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“Aquí los billetes de $1.000 y $2.000 estorbaban. Las monedas también. Las tirábamos a la calle”, cuenta un habitante de La Caucana (corregimiento de Tarazá en Antioquia), a lo que otro responde: “Veíamos muchachos con pacas de billetes que llegaban hasta acá”, señalando con la mano sus rodillas. Ambos están hablando de la época de prosperidad del pueblo: tiempos en los que Ramiro Cuco Vanoy —exlíder paramilitar extraditado hacia los EE. UU. — era rey y señor de La Caucana; en la que el Bloque Mineros de las Autodefensas imponía con violencia su control y la coca era la gallina de los huevos oro de la que todos querían vivir.
En ese tiempo, La Caucana, al norte de Antioquia y limítrofe con el sur de Córdoba, era el corregimiento de mayor población y riqueza en el Bajo Cauca. Se veían fiestas cada fin de semana con trabajadores y trabajadoras sexuales que llegaban incluso desde Medellín. Había dinero “hasta para tirar”. La prosperidad económica disimulaba la violencia de Cuco y sus hombres, pero no la ocultaba por completo: los homicidios y las desapariciones eran comunes, nadie entraba o salía de la zona sin autorización “para”. Los foráneos debían tener el “aval” de un habitante del pueblo o eran asesinados como sospechosos de ser informantes.
Una década después, Cuco Vanoy sigue en una cárcel en EE. UU. donde paga una condena de 24 años. La bonanza de la coca desapareció de La Caucana y, en su lugar, una profunda pobreza se apoderó de la vida de esta población de no más de 4.000 habitantes; la falta de recursos es evidente en el pueblo. Los productos de primera necesidad son escasos y costosos. La mayoría de los comercios han cerrado. La vía de aproximadamente 25 kilómetros que conecta a La Caucana con Tarazá ahora no es más que una trocha de un tránsito limitado a mototaxis y pequeños buses. Un camino difícil para que entren los camiones de alimentos.
El casco urbano está desocupado: más de 200 familias han huido desde 2018, según la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca . Al caminar por La Caucana se siente la soledad en la que está sumida este pueblo. Por las calles, casi todas de grava y arena, apenas si pasa gente. La única estación de gasolina está fuera de funcionamiento y sirve como punto de encuentro de los mototaxistas, que hacen las veces de único medio de transporte para movilizarse tanto en el pueblo como en sus veredas cercanas. La salida de Cuco Vanoy generó un cambio rotundo en la comunidad, pero no todo es distinto: el paramilitarismo y la violencia permanecen.
La violencia que nunca se fue
Desde hace más de 20 años, el derramamiento de sangre en La Caucana es una realidad constante. Primero fue el Bloque Mineros de las Autodefensas, que al mando de Cuco Vanoy llegó a la zona a imponer su férreo orden. Los habitantes aún recuerdan la camioneta roja en que montaban los paramilitares a gente que nunca volvía a aparecer. También está en la memoria del pueblo la incursión de las Farc, el 15 de abril de 2001: diecinueve habitantes murieron, varios comercios fueron incendiados. Al final, decenas de pobladores salieron desplazados, entre los que estaban paramilitares que se disfrazaron de civiles para huir.
Con la desmovilización del bloque Mineros el 20 de enero de 2006, la inestabilidad volvió a Tarazá. Los enfrentamientos entre grupos posdesmovilización hicieron que las cifras de muertos y desplazados fueran las más altas por mucho tiempo. La tasa de homicidios en 2010 llegó a 83 por cada 100.000 habitantes (duplicando la tasa nacional). Tras disputarse la zona con Los Paisas, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), hoy llamadas también Clan del Golfo, se quedaron con el control del Bajo Cauca y de La Caucana, una zona estratégica para el negocio del narcotráfico por ser un puente entre el Nudo de Paramillo, Córdoba y el Urabá antioqueño.
