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Para nadie es un secreto el poder de la familia Ballesteros en La Guajira. Su jefe, el dos veces gobernador y también senador Jorge Eliécer Ballesteros Bernier, sigue liderando las contiendas políticas en el departamento y se sabe que llevó a su hijo José María, a quedarse con la Gobernación en 2014 cuando reemplazó al entonces suspendido Kiko Gómez. Para nadie es un secreto tampoco que su gestión terminó enredada. Esta semana se conoció la sentencia en la que la Corte Suprema de Justicia condensó las pruebas para condenarlo a 15 años de cárcel por haberse llevado una «tajada» en un convenio de ciencia y tecnología que costó más de $17.000 millones.
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En ese documento de 214 páginas, el alto tribunal detalló que quien intermedió para que el pago se realizara fue precisamente su padre, Ballesteros Bernier. Por lo menos tres testigos diferentes le relataron a los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema que, por un lado, todos los temas de salud de la Gobernación pasaban por el visto nuevo del cacique electoral y que, por el caso por el que fue condenado su hijo, él fue quien preguntó por primera vez de cuánto iba a ser el porcentaje que iba a desviarse para que llegara a los bolsillos de su familiar.
Por lo menos tres testigos coincidieron en que la petición se hizo en durante una reunión a la que asistió el mismo excongresista del Partido de la U. La cita se realizó en la Casa de Gobierno de la gobernación y fue organizado por el mismo Ballesteros Bernier sin que, según la Fiscalía, tuviera ninguna potestad para hacerlo pues no tenía nada que ver con la administración del departamento. Hasta allí llegó, por ejemplo, Boris Corrales, el coestructurador del proyecto del que salió el dinero del entramado de corrupción, y también Eduardo José Sierra Gutiérrez, otra persona cercana a Corrales. Aunque ninguno coincidió con la fecha, la Corte señaló que eso no era un argumento para desestimar sus testimonios.
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El primero le contó al alto tribunal los pormenores del encuentro. Explicó que antes de hablar de cualquier cosa, el exsenador les pidió a los asistentes que quitaran las baterías de sus teléfonos para evitar inconvenientes y los pusieran en una mesa. Con la orden cumplida, entraron en materia. Primero le explicaron de qué se trataba de un convenio especial de cooperación científica y tecnológica para hacer una investigación «sobre determinantes de la carga del dengue e intervenciones para su reducción» y que Olfis (Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud) era el grupo elegido para quedarse con el proyecto y la garantía de que así podrían desviar el dinero.
Después de tener los detalles claros, Ballesteros Bernier les contó que había consultado quiénes eran los de Olfis y, aclaró desde ese momento, que se trataba de una empresa de papel. Sin embargo, preguntó: “¿Cómo vamos? ¿Para el gobernador qué?”. Ante la pregunta del exsenador, Boris Corrales le contestó que no había de dónde sacar dinero, pero lo hizo solo para tantear la respuesta de su interlocutor. Le aclaró que solo podía darle $600 millones. Según el testigo, el exgobernador sonrío y de frente les pidió que le dieran “$2 mil millones de la nómina”. Ballesteros acabó la reunión diciendo que iba a hablar con su hijo, no sin antes advertirles que era él quien manejaba el tema de salud en el departamento.
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Varios testigos que escuchó la Corte Suprema de Justicia corroboraron que era Ballesteros padre el encargado de estos temas y que asistió a varias reuniones de la Gobernación sin saberse en calidad de qué. Todos asintieron ante la pregunta de si los encuentros era para tratar temas de salud. El exgobernador ya condenado le explicó a los magistrados que su relación con su padre es cercana y que en muchas ocasiones escuchó sus opiniones o consejos pues, no solo lo ve como una figura de autoridad, sino que valora sus palabras por sus más de 30 años de experiencia en el sector público y en el de salud.
Ballesteros Barnier es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia, y además tiene una maestría en Administración de Salud de la Universidad Javeriana. Fue gobernador de La Guajira en 1994, y repitió periodo en 2003. Fue además representante a la Cámara entre 1990 y 1992 y en su hoja de vida se destacan tareas como ser el fundador de la Liga de Lucha contra el Cáncer y el Centro de Estudios Nueva Guajira. Además, fue senador, por el Partido de la U, entre 2006 y 2014, y su carrera política incluye cargos como el de concejal y alcalde de Riohacha (La Guajira).
Eduardo José Sierra Gutiérrez también le habló a la Fiscalía y a la Corte Suprema sobre esta reunión. Según su memoria, el encuentro tuvo lugar un mes antes de firmar el convenio, es decir entre finales de agosto e inicios de septiembre. El ente investigador le entregó este tesimonio y el de Corrales al alto tribunal y ambos fueron tenidos en cuenta en el fallo, en donde se aclaró que ambos coincidieron en los detalles como el de las pilas del celular y en la risa del exgobernador. Además, reconoció la Corte, ambos le advirtieron a Ballesteros que tenía que tener en cuenta que este no era un contrato para construir un puente, sino que era un tema de ciencia y había que ajustarlo, lo que les impedía “sacar” más de $600 millones.
El exsenador Ballesteros, lejos de negar el encuentro, reconoció que sí se dio. Que el lugar de la reunión no tenía ninguna tacha pues allí trabajaba no solo su hijo sino también su esposa, y solía visitarlo con frecuencia. Aceptó también que en algunas veces le daba sus opiniones a su hijo, pero era problema de él si las aceptaba o no. Aunque confirmó la cita, no le dijo nada a las autoridades sobre los temas allí tratados. Aparte de estos testimonios, la Corte además citó en su fallo otros “incidentes” que enfrentaron quienes conocieron de la reunión en la qe Ballesteros padre habría pedido la “mordida” para Bastelleros hijo.
De acuerdo con el documento, para agosto de 2017 uno de los testigos del caso cumplió una cita que le puso la Fiscalía para que le contara detalles del convenio en cuestió. Se trataba de Eduardo José Sierra Gutiérrez quien sin mediar más razones, le contó al ente investigador sobre la reunión con Ballesteros Bernier porque, según él, quería que “se supiera la verdad del caso”. Su colaboración con las autoridades tuvo repercusiones. Según relató, hombres sospechosos visitaron varias veces su lugar de residencia y, en una ocasción, un hombre se bajó de la camioneta de vidrios oscuros y le preguntó a su hijo dónde estaba su papás.
Personas cercanas al caso también se acercarona Sierra Gutiérrez para pedirle que se retractara, que no le convenía estar hablando de los Ballesteros y que no quería tener problemas con ellos. Su situación se recrudeció cuando, después de cumplir su cita con la Fiscalía, su declaración fue filtrada a medios de comunicación de Barranquilla y en evidencia quedó lo que había dicho. Fue ahí cuando le pidieron que se reuniera con el exsenador a lo que el respondió que no pues no tenía nada que aclarar sobre lo dicho en el ente investigador porque todos sabían que era cierto.
Refirió que su declaración ya estaba en poder de la Fiscalía y ya no iba a decir nada más. Que no le daba la cara (a Ballesteros) “porque le daba miedo pues La Guajira es un departamento pequeño y allá todo el mundo sabe cómo son las cosas, se sabe quién es ‘fuerte, pesado, duro’ y por ello no le iba a poner en pelear con Ballesteros, no tenía ni siquiera cómo darle la cara”, dice la sentencia. Pese a recopilar los testimonios y darles toda la veracidad, la Corte Suprema no apuntó ni una sola palabra sobre la responsabilidad del excongresista en el entramado de corrupción que llevó a su hijo a la cárcel.
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