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Amaño de contratos. Funcionarios fantasmas. Nexos con grupos narcotraficantes. Estas son las denuncias que enfrenta la Aeronáutica Civil desde hace años. Una de ellas quedó en evidencia en una filtración de miles de correos de la Fiscalía General de la Nación, a los que tuvo acceso este diario. Varios de ellos muestran que la información ha estado en manos de investigadores, al menos desde 2016, pero no existen mayores avances para esclarecer este capítulo de corrupción al interior de la entidad encargada del control y regulación de la aviación en Colombia.
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En cinco informes de la Unidad Investigativa Contra el Crimen Organizado y Narcoterrorismo de la Fiscalía quedaron consignados los detalles de la operación Camaleón, la cual fue adelantada desde 2016 por miembros de la Dirección Antinarcóticos de la Policía contra un red criminal de 15 personas que enviaba alijos de cocaína con destino a Europa, Centroamérica y Estados Unidos. Esta red, conformada por familiares, enviaba la droga por medio de vuelos clandestinos, dice el documento, con la ayuda de funcionarios de Aerocivil.
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 3 de octubre de 2016, una fuente humana, bajo el seudónimo de Óscar, informó sobre una red de crimen organizado “conformada por funcionarios de la Aeronáutica Civil, específicamente controladores aéreos y personal del Servicio de Información Aeronáutica (AIS), quienes son los encargados de modificar los planes de vuelo y permitir el sobrevuelo ilegal de aeronaves con destino a Centroamérica. Estos funcionarios habría utilizado su labor en el centro de control del Aeropuerto El Dorado, para permitir el paso de aeronaves ilegales”.
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A raíz de esta información, la Fiscalía ordenó una serie de acciones para constatar que las denuncias eran reales. Entre ellas, pidió la interceptación de comunicaciones a números teléfonos que fueron aportados por el informante Óscar. Cinco meses después, los investigadores encontraron que la denuncia era real. Además, pudieron identificar a los miembros de la red criminal que se movía en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Cesar, Risaralda, Bolívar y La Guajira.
“Se logra evidenciar que existe una organización criminal, cuyos miembros en su mayoría son familiares, dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes a nivel transnacional, quienes envían grandes cantidades de alcaloide en diferentes modalidades, con destino a Centro América, Estados Unidos y Europa. Esta empresa criminal familiar es liderada por una persona identificada dentro de la organización con el alias de Don Mauricio Mao”, dice uno de los informes realizado en 2018.
Se trata de Mauricio Ramírez Perdomo, un hombre de origen tolimense, pero que desde hace varios años se radicó en Cali. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre acostumbra a cambiar frecuentemente de lugar de residencia como método para distraer a las autoridades. Así mismo, los investigadores explicaron que Ramírez viajaba constantemente a Panamá y México, donde se reunía con integrantes de otras organizaciones al servicio del narcotráfico, con el fin de concretar nuevos envíos de cocaína.
Para verificar que este grupo criminal estaba enviando droga, las autoridades lograron incautar una aeronave en Bahía Solano que tenía 548 kilos de cocaína. Posterior a ese operativo, la Fiscalía encontró que la organización criminal se empezó a comunicar para hablar sobre la situación. A los pocos días, las autoridades capturaron a los miembros de esta red. Sin embargo, nunca tocó a los funcionarios de la Aerocivil que, como lo dijo el informante, habrían sido claves para que las aeronaves pudieran salir del país sin levantar sospechas.
La información de los correos filtrados coincide con la publicación de la revista Semana que reveló detalles de una supuesta red de funcionarios de Aerocivil que, al parecer, tendrían vínculos con grupos narcotraficantes, y habrían cometido irregularidades en contratos que desarrollan servicios de tecnología y repuestos para equipos que usa la entidad. Solo a raíz de ese artículo, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron la conformación de un grupo especial con el fin de determinar hasta qué punto la Aerocivil terminó siendo usada para acciones ilegales, como lo demostraría información de la Operación Camaleón que ha estado en manos del ente investigador hace cinco años.
Fuentes cercanas a ese expediente consultadas por El Espectador señalaron que algunos de los capturados en la operación de narcotráfico negociaron con la Fiscalía y ahora están entregando información relacionada con los colaboradores de esa red, entre ellos, funcionarios de Aerocivil. Otros correos encontrados en el hackeo dan cuenta que funcionarios del CTI, en 2019 pidieron información sobre posibles hechos de corrupción y no recibieron respuesta de la entidad. Por ahora, el gobierno de Gustavo Petro designó una nueva cabeza y pidió varias renuncias, con el fin de que las investigaciones avancen.
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