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Estados Unidos inició una intervención militar en Venezuela señalando que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serían integrantes de una red de narcotráfico. En la imputación de cargos con la que el país norteamericano capturó al mandatario en la madrugada del 3 de enero de 2026, en Caracas, declaró que “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones que antes eran legítimas”.
Según la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, “Nicolás Maduro Moros, el acusado, está en la vanguardia de esa corrupción y se ha asociado con sus co-conspiradores para utilizar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corroyó para transportar miles de toneladas de cocaína al país norteamericano”. A partir de una investigación de la DEA, el lunes 5 de enero se puso en marcha el juicio contra Maduro por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esas armas.
Uno de los antecedentes principales de este proceso fue la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU., a través del Departamento de Estado, el 24 de noviembre de 2025. De acuerdo con Washington, líderes del régimen chavista como Nicolás Maduro y el ministro del Interior, Diosdado Cabello —también incluido en la imputación—, serían fichas claves del presunto cartel.
La designación habilitó al país norteamericano para perseguir judicial y financieramente a los vinculados, bloquear activos, prohibir cualquier apoyo material y coordinar acciones internacionales para su captura y judicialización. Por su parte, Venezuela ha negado la existencia de dicha organización y señaló que esta decisión de la administración de Donald Trump busca justificar una intervención “ilegítima e ilegal” contra el país.
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Más allá de la cuestionada existencia de dicho cartel, sobre el papel que tiene Venezuela en la cadena del narcotráfico, Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, señaló que, si bien es conocido que el país suramericano, por su posición geográfica, “ha sido un lugar de tránsito para el narcotráfico, y que su actual precariedad institucional solo favorece y promueve mercados ilícitos de todo tipo, esto no la posiciona como una nación líder ni en producción ni en tráfico de drogas”.
Frente a la campaña antidrogas que ha llevado Trump, y que en medio se dio la descertificación en 2025 de Venezuela, Colombia y Bolivia, Ávila mencionó que si “el saldo de estas políticas es negativo y se insiste aún en ellas es porque su fin no es el control y represión del narcotráfico; tiene realmente otras funcionalidades de tipo político y económico. Lo de las drogas es una excusa: antes era el comunismo, y el día de mañana puede ser el crimen organizado, el terrorismo o cualquier otro mal en términos absolutos, no importa que tengan una base real o ficticia”.
Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), precisó que “Venezuela no tiene nada que ver con la producción” de narcotráfico, “como sí tiene que ver Colombia y Ecuador, que son países que tienen gobiernos relativamente funcionales”. También coincidió con Ávila sobre el papel de las rutas que se operan en el territorio, “una problemática que se agravó con la pandemia”. De acuerdo con Bonilla, en el país no hay “un cartel organizado, con una estructura, como han montado con la idea de Cartel de los Soles. Lo que sí hay son varios generales que están profundamente involucrados con el narcotráfico, pero que cada uno de ellos tiene su propia microestructura y cobran”.
Según explicó la subdirectora de Pares, para que un narcotraficante pueda utilizar dichas rutas, “puede llegar a pagar dos o tres veces la coima para lograr sacar la mercancía por los puertos venezolanos, para ir hacia Estados Unidos, o incluso hay rutas que van por África y luego entran por Europa Occidental”. Asimismo, mencionó que en el territorio existe una cleptocracia; es decir, que el “Estado soporta su poder en una serie de transacciones económicas muy grandes que vienen desde el petróleo hasta la droga”.
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Esa cleptocracia, de acuerdo con Bonilla, es “justamente lo que Estados Unidos intenta fracturar con la captura de Maduro. Pero lo que menos tiene que ver este ataque es con un asunto de narcotráfico, que es para pegarle un indictment a Maduro y nada más. Lo que le importa a EE. UU. es tomar posesión y control del petróleo, y es básicamente lo que ha dicho él (Trump) y lo que ha dicho Marco Rubio (secretario de Estado): que se van a concentrar en que las empresas norteamericanas tomen el control del petróleo venezolano. Eso es justamente lo que van a negociar con el sector del régimen que se queda en pie”.
Sobre dicho papel en las rutas para el tráfico de drogas, Andrés Antillano, profesor e investigador de la Universidad Central de Venezuela, señaló que “en los últimos años Venezuela ha disminuido el flujo de cocaína de manera significativa”, información que ha constatado “entre informantes claves, e incluso algunas personas vinculadas con el narcotráfico confirman esta reducción, entre otras cosas, por la fragmentación de los actores estatales y no estatales vinculados con el delito en Venezuela, lo que hace que los niveles de incertidumbre para el tráfico de drogas sean muy grandes”.
En palabras de Antillano, “incluso un narcotraficante necesita cierto grado de certidumbre, de reglas claras, y la competencia de actores puede más bien generar unos niveles de riesgo muy altos que evitan que se privilegien estas rutas”. El investigador explicó, en un caso hipotético, que si alguien “pasa un camión con cocaína por el Catatumbo, puede de pronto haber sobornado a los encargados de la Guardia Nacional en Venezuela, pero más adelante va a conseguir otra que responde a otro mando que no ha estado sobornado y le puede exigir de nuevo dinero. Más adelante otra, e incluso otra que de pronto decide decomisar el cargamento y ponerlos bajo custodia, porque quiere ganar créditos ante sus superiores”.
Ante esta fragmentación, Antillano advirtió que en Venezuela no “hay una gobernabilidad para el tráfico de drogas. Es decir, contrariamente a la retórica, que es un discurso muy antiguo y que se desempolvó para justificar esta nueva operación norteamericana en el Caribe, en Venezuela no hay un cartel; lo contrario. Es un conjunto de grupos que pueden coordinarse o pueden competir entre ellos, y lo que generan, intentando hacerse rentas ilegales, son altos grados de incertidumbre” para el negocio del narcotráfico.
Con la expectativa del avance del juicio contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo y los efectos que tendrá este caso en el plano geopolítico, Antillano concluyó que este golpe que pretende dar la administración Trump contra el tráfico de drogas es “absolutamente ineficiente. 60 años lo han demostrado. El tráfico de drogas funciona como una suerte de efecto vagón, en el cual si tú empiezas a reprimir unas rutas, lo que haces es favorecer el uso de otras y no disminuir el tráfico neto”.
Lea el documento completo de la imputación contra Nicolás Maduro aquí:
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