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Por octava ocasión en poco más de una década, al Congreso aterrizará una discusión que no deja de ser tan controvertida como esquiva: la reglamentación alrededor de la eutanasia que, si bien fue ordenada por la Corte Constitucional hace más de 20 años, permanece engavetada. A diferencia de otras oportunidades, esta vez el proyecto fue presentado tanto en Cámara como en Senado, por lo que lo más seguro es que terminen convertidos en uno solo por unidad de materia. ¿Qué diferencia a uno del otro? ¿Hay chances de que prospere? Y quizá lo más relevante, ¿por qué es tan difícil sacar adelante la iniciativa?
(Contexto: Congreso intentará nuevamente regular la eutanasia)
Pese a los llamados de la propia Corte, en las últimas cuatro legislaturas la discusión no ha escalado más allá del primer debate y el pendiente ha sido tan prolongado, que el Ejecutivo —a través del Ministerio de Salud— ha tenido que llenar el vacío y emitir resoluciones que, aunque orientan el cómo, no dejan de dar las claridades que demanda un tema controversial, marcado por diferencias tanto religiosas como legales.
Detrás de las dos iniciativas se encuentran, por un lado, el representante Juan Fernando Reyes Kuri (Partido Liberal), y por el otro, el senador Armando Benedetti (Partido de La U), quien ha insistido en la reglamentación de la eutanasia desde 2006. Ambos coinciden en que la discusión es difícil, pero demanda de un debate serio, ponderado y, lo más importante, alejado de dogmas y tabús.
“La gente no entiende lo que estamos hablando y el tema católico aquí es fuerte. Para muchos la vida es de Dios, pero no comprenden que si deja de ser digna, no es vida”, asegura Benedetti. ¿La mayor dificultad? “Que se meten los curas y los cristianos, tildándolo a uno de pecador. Yo tengo la Biblia en mi mesita de noche, pero cuando voy al Congreso es con la Constitución en la mano”, responde el senador de la U en referencia al cabildeo y la presión de grupos religiosos.
(Opinión: Eutanasia y asesinato)
En este punto, no se puede dejar de lado los movimientos y organizaciones políticas con puestos en el Congreso, cuyas posturas en contra de la eutanasia son conocidas. Su poder y votos son decisivos en desarrollo de la discusión: no solo es el Partido Mira —con dos senadores y dos representantes— y el movimiento Colombia Justa Libres —con tres senadores—, sino la influencia de parlamentarios como Claudia Rodríguez de Castellanos, de Cambio Radical, cabeza de una de las comunidades cristianas con más poder en el país.
Con todo, para el representante Reyes Kuri un factor que juega a favor es la sensibilidad de la gente frente a este tipo de iniciativas y, en el caso de la Cámara, un espíritu más renovado y progresista que abre el camino. “Las personas han tenido más de cerca a un amigo o familiar que ha sufrido alguna enfermedad terminal y lo han visto sufrir. Esa imagen se tiene más presente y eso hace que se sensibilicen, comenzando a aceptar de a poco, que la eutanasia es una opción que la persona tiene y que se debe respetar”, explica.
Carmenza Ochoa Uribe, directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, coincide en el buen ambiente del que gozan los proyectos, sin dejar de advertir que una eutanasia sin reglamentación sigue siendo una traba para quienes sufren de enfermedades terminales o condiciones médicas que afectan su calidad de vida.
“A falta de reglas claras, el temor es latente entre los médicos. Las resoluciones que ha emitido el Ministerio no tienen del todo el peso que se requiere; por eso se dilatan los procesos. Conocemos casos como el de un señor que lleva año y medio haciendo una solicitud. Ya logró que en la IPS le autoricen, pero no se la practican y trasladan el caso a la EPS, que es un ente administrativo y que alega no tener médicos que lo puedan hacer”, sostiene Ochoa, quien confía que una regulación conducirá a que no haya más disculpas para entorpecer las solicitudes.
Así es el procedimiento según el proyecto en Cámara
En el caso del proyecto del representante Reyes Kuri, se establece la viabilidad del procedimiento en tres casos: que el paciente tenga una enfermedad terminal, un padecimiento incurable o una condición médica grave, que disminuya sus capacidades, afecte su calidad de vida y ocasione sufrimientos físicos permanentes.
Para poder acceder al procedimiento, se establece que quien eleve la solicitud sea mayor de 12 años, su estado de salud se enmarque en alguno de los tres casos y, especialmente, que sea una petición libre, informada y reiterada. La iniciativa indica que solo un profesional de la medicina podrá realizar el procedimiento y en todo caso, si la persona está en condiciones que le impidan manifestar su voluntad, un pariente de primer grado de consanguinidad podrá adelantar el trámite, siempre y cuando esa decisión haya sido expresada en ese sentido y haya forma de probarlo.
Además de ser gratuito, en cada fase del procedimiento el médico debe informar al paciente de su diagnóstico, opciones terapéuticas y tratamiento. Presentada la solicitud, habrá cinco días para hacer una valoración psiquiátrica y una vez corroborada la enfermedad o condición, se convocará al denominado Comité Científico-Interdisciplinario para Morir Dignamente, que tendrá 10 días para verificar el cumplimiento de los requisitos.
