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Dos risaraldenses, Jhon Edison Parra Sánchez y Jesús Alberto Cardona López, pusieron una tutela el pasado 28 de agosto con el fin de que el Estado colombiano pusiera sus ojos sobre la grave situación que atraviesa el río Otún en ese departamento del Eje Cafetero. En su alerta, por medio de la acción judicial, señalaron que a las orillas del río, en donde se construyó el barrio 20 de Julio de Pereira y la comuna Oriente, entre otros, y que en este contexto el Otún ha sido contaminado por el vertimiento de aguas residuales sin tratar, basuras que son arrojadas por algunas empresas que se encuentran sobre la ribera del río, entre otras actividades.
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Debido a la contaminación del río, los malos olores, la proliferación de roedores y gallinazos, está siendo afectada la salud de la población aledaña al río Otún, situación que se presenta a partir de la cuenca media en adelante, y no está siendo controlada por las autoridades. Tanto Parra Sánchez como Cardona López señalaron que esta afluente hídrica es la que surte el 80 % del agua que es consumida por los habitantes del departamento. En la sentencia de 40 páginas en manos de este diario, se ordena realizar acciones que puedan rescatar al Otún de su «penoso» estado, declaran el río como sujeto de derechos y, además, se hace un fuerte jalón de orejas: la jueza del caso «llamó poderosamente la atención» a varias entidades del Estado, ya que ninguna asumió su responsabilidad en el caso.
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En la decisión tomada por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Pereira, la jueza señaló que aunque existen planes por parte del Ministerio de Ambiente, las alcaldías de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Marsella y Dosquebradas, y la Gobernación de Risaralda para recuperar el Otún, ninguna se ha llevado a cabo. En cambio, la Procuraduría General han venido señalando sobre el aumento en la contaminación del agua. Incluso, señaló la jueza, la autoridad ambiental regional, Corporación Autónoma de Risaralda (Carder) había catalogado desde 1987 que cinco zonas del Otún, ubicadas en la cuenca media alta del rió, fueran declaradas como de “especial protección”.
En ese momento recordó la jueza, la Carder estableció que se permitiría concesionar espacios a la ribera del río mientras estas no «degradaran la calidad del preciado líquido» y que, por ende, no se permitiría que se instalaran en esta zona empresas e industrias. «Ni acentamientos ni mecanismos que permitan densificar o incrementar en forma masiva el área total construida». El juzgado señaló que incluso la Carder ignoró su decisión que fue tomada hace 32 años y solo la volvió a tener en cuenta en octubre de 2018 cuando suspendió un permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas y no domésticas.
La Carder señaló que existe un Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca del Río Otún, el cual fue adoptado en diciembre de 2017 como norma superior dentro de la autoridad ambiental para garantizar la protección de la cuenca hidrográfica. A la jueza del caso le «llamó la atención» que esta entidad señale que la calidad del agua del río «es buena». Y que, por su parte, la Procuraduría advirtió que el río Otún, en su cuenca alta, presenta deterioro y en la cuenca media hay proliferación de desarrollo urbanístico residencial, industrial, comercial y agropecuario. De igual manera, el Ministerio Público advirtió que la autoridad ambiental no ha ejercido las competencias que le han sido atribuidas por la ley. Esto quedó demostrado en unas mediciones hechas a la calidad del agua del río entre febrero de 2016 y julio de 2018 donde se evidenciaron diversos incumplimientos.
Para ese despacho judicial no hay dudas de que el río se encuentra en cuidados intensivos pues, otro estudio hecho por el Instituto Nacional de Salud en el primer semestre de 2019, da cuenta de la contaminación hídrica del Otún como la principal consecuencia en el aumento de los casos de hepatitis en Pereira y Dosquebradas. «Se ratifica de esta manera como el estado de contaminación hídrica actual está vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes de estos dos municipios del Eje Cafetero».
La jueza también tuvo reparos sobre los argumentos que presentó la Alcaldía de Pereira sobre este caso. La administración local, en una pasaje de su exposición señaló que la autoridad llamada a proteger la cuenca de este río de de la Carder. «Es mandato del Estado social de Derecho, conformado por todas las entidades que hacen parte del mismo, sean responsables de la protección del medio ambiente (…) no se explica cómo el argumento de defensa recurrente es endilgar la responsabilidad a otra entidad estatal, desconociendo que el deterioro del ecosistema y en este caso especial del Otún, es responsabilidad de todos», señaló la jueza.
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«La normatividad existente se convierte en letra muerta cuando las entidades del Estado no cumplen sus deberes de prevención, mitigación, indemnización o reparación, en aras de hacer efectivas las medidas de protección de la cuenca de este río. No puede simplemente señalarse que se han adoptado planes, proyectos y convenios sin demostrar el ejercicio para el cumplimiento de los mismos. El Estado tiene la posibilidad de imponer sanciones de acuerdo con la ley, y esto, como fin último de garantizar la conservación, protección y uso razonable y sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente. Cada una de las respuestas dadas por las autoridades hablan sobre acciones en el papel, pero ninguna sobre acciones efectivas», puntualizó el juzgado de Pereira.
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