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Seis cabañas, que eran utilizadas como restaurantes para turistas y a su vez servían de hogar para habitantes de la zona, fueron consumidas por las llamas el pasado 3 de febrero en Playa Blanca, en la Isla de Barú (Cartagena) en un incendio de grandes proporciones que se convirtió en el tercero que ocurre en la zona en menos de dos años. Doce familias resultaron afectadas. Se trata de un problema de vieja data sobre el que volvió a insistir esta semana la Procuraduría, que ya había alertado sobre la prohibición de construir edificaciones en esa zona y la necesidad de que desde el Distrito se tomen medidas inmediatas para que no vuelvan a ser levantadas.
Por su parte, los miembros del Consejo Comunitario de Playa Blanca, representantes de los habitantes del sector, aseguran que la intervención de las autoridades locales no soluciona el problema, principalmente por “falta de imparcialidad”, aseguró José Miranda, representante legal de la institución. La Procuraduría señala que las administraciones de la ciudad desde 2012 hasta ahora carecen de liderazgo y articulación con las demás autoridades para resolver el problema.
La península de Barú, a la que se llega desde Cartagena en lancha desde el Centro Histórico, o por el puente Campo Elías Terán, hace parte de las 120.000 hectáreas que conforman el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo. De acuerdo con Parques Nacionales Naturales, allí se encuentran las formaciones de arrecifes continentales más importantes de Colombia. Esta es la razón principal para que el ecosistema de Playa Blanca, que recibió entre diciembre de 2019 y enero de 2020 un promedio de 4.000 turistas diarios, sea protegido. La Procuraduría advirtió, igual que la Corporación Regional del Canal del Dique (Cardique), que en la zona el turismo es mal manejado y causa graves deterioros al balneario.
El problema principal y más visible, argumenta la Procuraduría y lo confirman desde la Secretaría del Interior, es que la construcción de edificaciones en la playa, por ser una zona de bajamar, está prohibida. La Dirección General Marítima (DIMAR) reportó en 2016 la construcción irregular en el litoral, momento en el que también se verificó que había erosión costera y disminución del terreno del balneario. Tres años más tarde, reportaron la construcción de 194 obras en la playa en 69.525 metros cuadrados. En la actualidad, según datos de la Procuraduría, los 3,5 kilómetros que conforman el balneario de Playa Blanca están llenos de construcciones.
José Miranda argumenta que la comunidad no tiene otra opción que volver a construir las cabañas que fueron afectadas por el incendio del 3 de febrero. Lo mismo pasó tras el incendio provocado en octubre de 2020, en el que diez de estas fueron afectadas. Desde ese momento, la Procuraduría activó las alarmas y pidió al Distrito ser eficiente con la protección de los derechos de los habitantes de Playa Blanca. Sobre el incendio pasado, Miranda cuenta que la comunidad encontró “a las cuatro personas que causaron el incendio y las entregamos a las autoridades. Para ese entonces ya habíamos recibido amenazas desde números desconocidos a nuestros celulares”. Aunque se desconocen las causas de este nuevo incendio, Miranda y otros miembros del Consejo no descartan que también hubiera sido provocado.
“Nosotros vivimos aquí y comemos gracias al turismo. También protegemos el medioambiente y hemos pedido en varias ocasiones a las autoridades que nos ayuden con el acueducto y el servicio de basuras, que son los elementos que necesitamos para seguir protegiendo Playa Blanca”, dijo Miranda. Otra de las preocupaciones de las autoridades es la tala de manglares en la zona. David Múnera, secretario del Interior, tras la orden de la Procuraduría de impedir nuevas construcciones, aseguró que los nativos usan el manglar de Playa Blanca para construir “muchos de estos negocios”, agregó que esto causa un daño enorme al medioambiente.
Una opinión diferente tiene Maiker Girado, líder del comité ambiental suscrito al Consejo Comunitario: “Múnera no tiene idea de Playa Blanca y que diga eso nos indigna. En la zona ni siquiera existe el tipo de mangle (colorado) para construir. Nosotros trabajamos con la empresa Logran Distribuidora Saludable, de Ibagué, que nos dona árboles y tiene programas para sembrar mangle y uvita de playa”.
Pese a los argumentos del Distrito y de miembros del Consejo, en Playa Blanca sí hay afectación del medioambiente. Así lo corroboró Cardique, que asegura tener en curso procesos sancionatorios por afectaciones a cuerpos de agua. “Se ha requerido a la administración y a los habitantes de Playa Blanca por el mal manejo de las aguas residuales domésticas, producto de la actividad turística de la zona”, dijo Angelo Bacci, director de la corporación. El funcionario aseguró que en las lagunas internas del área protegida hay deterioro por vertimientos no autorizados. “Aún no se evidencia que estos estén llegando al área marina”, puntualizó.
El Distrito asegura que están trabajando con la comunidad para resolver el problema, pero hay desconfianza por parte de la comunidad. Miranda explica que desde 2005 se sienten abandonados por las autoridades, ya que, insiste el líder raizal, no se ha resuelto la falta de servicios básicos como el agua y la recolección de residuos en Playa Blanca.
Ahora la deuda del Distrito es crear un plan de acción que permita, como explicó Olga Patín, procuradora de asuntos ambientales en una carta enviada a la Alcaldía, recuperar las áreas de bajamar “indebidamente ocupadas en Playa Blanca”. En oficios de la Procuraduría General de la Nación se documentó que, desde 2016 hasta la actualidad, diferentes administraciones pactaron en mesas de trabajo la realización de dicho plan sin que ninguna lo llevara a cabo. Por ahora, la Secretaría del Interior informó que envió oficios a las autoridades que tienen influencia en la zona para que se impida la tala de manglares y la construcción en zonas de bajamar.