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El 4 de noviembre, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, posesionará a su sucesor, Eduardo Cifuentes, expresidente de la Corte Constitucional, exdefensor del Pueblo y exdecano de Derecho de la Universidad de los Andes. Después de tres años de desarrollar una difícil tarea, Linares se irá de vacaciones para descansar por fin de las amenazas de las Águilas Negras, de los ataques de miembros del Centro Democrático, del doble discurso del presidente con respecto a la JEP, en fin, de la ingratitud de buena parte de este país que aún no logra deshacerse de la intolerancia y el odio.
Sin embargo, ad portas de dejar su cargo, le han llegado montones de mensajes de juristas, políticos, mujeres, estudiantes y gente del común, en los que le agradecen su gestión. Esos mensajes, en especial los de mujeres anónimas, quizás la hayan compensado por los momentos difíciles. Porque fueron muchos: fue difícil llegar a un edificio vacío a montar desde cero una institución basada en un modelo de justicia inédito, sin precedentes, sin jurisprudencia qué consultar, sin infraestructura, sin ley estatutaria, y dejarla funcionando al 100 % a pesar de que ha tenido al lado un Gobierno hostil, el cual, si bien por mandato constitucional está obligado a cumplir el Acuerdo de Paz, lo hace a regañadientes y en contravía de sus concepciones.
No obstante, a pesar de que apenas hace año y medio la JEP camina con normas claras, cuando la Corte Constitucional confirmó el hundimiento de las objeciones presidenciales a esa jurisdicción, ya se han abierto siete macrocasos que vinculan a 9.757 antiguos combatientes de las Farc, a 2.711 miembros de la fuerza pública y a más de 1.170 servidores del Estado no miembros de fuerza pública y terceros que han comparecido voluntariamente ante la JEP. Ya se han acreditado en esos casos más de 308.000 víctimas. Ya han tenido casi 32.000 actuaciones judiciales, entre ellas 402 audiencias de versiones individuales y colectivas. Ya han concedido 385 libertades condicionales y anticipadas, han resuelto 56 garantías de no extradición, han impuesto 17 medidas cautelares, han llevado a 38 ex-Farc a comparecer en el caso de reclutamiento de menores de edad y abuso sexual. Se espera que antes de fin de año, en los macrocasos de secuestro y falsos positivos, se produzcan escritos de acusación y que a mediados del año entrante se comiencen a dictar sentencias. Entonces, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en la Fiscalía en los últimos 15 años se acumularon más de 5.000 casos de reclutamiento de menores de edad, y en ese tiempo solo se produjeron 10 condenas, la eficacia de la JEP no tiene comparación.
Por supuesto que toda esa labor no se debe solo a Patricia Linares, sino también a los 38 magistrados de la JEP. Pero, como su vocera, a ella sola le ha tocado afrontar en estos tres años todas las tormentas. Y lo ha hecho con altura, contundencia y prudencia, que muchos le reconocen.
Ahora esa tarea la asumirá Eduardo Cifuentes, jurista capaz y con experiencia, que sabrá bandearse en medio de los huracanes y de los intentos del uribismo para acabar con la JEP. En fin, tendrá que frenar en seco a quienes quieran minar la credibilidad de la Jurisdicción, que es nada menos que el eje del Acuerdo de Paz.
Suerte y solidaridad para Eduardo Cifuentes, y gracias de corazón a Patricia Linares, quien continuará su labor silenciosa como magistrada de la Sección de Apelación.
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