Corte Constitucional confirma que Procuraduría sí podía suspender a Rodolfo Hernández

Además, el exmandatario local, reconocido por sus salidas en falso, dijo “la decisión se asumió sin haber iniciado el proceso disciplinario, sin motivación suficiente para la calificación de la conducta como grave o gravísima y sin pruebas para asegurar que podría reincidir en la misma”. Bajo estos argumentos, Rodolfo Hernández aseguró que se le habían violado los derechos al debido proceso, a elegir y ser elegido, a la igualdad y a los principios de buena fe, presunción de inocencia, efectividad de los derechos e interpretación pro homine.

En una primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander, no solo admitió la tutela para estudio, sino que consideró que la Procuraduría sí había ido en contra a los derechos políticos de Hernández debido a que lo suspendieron de su cargo “sin ser investigado por hechos relacionados con corrupción”. Según el tribunal departamental, el Ministerio público solo tiene la capacidad de “limitar o restringir” los derechos políticos de elegidos popularmente cuando incurren faltas disciplinarias por actos de corrupción.

Como Rodolfo Hernández fue sancionado por haber golpeado e insultado al concejal de Bucaramanga Jhon Claro, según el tribunal, la Procuraduría no tenía competencia alguna para suspender al funcionario. Con esta decisión, en diciembre de 2018, el alcalde retomó su cargo. Sin embargo, no duró mucho en él. 

En segunda Instancia, en marzo de 2019, el Consejo de Estado revocó el fallo del tribunal departamental y negó la tutela. Para la sección tercera del alto tribunal, la suspensión sí puede ser decretada en situaciones no relacionadas con corrupción “siempre y cuando dicha decisión esté motivada y existan elementos que sugieran que la permanencia del servidor público en el cargo le permita continuar realizando la conducta por la que es investigado o que la reiterará, o que eventualmente puede llegar a interferir en el trámite”. Y en este caso, para el tribunal, se cumplía con dichas condiciones. 

Tras la revisión, la Corte Constitucional apoyó lo dicho por el Consejo de Estado. El Magistrado Antonio José Lizarazo, encargado de la revisión de la tutela, determinó que las reclamaciones del alcalde no tenían lugar. “La Procuraduría General de la Nación es competente para investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular, función que comprende la posibilidad de imponer la suspensión provisional”, señaló el togado.

Asimismo, aseguró que existían los elementos de juicio suficientes para determinar una posible reincidencia, por lo que la suspensión tenía válidez. Por último, declaró que había los elementos suficientes para asegurar que la falta cometida por el exmandatario bumangués podría ser catalogada de carácter grave o gravísimo.  

Aunque para Hernández, la medida del Ministerio público desconocía sus garantías a la presunción de inocencia y al debido proceso, para la Corte Constitucional la medida tomada “fue idónea para proteger la dignidad humana y el interés general y es necesaria en cuanto no existe otro mecanismo menos lesivo que permita cumplir los mismos fines”. Además, no afectaba la presunción de inocencia y respetaba el debido proceso, ya que era una mera suspensión y no una sanción.

La decisión de la Corte Constitucional no tiene mayor efecto, ya que Hernández presentó su renuncia irrevocable luego de que la Procuraduría lo suspendiera por tres meses nuevamente, en esta ocasión por presunta participación en política. “Ha vulnerado mis derechos políticos al proferir otra suspensión del ejercicio de mis funciones como alcalde de los ciudadanos por el término de tres meses, por cumplir con mi deber de advertir a la ciudadanía sobre la vergonzosa compra de votos que se está llevando a cabo en nuestra ciudad”, decía la carta.