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La Contraloría General de la República adelanta 716 procesos de responsabilidad fiscal en el sector de educación, en todo el país, por una cuantía estimada en 934 mil millones de pesos. De estos procesos, 672 son ordinarios y 44 verbales.
Estos procesos “se han abierto por denuncias e irregularidades relacionadas con temas como los «niños fantasmas», infraestructura, cobertura, financiación, entre otros”, indicó la vicecontralora Ligia Helena Borrero, quien habló del tema al intervenir este jueves en un debate convocado por el senador Alexander López Maya en la Comisión Sexta del Senado.
Los procesos están distribuidos de la siguiente manera:
Las gerencias departamentales colegiadas llevan procesos por $520 mil millones
Magdalena ($394.000 millones)
La Guajira ($41.000 millones)
Casanare ($14 mil millones)
Risaralda ($10 mil millones)
La Unidad de Investigaciones Fiscales contra la Corrupción lleva procesos por casi $340 mil millones
La Contraloría Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales lleva procesos por casi $54 mil millones
La Contraloría Auxiliar para el Sistema de Regalías lleva procesos por casi $19 mil millones
Según el ente de control, se ha logrado obtener importantes beneficios luego de que se comenzará a buscar la depuración de las bases del Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT). Dichas auditorías a megacolegios del Atlántico, Bolívar, Caquetá y Norte de Santander permitieron detectar 12 hallazgos fiscales por $12 mil millones y produjeron beneficios por $2 mil millones. Las gerencias departamentales colegiadas de la CGR han realizado embargos por $1.234 millones.
La Contraloría hizo un llamado de atención especial por el caso de Cali, donde se adelanta una Actuación Especial sobre la contratación para la prestación del servicio educativo. Ya se han encontrado inconsistencias en el registro SIMAT de la Secretaría de Educación de Cali desde 2011 hasta julio del presente año. “Se encontraron alumnos registrados en el SIMAT de Cali 2012-2013 con dirección de residencia en otros departamentos”, añadió.
La vicecontralora Ligia Helena Borrero aprovechó el escenario para criticar las malas prácticas que subsisten en el sector educación a nivel nacional, entre ellas mencionó:
-El ocultamiento del fenómeno de deserción (estadísticas de cobertura por encima de lo real).
-Alumnos en SIMAT inexistentes, desertores, migrantes o trasladados para elevar la matrícula oficial, base de la distribución de los recursos del SGP.
-Planta docente inequitativa o ineficientemente distribuida en la zona rural y urbana; docentes inexistentes, fallecidos o sin carga asociada con el servicio público educativo.
-Debilidades en los mecanismos de control interno a la gestión de recursos (estadísticas de cobertura por encima de la real).
-Sobrecostos
-Falta de supervisión y control.
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