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Mientras el presidente chileno Sebastián Piñera decide qué hacer para frenar las protestas sociales que estallaron desde el pasado viernes en todo el país, la Cámara de Diputados de Chile aprobó este jueves establecer una Comisión Investigadora sobre la gestión que están haciendo al respecto dos de sus ministerios, Interior y Defensa, así como las Fuerzas Armadas. Todo a raíz de las constantes denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos durante los operativos.
La comisión fue aprobada con 67 votos a favor, 31 en contra y 14 abstenciones. Con el estado de emergencia declarado en casi todo Chile con y los militares en la calle, se han producido todo tipo de altercados que reabren el uso de la fuerza para reprimir a los manifestantes. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), cinco de los al menos 18 fallecidos que se han producido hasta el momento lo fueron a manos de agentes del Estado.
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El INDH, una entidad pública pero autónoma, contabiliza, después de seis jornada de protestas, una cantidad de detenidos de 2.410 en su último balance, de los que 898 se produjeron en Santiago y el resto en regiones. .
En cuanto a los heridos, el organismo de derechos humanos contabiliza 535 personas víctimas no mortales desde el pasado jueves, de los 210 del total de heridos fueron por armas de fuego. El INDH ha presentado ya 55 acciones judiciales por las situaciones que reportan desde hace días durante las manifestaciones.
Estas cifras son mucho más abultadas que las del Gobierno, que da cuenta de 197 heridos, según el último informe entregado este miércoles por el Ejecutivo.
Los actos vandálicos que se iniciaron el pasado viernes en el marco de una protesta ciudadana contra la desigualdad, con multitud de incendios y saqueos, motivó al Gobierno chileno declarar el estado de emergencia para otorgar la seguridad al Ejército, que desde entonces ha estado decretando toques de queda cada noche en multitud de ciudades y comunas.
En paralelo, miles de ciudadanos se echan a las calles cada día de forma pacífica para reclamar reformas estructurales al Gabinete que lidera Sebastián Piñera.
Paquete de medidas
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó este jueves de un plan para terminar con los toques de queda que se han aplicado por cinco días consecutivos en varias regiones del país desde que estalló una crisis social la semana pasada.
«Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país (…) para poder terminar el toque de queda y ojalá poder también levantar los estados de emergencia», dijo el mandatario en un mensaje a la prensa.
Este plan se empezó a aplicar desde el miércoles en Santiago, donde el toque de queda se redujo a seis horas, de las 22H00 a las 04H00 locales, a diferencia de la noche anterior cuando fue de 10 horas.
Piñera decretó estado de emergencia el sábado, tras una violenta jornada de protestas el viernes por el aumento del precio del metro pero que luego se extendieron a otras demandas sociales, con saqueos a supermercados y negocios y la quema del múltiples estaciones del metro, que los primeros días quedó inmovilizado.
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Ciudad en movimiento
Con militares custodiando las estaciones de las tres líneas del metro metropolitano que funcionan parcialmente, muchos de los siete millones de habitantes de Santiago intentaban volver la normalidad siete días después del inicio de la crisis.
Restos de semáforos y de las barricadas que se encienden al caer la noche en la ciudad recuerdan a los santiaguinos que los días de estabilidad social quedaron por ahora en el olvido.
«En la mañana se ve harto movimiento, la gente se está movilizando pero en la tarde todo se pone difícil y empiezan los gases y perdemos lo bueno que tenemos ahora», dijo Maicol Rojas, peruano de 50 años, que vende comida frente a la sede de gobierno.
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A las tres líneas de metro, se suman unos 6.000 autobuses que en la superficie intentan compensar la paralización de las otras cuatro líneas del subterráneo.
Algunos supermercados que permanecieron cerrados el miércoles abrirán sus puertas en esta jornada y la mayoría de los colegios públicos recibirán a sus alumnos, en aparente señal de normalidad.
En días anteriores ha habido intentos similares de retomar la rutina, aunque la tranquilidad se ha esfumado al caer la noche, pese a que unos 20.000 militares y policías patrullan las calles apoyados por helicópteros.
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