Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Desde este momento las secretarías de Educación de todos los municipios del país deberán conformar comités de convivencia escolar integrados por docentes, rectores, padres de familia y estudiantes, que se encargarán de identificar repetidos abusos e intimidaciones entre niños y jóvenes y promoverán la conciliación de conflictos.
Con la reglamentación de la Ley 1620 de 2013, que firmó ayer, en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos, se espera combatir la violencia dentro de las instituciones educativas. La Ley exigirá que se conforme un sistema de monitoreo de casos que permita evaluar la efectividad de las estrategias implementadas y revelar a fondo la situación del matoneo en el país.
Se estima que en Colombia, uno de cada cinco niños ha sido víctima de intimidaciones y malos tratos por parte de sus compañeros de clase de manera agresiva, deliberada y repetitiva. Un promedio similar al que se encuentra en los demás países de Latinoamérica, reconocida como la región con los índices más elevados de abuso escolar en el mundo.
Gracias a que el Ministerio de Educación incluyó algunas preguntas sobre intimidaciones escolares en las Pruebas Saber que se aplicaron el año pasado a estudiantes de quinto grado de primaria y de noveno grado, la Universidad de los Andes pudo revelar que entre 55.000 menores (pertenecientes a 589 municipios), el 29% de los estudiantes de 5º y el 15% de 9º expresaron haber sufrido algún tipo de agresión física o verbal de parte de algún compañero.
“Estoy muy preocupado porque esas pruebas demostraron que a la mitad de los niños encuestados no les preocupaba, e incluso se divertían, cuando otros compañeros se maltrataban entre si”, comentó el presidente Santos.
Para atender estos casos, además de las vulneraciones de los derechos sexuales, la ley ordena crear una red de atención integral desde el colegio cuyo objetivo sea la resolución de conflictos. De la red harán parte los miembros del comité de convivencia, al que se sumarán psicólogos y trabajadores sociales, el Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia.
La ministra de Educación, María F. Campo hizo un llamado a los padres de familia, estudiantes, rectores y docentes para que revisen los manuales de convivencia de las instituciones y discutan las modificaciones que consideren pertinentes. Dependiendo de la gravedad de los casos, las instituciones deberán adoptar los protocolos de atención a las víctimas y agresores, que describe la Ley.
Conoce más