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Alrededor de ocho millones de personas viven en zonas de conflicto en Colombia, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitario (OCHA), lo que evidencia un aumento del 70 % en esta condición en los últimos tres años. Sumado a esto, cerca de 65.000 han debido salir desplazadas tan solo este año, mientras que el número de confinadas ha aumentado en un 20 %, en comparación con las cifras registradas en el año anterior en el país.
Para Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego, quien estuvo de visita por el país, esto evidencia que la esperanza de paz se está esfumando de algunos territorios en los que se ha concentrado los enfrentamientos entre grupos armados y las Fuerza Militares, por lo que hace un llamado al Gobierno para que busque salidas negociadas a los conflictos, mientras que a los organismos internacionales les pide invertir más en el desarrollo y en el trabajo humanitario.
¿Qué destaca de su visita por el país?
Me llama la atención regresar a Colombia y ver ese contraste de la calma y prosperidad en algunos territorios y la dramática realidad en las zonas rurales donde viven ocho millones de compatriotas en medio del conflicto armado. Este número de personas va en aumento cada año, como la cifra de quienes viven en confinamiento, que es una forma de encarcelar a las comunidades en su casa.
El número de desplazados en Colombia sigue siendo uno de los más altos en el mundo, y parece que nadie lo entiende. Es una realidad dramática que va a ser aun mayor si no hay acuerdos con los muchos grupos armados, si no hay inversión en alternativas y esperanza para las comunidades y los jóvenes que están ahora reclutados por los grupos armados, en lugar de tenet acceso a educación y empleo.
¿Hay algunos factores particulares que hayan identificado de los confinamientos?
El confinamiento es una palabra muy académica, porque en la realidad es que es un encarcelamiento, bajo la amenaza a las comunidades de que los van a matar o se van a encontrar con minas antipersonales, porque el grupo armado quiere tener el control de la tierra y los cultivos ilícitos. Por ejemplo, en Olaya Herrera hay una comunidad a cuatro horas en barco de Tumaco que no tiene carretera para movilizarse, a la que nosotros podemos darles asistencia humanitaria, pero ellos no pueden ir a sus lugares sagrados, porque allá están los armados y a veces están a ambos lados del río, baleándose unos a los otros. Un hombre me contó que un día llegaron cuatro hombres armados a su casa y le dijeron que necesitaban su lancha y que saliera del lugar con su familia si quería salvar su vida y la de sus hijos. Hay muchas historias como esas.
¿Habló con los indígenas awás?
Ellos viajaron a Tumaco para encontrarse conmigo y hablaron principalmente de que hay un exterminio de su cultura, sus hogares y su vida tradicional, y lo que piden es asistencia del Estado. Protección, inversión y más atención de la comunidad internacional. Pero quizás uno de los mensajes más importantes es que todos dijeron que este año la violencia estaba peor que el año anterior. Hay más reclutamientos, más grupos luchándose el territorio.
¿Ve alguna salida?
La solución no es una respuesta militar, que se ha intentado en Colombia mil veces. La respuesta es más negociaciones, mucha más inversión y más alternativas para que los jóvenes no terminen en las armas. Un docente me dijo: “Estoy perdiendo a mis alumnos a manos de los grupos armados, porque no hay alternativa para ellos después de que salen de la escuela”.
Pero es que también se han reducido las ayudas…
Creo que es porque el mundo occidental está preocupado con Trump y Harrys, Ucrania y Gaza, y no entienden que hay ocho conflictos armados activos en el centro del hemisferio occidental que afecta a millones de personas, incluso millones de venezolanos e igual número de migrantes y refugiados.
Con respecto a los migrantes, ¿qué evidenciaron en Necoclí?
La preocupación es que este año ya pasaron más de 200.000 migrantes por Turbo y Necoclí, por lo que es probable que se iguale el récord de medio millón de personas que cruzaron el Darién en 2023. Vi a muchos venezolanos, ecuatorianos y colombianos que están ahora perdiendo la esperanza y quieren irse al norte, hasta gente de China e Irán, y cada vez más y más se quedan en Necoclí porque no tienen para el pasaje de las lanchas, que les cuesta US$350. Varios me dijeron que no sabían qué hacer.
¿Qué decirle al Gobierno Nacional?
Colombia tiene buenas políticas. Ha abierto las puertas a los venezolanos que buscaban una vida mejor. No están deportando, pero tampoco tienen capacidad de asistencia a todos los que están llegando y otra vez hay que buscar un plan regional para lograr una inversión social y humanitaria para esta gente que está huyendo, muchas veces de represión y en condiciones difíciles, y con la idea de viajar al norte, cueste lo que cueste.
