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La medida tomada por el presidente Evo Morales empieza a generar polémica entre los políticos y desconfianza en los inversionistas extranjeros.
El precio que pagará Bolivia por su decisión está por conocerse. El gobierno español, a través de su presidente, Mariano Rajoy, y su ministro de Economía, Luis de Guindos, expresó su disgusto por la medida, aunque no ve similitud entre ésta y la expropiación de las acciones de Repsol en la petrolera YPF, el 16 de abril, por parte de las autoridades de Argentina, que en España fue considerada “arbitraria” y “hostil”.
La decisión de Morales da lugar a la segunda expropiación a una empresa española en 15 días en América Latina, aunque en esta ocasión la envergadura no es comparable a la nacionalización en Argentina del 51% de la petrolera YPF, filial de Repsol. Mientras Repsol calcula en US$10.500 millones su participación en YPF, en Bolivia los activos brutos de TDE se elevaban a US$225 millones en 2005, según las últimas cifras disponibles.
REE está dispuesta a negociar con el gobierno boliviano un precio justo por la expropiación. Entre 2002 y 2011, según un pronunciamiento de la empresa, invirtieron más de US$74 millones en Bolivia, de los cuales US$69 millones fueron destinados a la red de transporte local. A esos US$74 millones se añaden otros US$14 millones para proyectos iniciados con anterioridad, con lo que las inversiones totales superan los US$88 millones.
En el país andino hay otras empresas españolas como la petrolera Repsol, Iberdrola, Abertis y Aena o Unión Española de Explosivos. Las inversiones de esas compañías han hecho de España el segundo país inversor en Bolivia, con US$167,7 millones, superado únicamente por EE.UU.
El presidente de la Cámara de Comercio Española en Bolivia, José Luis Muñoz, dice que la expropiación de TDE “genera desconfianza”, pero que esa entidad respeta las decisiones y las leyes bolivianas. También pidió al gobierno de Morales que emita una ley de inversiones clara, que les permita a los inversores, tanto extranjeros como bolivianos, trabajar con confianza, solicitud apoyada por el embajador de España en La Paz, Ramón Santos.
El portavoz de comercio de la Comisión Europea, John Clancy, también advierte que “acciones como ésta forzosamente transmiten una señal negativa a los inversores internacionales sobre el clima de negocio y de inversiones en Bolivia”.
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