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“Cuál era la paz que iba a haber, no veo esa paz. Ahorita mataron a un soldado inocente, no veo ninguna paz”, dijo un soldado en un video que se hizo viral el pasado 10 de septiembre. El uniformado, entre lágrimas, se ocultaba detrás de un camión mientras le hablaba a la cámara y reclamaba por muerte en combate de su compañero, el cabo segundo Giovanny Chacón, en Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia, Antioquia. Fuera de campo, se oía el sonido de los fusiles que lo atacaban. Una escena que fue solo un aparte de los enfrentamientos que vienen dándose entre guerrilleros del Eln y miembros del Ejército, luego de que campesinos de la zona bloquearon la vía a la costa en rechazo a intentos de erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública.
El video, que fue recortado por la mayoría de medios, registraba una situación mucho más compleja. Los enfrentamientos, que le causaron la muerte al cabo segundo Giovanny Chacón, habrían comenzado, según pobladores de la zona, luego de que en la mañana de ese 10 de septiembre llegaron miembros del Ejército a realizar actividades de erradicación forzada en la vereda La Paulina, de Puerto Valdivia. Los pobladores, que en su gran mayoría eran raspachines o cultivadores, se opusieron a la acción de los uniformados y elevaron su voz de protesta. En el choque, según contó a este diario un líder de la zona, un campesino habría sido herido con un arma de fuego en una pierna.
Esta última acción habría despertado la ira de los pobladores, que bajaron de las montañas de Puerto Valdivia para bloquear la carretera que conecta con la costa Atlántica. “Al verse presionadas, las comunidades reaccionan. No fueron los grupos armados los que ordenaron las protestas”, comentó una líder de allí. En medio del intento de la Fuerza Pública por reabrir la vía, milicianos del Eln habrían disparado en contra de los militares, causando la muerte de uno de ellos. Sobre este hecho, pocos quieren hablar. Incluso, personas que han tenido una histórica vocería en la comunidad decidieron guardar silencio: “No nos podemos pronunciar sobre lo que pasó, nos lo tienen prohibido”.
Estos choques no fueron los primeros. A principio de año ya se habían reportado casos similares, en los que, de acuerdo con la comunidad, militares se llevaron a campesinos que se opusieron a la erradicación. El 26 de agosto se presentó otro roce entre Fuerza Pública y población civil. Hombres del Ejército llegaron a realizar estas actividades, habitantes del sector se interpusieron a los uniformados y los sacaron. La presencia de grupos armados al margen de la ley y el supuesto incumplimiento en planes de sustitución voluntaria hacen que la erradicación forzada de coca no sea una opción para los pobladores. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que es el principal método para reducir los cultivos de coca en este parte de Antioquia.
Puerto Valdivia no es propiamente una población del Bajo Cauca, pero es su puerta de entrada. En este corregimiento están presentes los mismo actores armados que tienen azotada esta subregión de Antioquia, de los cuales dos ejercen un mayor dominio, el Eln y la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’. Ambos se han repartido el territorio: la guerrilla al oriente del río Cauca y el ‘Clan del Golfo’ al occidente. El Eln, según expertos de la zona, busca tener pleno control de la entrada al Bajo Cauca y así preservar su parte en la ruta del narcotráfico, incluyendo los cultivos ilícitos. Por esta razón habrían intervenido para atacar al Ejército.
En Puerto Valdivia no se han generado los mismo niveles de violencia —homicidios y desplazamiento— que en el Bajo Cauca. Tras la salida de las Farc de la zona, la presencia del Eln limitó a un velado control territorial, lo que ha llevado a un fortalecimiento del Frente Héroes y Mártires de Anorí. Es esta estructura del Eln la que ha ocupado Valdivia y sus alrededores. Allí no solo controlan el paso a Tarazá, sino que tienen conexiones con otros municipios estratégicos de Antioquia como Ituango y Yarumal. Puerto Valdivia Casi que es un paso obligado para las actividades de narcotráfico en el norte de Antioquia. Quien maneje el paso por el río, tiene una tajada importante del negocio.
Aunque la presencia de grupos armados es uno de los factores que favorece los cultivos ilícitos y los choques con erradicadores, la razón principal de los enfrentamientos que se vienen dando son los incumplimientos del Gobierno al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), según habitantes de la población ribereña. De acuerdo a la oficina encargada de este programa, el 20 de noviembre de 2017 se firmó un acuerdo colectivo con los pobladores de Valdivia. Cerca de 2.362 familias se vincularon a dicho convenio, en su mayoría habitantes de Puerto Valdivia. Sin embargo, desde entonces, no ha pasado nada. “El programa no se ha iniciado dado que no hay acuerdos individuales suscritos con las familias de dicho municipio”, dijo el ente encargado del programa a este diario.
