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Los triunfos deportivos de Colombia en el último tiempo han sido escoltados, y opacados en algunos casos, por el aumento de resultados analíticos adversos frente al consumo de sustancias dopantes. Por ejemplo, semanas después de que Egan Bernal se vistiera con el Maillot Amarillo, el ciclista Álvaro Duarte, mejor en la montaña de la última edición de la Vuelta a Colombia, tuvo un resultado adverso en la prueba ciclística nacional.
Este sería apenas un caso pequeño frente a los últimos positivos en el deporte nacional. En 2017, a ocho ciclistas les detectaron uso de EPO de tercera generación en la Vuelta a Colombia. Un año después, Fabián Puerta, referente del ciclismo de pista, dio positivo por boldedona, un caso que todavía sigue sin resolverse. También se podría hablar del equipo Manzana Postobón, que se disolvió luego de que algunos de sus miembros dieran positivo por uso de sustancias dopantes.
(Vea además: Ministerios de Justicia y Deporte proponen castigar con cárcel el dopaje)
El caso más representativo es el de Jarlinson Pantano, el pedalista World Tour que hasta hace un tiempo fue referente por sus victorias en grandes vueltas. Después de dar positivo por EPO, el deportista caleño decidió retirarse del ciclismo y dedicarse a la política. «Soy inocente. No me había pronunciado porque mi abogado me había dicho que no hablara. Pero tengo la conciencia tranquila, no hice nada malo. La gente que me conoce cree en mí», dijo el día de su retiro el ciclista, hoy aspirante al concejo de la capital del Valle del Cauca.
Son muchos los casos de dopaje en la historia reciente de deporte colombiano. No en vano, el país ocupa el segundo lugar en positivos, solo detrás de Costa Rica. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia decidió hacer algo al respecto. La cartera radicó en la jornada de este lunes en el Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las penas para aquellos que suministren sustancias dopantes a deportistas. De acuerdo con el texto presentado, las penas de prisión irían entre 24 y 72 meses, además de una multa entre los 66 y 750 salarios mínimos mensuales vigentes.
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La idea del Ministerio de Justicia es darle dientes a una legislación en la que el dopaje no es realmente sancionado: “El tipo penal del artículo 380 ha quedado en desuso y cumple ningún fin político criminal para el cual fue incorporado desde hace 20 años en la normatividad penal, por cuanto las sustancias y métodos utilizados en el dopaje ya no producen necesariamente dependencia. Por esta razón la lista de prohibiciones de la WADA-AMA -órgano que rige la lucha contra el dopaje a nivel mundial- identifica sustancias y métodos dopantes que no producen dependencia, circunstancia que resalta la insuficiente descripción de la normativa colombiana”.
Esta postura fue apoyada por el Consejo Superior de Política Criminal, que señaló que “es claro que la norma en el Código Penal, y que data de hace 20 años, ya no es una disposición que cumpla con los fines de política criminal para los cuales fuera incorporada (…) ahora también están presentes métodos que igualmente atentan contra la salud de los deportistas y por ende merecen ser protegidos mediante el bien jurídico de la salud pública”.
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Esta tesis se esgrimió en un concepto en el que también se señala que es claro que los deportistas no llegan por sí solos a estas sustancias, sino que son suministradas por entrenadores, dirigentes o traficantes de medicamentos dopantes. Frente a este punto, se entiende que más allá de la responsabilidad del deportista por el uso de sustancias prohibidas -cuyas sanciones están en el ámbito deportivo-, la mayor responsabilidad la tienen aquellos que les permitan el acceso a dichos medicamentos y compuestos dopantes. Y, por esa razón, sobre ellos recaería el castigo penal.
Entre otras de las justificaciones dadas por el Consejo Superior de Política Criminal para apoyar el proyecto de ley presentado está adecuar la legislación colombiana a la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por la UNESCO el 19 de octubre de 2005. Aunque dicha iniciativa fue ratificada por el Congreso colombiano en 2008, hasta el momento no se había ajustado el ordenamiento colombiano para cumplir con dicha convención.
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Para elaborar dicho proyecto ley, los redactores se basaron en la legislación sobre este tema de países como España, Uruguay, Argentina, Francia, Italia y Alemania. En el caso español, el Ministerio de Justicia tomó casi a totalidad los agravantes que duplican el tiempo de las penas: que la víctima sea menor de edad, que el dopaje hay sido por engaño o intimidación y que el responsable de suministrar la sustancia se haya “prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional”.
Otra de las legislaciones en la que los proponentes se inspiraron en gran medida es la italiana. En la legislación de dicho país se establece que el fin fundamental es la salud del atleta, distinguiendo aquellos procedimientos que son por razones médicas a aquellos que tienen como único fin producir una mejora en las condiciones del deportista.
(Para más contexto: El silencio es cómplice: ¿cómo va el tema del dopaje en Colombia?)
A pesar de basarse en las legislaciones de otros países, sobre todo de Europa, en la que el dopaje ha sido perseguido con mayor vehemencia -operaciones Puerto y Galgo, por mencionar algunas-, el texto presentado no contempla la responsabilidad de los deportistas y tampoco busca sancionar la fabricación, porte o importación de este tipo de sustancias prohibidas en el mundo del deporte, como sí ocurre en otros lugares del mundo.
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