Este Comité, que será organizado por las EPS, estará conformado por un médico con la especialidad de la patología que padece el paciente, diferente al médico tratante, un abogado y un médico psiquiatra. Así las cosas, si todo se cumple y se cuenta con el visto bueno, se programará el procedimiento en no más de 15 días.
En línea con la resolución del Ministerio de Salud que reglamentó el procedimiento en niños y adolescentes el año pasado, el proyecto consagra además la eutanasia para menores entre seis y 12 años, siempre que el médico tratante certifique la existencia de la enfermedad y su desarrollo cognitivo le permita tomar una decisión libre e informada.
“Si se verifica que el niño entiende el concepto de muerte, lo podría hacer. Es algo muy estricto. Seguramente muchos no están en esa capacidad y por eso hay que verificarlo, pero no quisimos poner la regla general de no”, explicó el representante a la Cámara, precisando que se requiere el consentimiento explícito de ambos padres.
Se señala también que en cualquier momento del trámite la persona podrá desistir de la solicitud y se consagra el derecho a la objeción de conciencia para los médicos. En este caso, la EPS deberá disponer de otro profesional en menos de 24 horas.
Así es el procedimiento según el proyecto en Senado
Pese a que ambos proyectos tratan del mismo tema, el del senador Benedetti es más amplio y detallado en su articulado, al punto que introduce la noción de asistencia al suicidio que, a diferencia de un procedimiento efectuado por un médico, es realizado por el propio paciente bajo la supervisión del especialista; por ejemplo, a través de la ingesta de determinados fármacos.
En el caso de esta iniciativa, se establece la viabilidad también en tres casos: que el paciente esté sufriendo intensos dolores, continuados padecimientos o una condición “de gran dependencia y minusvalía” que esa persona considere indigna debido a una enfermedad terminal o una grave lesión corporal.
Los requisitos para poder acceder al procedimiento son que quien lo realice sea un profesional de la medicina; que el paciente sea mayor de edad y esté en pleno uso de sus facultades mentales; que la enfermedad terminal o la lesión sea certificada por dos médicos especialistas, corroborando los padecimientos y concluyendo que los intensos dolores “no pueden ser aliviados por la ciencia médica actual”, y así como en el proyecto de Reyes Kuri, que se garantice que la determinación sea libre e informada, al punto que debe ser expresada “inequívocamente por escrito, de modo que no permita albergar la menor duda”.
La iniciativa es tan específica, que se advierte que la solicitud deberá ser diligenciada y firmada por el paciente y al menos dos testigos, quienes den buena fe de que actúa de forma voluntaria “y no está siendo conminado por otras personas”.
En caso de que el paciente esté inconsciente y no pueda expresar su voluntad, la iniciativa establece que la solicitud podrá ser completada por los familiares o el médico tratante. Incluso, se consagra que, si el paciente no tiene familia, el propio médico elaborará la petición. Previo a ello, el centro médico deberá darse a la tarea de buscar, al menos, alguno de sus parientes.
Tras la solicitud, el paciente deberá asistir a una serie de sesiones, en las que se le informe de forma detallada su condición y tratamientos, concluyendo que no hay otra alternativa para aliviar su situación. En dichos encuentros participará un equipo de apoyo conformado por especialistas en psiquiatría y psicología (denominado Consejería) que ayudará a confirmar el juicio del paciente y su inequívoca voluntad de morir.
Luego de ello, el paciente deberá ser valorado por otro médico que efectuará un “examen integral” buscando corroborar la situación. No obstante, aún se requiere otro paso: el dictamen de la Consejería que confirmará que la persona ha tenido los elementos necesarios para tomar una decisión informada.
“El médico tratante deberá indicarle al paciente acerca de la posibilidad de desistir. En todo caso, se deberá esperar un periodo de tiempo mínimo de 15 días antes de practicar el procedimiento. Luego, se firmará un certificado de registro médico eutanásico y el acta de defunción del paciente. Se señalará que la muerte se produjo por causas naturales”, reza el proyecto de ley.
Para garantizar que se cumplan todos estos pasos y se ejerza defensa de los derechos de los pacientes, así como vigilar la correcta aplicación del procedimiento, la iniciativa crea la denominada Comisión Nacional de Evaluación y Control de Procedimientos Eutanásicos y Suicidio Asistido, que estará a cargo del Ministerio de Salud.
Si bien salta a la vista que el proyecto del senador Armando Benedetti es detallado y específico, para el representante Juan Fernando Reyes Kuri, una reglamentación más amplia y menos pormenorizada puede garantizar su éxito en el Congreso y, a medida que pase el tiempo y haya avances médicos, sea el Ministerio o el propio Parlamento quien complemente la materia, eso sí, ya con un piso legal inicial. “Creo que, en las leyes, por principio, deben ir las cosas generales y no entrar en tanto detalle”, dice.
Al margen de cómo terminen cohesionados ambos proyectos y de si gozan o no del respaldo del Gobierno, lo cierto es que la discusión debe darse y —como lo determinó la Corte— el Congreso debe reglamentar la eutanasia de una vez por todas. ¿Estará a la altura este legislativo o persistirá la agonía para quienes apuestan por el procedimiento?
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