Mientras las AGC controlaron la región, entre 2012 y 2016, hubo una calma relativa. Sin embargo, la salida de las Farc del territorio cambió el panorama. El Clan del Golfo iba a ocupar las zonas abandonadas, pero al interior de su organización hubo una escisión. Alias Caín y otros hombres no tomaron a bien los acercamientos del líder de la organización criminal, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2017 y se rebelaron. Así se originaron Los Caparros, cuyo nombre rememora la llegada de Cuco Vanoy y sus hombres desde Caparrapí, (Cundinamarca) al Bajo Cauca.
A principio de 2018, los Caparros sacaron de La Caucana al Clan del Golfo, pero la organización de Otoniel ha querido recuperar sus antiguos territorios a como dé lugar y la población civil es la más afectada. “Ellos dicen que no se meten con uno, pero cuando llegan otros grupos terminan vinculando a la comunidad”, dice uno de los líderes de La Caucana en diálogo con este diario. Agrega que solo brindarle un vaso de agua a un miliciano puede ser la sentencia de muerte o de desplazamiento para una familia. Incertidumbre que se ve agravada porque ellos no saben con quién están hablando: gaitanistas o caparros.
Para los habitantes de este corregimiento, y para el Bajo Cauca entero, no hay forma de distinguir a los distintos grupos paramilitares. Usan los mismos métodos y acciones en contra de la población y no portan brazalete o uniforme que los identifique. “No sabemos quiénes son los que nos atacan. Pasa un grupo y después otro”, le contó a El Espectador un habitante del casco urbano del corregimiento. Por eso, con el temor a cuestas, la ley del silencio impera. Quien hable, dicen los pobladores, corre el riesgo de que la persona que esté a su lado, su vecino o quien sea, tengan relación con alguno de los grupos paramilitares y “lo sapeen”.
El control de ambos grupos sobre la población se traduce en horarios de tránsito: nadie puede estar en las carreteras entre Tarazá, La Caucana y sus veredas antes de las seis de la mañana y después de que se oculte el sol, y no se puede estar después de las 9 de la noche fuera de casa. No hay “pero” que valga. Después de las horas indicadas, no se puede salir a buscar señal para hacer llamadas o, siquiera, llevar a un familiar enfermo a Tarazá. Ante este panorama, los habitantes de La Caucana han comenzado a decir: “Es preferible una sola persona muerta a que en el camino maten a varios”.
Los enfrentamientos han hecho que la gente no se pueda movilizar de la zona urbana a las veredas y viceversa. “Las comunidades no pueden ir a trabajar a las veredas. No se sabe qué está pasando allí. Hay un confinamiento de los habitantes de esas zonas”, le cuenta a este diario una líder de la región. Muchos de los proyectos productivos como el cultivo de cacao y la producción de caucho han tenido que ser abandonados porque están en lugares de alta peligrosidad. Los grupos armados, según denuncian los campesinos de La Caucana a este diario, han establecido fronteras invisibles entre los grupos y traspasarlas es ganarse la muerte casi de inmediato.
Los homicidios también han aumentado de forma exponencial en los últimos meses. Según registros de la Policía, los asesinatos en La Caucana pasaron de cero en 2018 a cinco en lo que va del año, pero organizaciones sociales aseguran que son más los casos. La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) tiene en sus registros entre ocho y diez homicidios en lo que va de 2019, mientras líderes sociales de La Caucana hablan de hasta cinco homicidios cada mes. En agosto se reportó el homicidio de dos personas reconocidas de la comunidad: el pastor evangélico Plinio Salcedo y un joven conocido por la comunidad como El mudo.
En el primer caso, según algunos habitantes de La Caucana, el religioso habría recibido amenazas por parte de uno de los grupos de la zona; lo acusaban de ser un informante. Sin embargo, el pastor de la denominación Movimiento Misionero Mundial hizo caso omiso a los señalamientos y siguió con su labor pastoral hasta el pasado 11 de agosto. Ese día, varios hombres armados irrumpieron en su casa y le dispararon en frente de sus dos hijas y su esposa, que se vieron obligadas a salir desplazadas. La gente del pueblo señala que era imposible que el pastor Salcedo fuera un informante, pues rechazaba cualquier tema relacionado con el conflicto.
