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En un oficio enviado al Ministerio de Justicia, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer solicitó la creación de una “mesa de trabajo interinstitucional que tenga como propósito identificar las necesidades diferenciales de las mujeres privadas de la libertad y las posibles soluciones”. La petición se hizo como respuesta a una serie de denuncias que hizo el abogado Alejandro Carranza sobre presuntas irregularidades y malos tratos al interior de la cárcel para mujeres El Buen Pastor en Bogotá.
“En este lugar, he notado la discriminación sistemática por enfoque diferencial de género que se tiene con los reos en nuestros país, habida consideración que en los centros penitenciarios para hombres no se observan las circunstancias denigrantes que tienen que padecer las mujeres, en donde se vislumbra la violación y trasgresión continua de los postulados propuesto en la Convención Americana de Derechos Humano”, señala la denuncia del abogado que ha puesto sendas denuncias ante diversas entidades y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
(En contexto: Denuncias contra El Buen Pastor: una cárcel que no ha sido pensada para mujeres)
El pasado 30 de septiembre este diario reveló un documento radicado ante la CIDH que contiene testimonios que probarían esos supuestos malos tratos. Allí se dice que las mujeres que “no tienen la capacidad económica para comprar un poco de dignidad” (porque dentro de la cárcel, comida y celdas se vende) “están amedrentadas e intimidadas por el trato que reciben”. Y, además, que cuando salen a denunciar las injusticias a las que son sometidas, reciben amenazas o retaliaciones por parte de los guardias del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El abogado Carranza radicó quejas similares ante las secretarías distritales de Ambiente y Salud, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Procuraduría, Corte Constitucional (que viene estudiando la constante violación de derechos humanos en cárceles del país desde 1998, cuando decretó por primera vez un estado de cosas inconstitucional), Presidencia, Vicepresidencia y hasta la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. Según el abogado, la situación de El Buen Pastor es un tema de género. “Esto no pasa en las cárceles de hombres”, dice.
En oficio del pasado 3 de octubre, la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer aseguró que si bien no tiene competencia para manejar el tema carcelario, si puede pedir al Ministerio de Justicia la creación de la mesa interinstitucional de trabajo con enfoque de género, «en la que logremos articular a las entidades con competencias en la atención de las situaciones que usted a través de su escrito describe y cuyo propósito sea el de buscar alternativas frente a la garantía de los derechos de las mujeres en condición de reclusión».
En ese sentido, la entidad también solicitó al Ministerio de Justicia «información sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles colombianas», para valorar la situación que se estaría presentando dentro de los penales femeninos en el país. Según la petición radicada ante la CIDH, de fondo, hay un problema: que la población carcelaria no ha sido pensada desde las perspectivas y necesidades de las mujeres.
Y por eso le piden a la Sección de Seguimiento de esa instancia internacional que revise el cumplimiento de las recomendaciones que le dio al Estado colombiano en 1998, cuando concluyó que las condiciones de vida en las cárceles del país “son subhumanas y violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pero que esta vez lo haga con el lente de la perspectiva de género.
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