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El 26 de agosto de 2007, los hermanos Luis Ferney y Jorge Luis García Gómez recibieron una oferta para trabajar fuera de Manizales, donde vivían. Sin oportunidades labores, aceptaron. Desconocidos los recogieron en una camioneta y nunca volvieron. Al día siguiente, sus familiares recibieron la peor noticia: que habían muerto en un supuesto combate con el Ejército cerca a la vereda Santa Ana. Fue una mentira. El Consejo de Estado condenó a la Nación por estos crímenes, al determinar que fue un caso más del capítulo de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en el país, que en este caso involucra a dos altos oficiales.
Para el momento, el Batallón de Infantería No. 22 “Batalla Ayacucho” del Ejército dijo que se encontró a los hermanos en la vía, que respondieron con fuego cuando se les pidió identificarse y que se les encontraron dos armas y un proyectil. Fueron presentados, falsamente, como miembros del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas que tenía a Caldas como eje de sus crímenes. Aunque sus familiares presentaron la respectiva denuncia, tuvieron que desplazarse de la región, según dijeron a las autoridades, por temor a represalias. Las pesquisas judiciales llegaron, no obstante, hasta Carlos Alberto Ayala Pacheco y Robinson González del Río, entonces mayores del Ejército Nacional.
Sus nombres no pasan desapercibidos. Ayala Pacheco fue comandante del Gaula del Ejército Nacional, y recibió una condena de 50 años de prisión por estas muertes, en una sentencia que fue confirmada en junio de 2017 por el Tribunal Superior de Manizales. El principal testigo en su contra fue Robinson González del Río, quien escaló hasta ser coronel en la institución, y que se ha convertido en protagonista ante los estrados judiciales que llevan diversos casos de “falsos positivos”. Hoy está condenado por al menos 46 casos en Antioquia y Caldas, aunque ha reconocido su responsabilidad en múltiples crímenes y ha “echado al agua” a varios de sus superiores, entre ellos al excomandante del Ejército, general Mario Montoya.
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En entrevista rendida en 2014 a Noticias RCN, por ejemplo, soltó una frase que caló en los colombianos. Según su versión, Montoya dijo: “Yo no quiero regueros de sangre. Quiero ríos de sangre”. El general retirado le respondió casi de inmediato, negando todo, y advirtiendo que nunca tuvo bajo su mando a González del Rio. Este último, no obstante, ahora está libre y en la Jurisdicción Especial para la Paz se ha reafirmado. Según su versión libre, que se hizo pública en junio de este año, “el general Montoya era el que más presionaba por resultados. Era el que más exigía ‘muertes en combate’, como las llamaba. Para él, los resultados operacionales no eran sino muertos”, señaló el exoficial en la versión publicada por Semana.
La verdad que entregue Robinson González del Río a la JEP es parte de un proceso que todavía está en marcha, pero en la justicia ordinaria el coronel retirado también ha hablado. En el caso de los hermanos Luis Ferney y Jorge Luis García Gómez, el coronel en retiro aceptó los cargos ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en 2016, hecho que fue fundamental para que el Consejo de Estado determinara la responsabilidad de la Nación en estas dos muertes y condenara al Ejército por faltas administrativas, en una sentencia conocida por este diario que, además, ordenó realizar un acto de perdón a la familia de las víctimas y una indemnización.
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Aunque en el expediente no hay registro que la pena de 30 años impuesta a Robinson González del Río por las muertes de 32 jóvenes esté en firme (fue revocada vía tutela), para la justicia administrativa que el oficial haya aceptado cargos no es un hecho menor que se pueda desconocer. “De ahí que, entre los años 2007 y 2008, miembros del Ejército Nacional adelantaron operativos en diferentes regiones del país simulando combates con grupos armados ilegales, durante los cuales asesinaron a 32 civiles, entre ellos, a los citados hermanos Luis Ferney y Jorge Luis García Gómez”, precisó el Consejo de Estado.
Al mando y como responsable de autorizar los “operativos” estaba Robinson González del Rio, mayor del batallón Contraguerrillas 57 “Mártires de Puerres”, quien según los expedientes, fue quien suscribió la orden de operación 028 Atenas con la que se justificó la ejecución de Jorge Luis y Luis Ferney García Gómez. El fallo del Consejo de Estado además tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Manizales del 25 de mayo de 2017 que confirmó la pena de 50 años de prisión impuesta al coronel Carlos Ayala Pacheco, quien “aceptó agregar una de sus unidades pertenecientes al Gaula Risaralda, al batallón de Contraguerrilla 57 (el del González del Rio) con el fin de se ejecutara la conducta punible”.
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Teniendo en cuenta pronunciamientos de organizaciones sociales y de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que reportaron el incremento de ejecuciones extrajudiciales en 2016, el alto tribunal también acreditó que no se pudieron aportar datos por parte del Ejército de que el 27 de agosto de 2007 se haya presentado en la vereda Santa Ana de Manizales un operativo militar. Con ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez, el Consejo de Estado condenó a la Nación por “uso de la fuerza de forma arbitraria e ilegítima, contraria a la misión constitucional de proteger la vida de los residentes en Colombia”.
“Se trató de una conducta generalizada que realizaron varios batallones del Ejército Nacional durante el 2007 y el 2008 en varias regiones del país, como lo comprobó el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, ante quien el responsable de suscribir las falsas operaciones se allanó a los cargos”. Además del reconocimiento de responsabilidad, que deberá hacerse el 27 de agosto de 2020, con presencia del Ministro de Defensa y del comandante del Ejército, se ordenó a la institución a divulgar la decisión. Según el informe que la Fiscalía entregó a la JEP en junio de 2018, entre 1988 y 2014 hubo 2.248 víctimas de “falsos positivos”. Informes de organizaciones y las Naciones Unidas hablan de un universo de entre 3.000 y 5.000.
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