En el caso de El mudo, cercanos lo identificaban como un joven que lideraba proyectos deportivos, y que por un tiempo tuvo que trabajar como raspachín, una de las actividades que sigue siendo medianamente productiva en la zona. Según cuenta la comunidad, El mudo caminaba por La Caucana cuando vio a un grupo de paramilitares, probablemente quienes lo habían contratado para la recolección de hoja de coca —de acuerdo con personas que conocían al joven—, y trató de salir huyendo. A los armados no les habría gustado la acción del joven, cuyo nombre no quisieron revelar sus conocidos, y lo acribillaron en la calle a plena luz del día.
PNIS: una esperanza fallida
Las dos facciones paramilitares también habrían asesinado a varios líderes y campesinos (once líderes comunales y trece campesinos) de Tarazá y La Caucana vinculados al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Y es que, a pesar de la violencia y el control de los grupos armados, los habitantes de este pueblo se la jugaron por el PNIS. Según cifras suministradas por líderes locales a El Espectador, cerca del 80 % de esta población, históricamente cocalera, se acogió al programa de sustitución voluntaria de cultivos, después de lo cual vinieron amenazas, extorsiones y asesinatos por parte de los paramilitares.
Líderes comunales denuncian que Caparros y Clan del Golfo exigen cada uno el 10 % del dinero que entrega el Gobierno por la sustitución voluntaria, o que les entregaba, hasta hace unos ocho meses. Los retrasos han surgido, según voceros del PNIS, porque en el gobierno anterior “no se planearon, ni financiaron, ni se dieron las contrataciones para que las otras etapas fueran posibles”. Algunos pobladores creen que, de cualquier modo, era fácil que los armados identificaran a quienes abandonaron los cultivos. Sin embargo, se sienten afortunados frente a poblaciones cercanas como San José de Ure (Córdoba), donde a los campesinos les quitan la mitad de los auxilios estatales.
“Es mejor que usted se vaya porque está con la ley y aquí no lo queremos”, les dicen, con frecuencia, a quienes están tratando de salir adelante por otros medios que no sea la coca. El desplazamiento forzado es otro apartado que no ha dejado de crecer en el último tiempo, entre intimidaciones —a través de llamadas y panfletos—, el temor por los enfrentamientos y el incumplimiento del Gobierno en la entrega de recursos del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que tiene “aguantando física hambre” a los campesinos, según habitantes de la zona. De acuerdo con cifras de Asocbac, 180 familias salieron de La Caucana en 2018 y a hoy se estarían reportando el desplazamiento de otras 133.
Este fenómeno, denuncian en La Caucana, se potencia con los combates cerca del casco urbano. El 16 de septiembre pasado, líderes del Proceso Social de Garantías en Antioquia denunciaron que niños que estaban desempeñando actividades escolares quedaron en el medio del fuego cruzado del Clan del Golfo y Caparros. Por fortuna, los menores alcanzaron a refugiarse a tiempo del combate que, según allegados a la zona, dejó un miembro de los Caparros muerto y otro del Clan del Golfo herido. Según voceros del Proceso Social de Garantías, tras el combate, uno de los pocos operadores de televisión que opera en la zona dejó de funcionar.
“Si uno es feliz en el territorio hay que hacer lo que sea necesario para quedarse, más cuando uno no tiene para donde más irse”, dice un campesino, que como tantos otros, reclama por la poca presencia del Estado en la región: hoy se limita a una estación de Policía y un coliseo con canchas rotas y en mal estado que fue entregado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. No será fácil, sin embargo, permanecer en este lugar. En este año de elecciones regionales, la violencia se ha disparado. Masacres, asesinatos y combates son el pan de cada día. “En el Bajo Cauca estamos desesperados”, le dijo hace poco a este diario Óscar Suárez, alcalde de Caucasia.
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