se incluya una casilla, para los que se postulan a contratos, que les obligue a declarar si fueron o no financiadores de una campaña política que pueda beneficiarlos de ese contrato. Es una manera de hacer un primer filtro de control y veeduría social, pero esa opción no existe y, por ende, los contratistas que aportaron dinero a campañas pasan inadvertidos”, precisó.
Estos vacíos fueron detectados en el llamado Estatuto Anticorrupción, que tampoco obliga a que los mandatarios regionales actualicen de forma periódica sus declaraciones de conflicto de intereses para saber con quiénes podrían o no contratar los recursos públicos que manejan y hasta qué topes. Esto, por el contrario, sí lo hacen a nivel del Gobierno Nacional y los congresistas.
“No es posible saber si están beneficiando a sus financiadores, porque ni siquiera actualizan los documentos”, agregó Martínez en referencia al esguince que hacen desde gobernaciones y alcaldías.
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Una de las propuestas que se han hecho, pero que aún no prospera, es que al menos se establezcan canales para cruzar información entre el Consejo Nacional Electoral y la DIAN, para saber si quien financia una campaña tienen empresas o firmas que gocen de algún tipo de contratación pública. O al revés, para que cuando un alcalde o gobernador destine recursos públicos se vea obligado a decir con trasparencia si el beneficiario fue o no su financiador.
Pero, en paralelo, hay otras alertas. En efecto, el registrador Nacional, Alexander Vega, advirtió que debido a las alertas de posibles actos violentos y lo que ello implica para el libre ejercicio del voto en varias regiones se actualizó el mapa de municipios en riesgo y se elevó el número a 143.
Sobre ellos, de acuerdo con el funcionario, habrá especial vigilancia este 29 de octubre y serán priorizados a la hora de desplegar los más de 300.000 uniformados de todas las fuerzas que cuidarán los comicios regionales.
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A todo esto se le debe sumar que la Procuraduría de Margarita Cabello advirtió esta misma semana que ya tienen más de 2.130 quejas electorales, que se han cruzado con otros organismos judiciales y el Ministerio del Interior, en cabeza de Luis Fernando Velasco, para asegurar que no generen riesgo en las votaciones.
Cabello agregó que “375 de estas quejas son contra funcionarios públicos, 337 contra funcionarios de elección popular, 75 contra miembros de la Registraduría y 9 de la Organización Electoral”.
En este contexto, El Espectador se dio a la tarea de analizar qué candidatos podrían estar incursos en algunas de estas problemáticas que se vienen advirtiendo en las últimas semanas y encontró que hay al menos seis casos de personas que aspiran a ocupar vía reelección un cargo este 29 de octubre y que en alguno de sus pasos anteriores por la administración pública dejaron algún tipo de rastro que las autoridades verifican. Las publicaciones se realizarán a partir de este sábado hasta el lunes en la edición digital del diario y se unificarán en un completo informe en la versión impresa de este domingo.
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