Desde que se suscribió el acuerdo colectivo, la población está esperando que comiencen los proyectos productivos, pero no ha sido así. “Nos dijeron que iban a dar un proyecto para tener una vida nueva y no lo hicieron”, comentó una habitante de Puerto Valdivia. Mientras esperan que el PNIS actúe, el Ejército ha intentado desde principio de año entrar a la zona para iniciar actividades de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Sin embargo, la población asegura, como le contó a El Espectador uno de los líderes de la zona, que “hasta que no comiencen los proyectos productivos no dejan arrancar la coca”. Esto ha llevado a que se presenten continuos choques con las Fuerza Pública.
De acuerdo con los habitantes de Puerto Valdivia, la única actividad realmente productiva es la coca. La falta de vías de comunicación en las áreas rurales hace que otras actividades sean poco rentables. Así lo comenta un líder de la región: “No necesitamos solo proyectos productivos, necesitamos vías para sacar esos productos”. Además de la ya precaria situación económica que ha vivido Puerto Valdivia, la contingencia de Hidroituango empeoró el panorama. Tras la emergencia en la que las aguas del Cauca subieron de forma súbita, el 12 de mayo de 2018, 2.194 personas salieron del corregimiento hacia Valdivia y otros municipios para ponerse a salvo del río Cauca. Tuvieron que abandonar sus hogares y enseres ante la inminencia de una inundación que, al final, nunca ocurrió.
Fue más de un año en que estuvieron fuera de sus hogares y sin desarrollar las actividades productivas que realizaban en el territorio, dependiendo de un subsidio de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) —encargada del megaproyecto hidroeléctrico—. Por eso, cuando se dio la orden de retorno el 25 de julio de este año, no sabían qué hacer. Muchos se negaron a regresar, pero EPM, contaron varios retornados a este diario, los obligó bajo la amenaza de suspender las ayudas. Al retornar se encontraron con que el río, su mayor sustento, ya no era el de antes. Por la represa aguas arriba, peces y sedimentos cargados de oro desaparecieron.
Frente a los señalamientos, EPM le comentó a El Espectador: “Nosotros no presionamos por el retorno. El retorno se dio por una orden nacional el 25 de julio por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo, que por ley es la competente para el tema”. También, la empresa pública señaló que desde el 25 de julio de este año no tenía obligación de seguir pagando subsidios a la población, pero que lo hizo por un mes más para que la población pudiera estabilizarse económicamente. Asimismo, declaró que había planes para la población afectada por los cambios en el río, sin embargo, señaló que no había mayores estrategias para evitar que las poblaciones recurrieran a la coca, ya que era una responsabilidad gubernamental.
El río Cauca pasó de ser “El Mono” —por los sedimentos que cargaba— a ser un agua cristalina pobre en oportunidades económicas. Pescadores y barequeros perdieron su único trabajo. Al no tener otra forma de rebuscarse la vida, varias de estas personas, monte adentro, encontraron en la coca el único negocio que seguía en pie. “La contingencia nos hizo mucho daño, el problema grave es cómo recuperamos la economía. Nos mandan a la casa y se nos acabó a la forma en que vivíamos”, dijo a este diario un habitante de la zona, quien agregó que la mayoría de los pescadores tuvieron que dedicarse a cultivar o “raspar” coca.
Además de aumentar los campesinos dedicados a ser el primer eslabón en las cadenas del narcotráfico, una lideresa de la región, a quien se protege su identidad por seguridad, denunció que los pobladores están aguantando hambre, favoreciendo de esta forma al reclutamiento forzado de menores: “Los grupos al margen de la ley les ofrecen un sueldo que les permite comer”. Este diario conoció algunas cadenas de WhatsApp, que estarían circulando en Puerto Valdivia y Tarazá, en las que, supuestamente, las AGC dice que “pelao mayor de 12 años va a ser reclutado para las autodefensas. Vamos a coger pelaos viciosos y vagos. Todo aquel mal parqueado va a ser internado en el monte”.
Tras los hechos del 10 de septiembre, se decidió suspender los intentos de erradicación y abrir mesas de trabajo para discutir el tema. Sin embargo, solo se congelaron estas labores durante 15 días, por lo que, si no se llega a ningún acuerdo, las actividades de erradicación forzosa de cultivos regresarán el 30 de septiembre. A lo que los pobladores han respondido que volverán los bloqueos hasta que no haya una solución del gobierno, al que han calificado de no tener voluntad de cumplirles: “Por lo menos el gobierno anterior manejaba lo que era el garrote y la zanahoria —el plan de sustitución y la erradicación forzada—; en este gobierno solo hemos visto el garrote, la zanahoria se perdió”.
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