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Este fin de semana se vivió una nueva jornada de movilizaciones sociales en todo el país promovidas por el presidente Gustavo Petro. En la conmemoración del Día de la Mujer, el mandatario aprovechó no solo para destacar los logros de ellas y sus conquistas, sino que volvió a buscar el apoyo en las calles para sus iniciativas que marchan en el Congreso y reformas que se juegan la vida en la Corte Constitucional. Precisamente, el jefe de Estado ya convocó a otra movilización para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, para buscar respaldo ciudadano sobre el futuro de su reforma pensional que, justo cuando iba a empezar su debate en la Sala Plena, un error de la Corte frenó la discusión y le dio un nuevo aire.
El presidente del alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ya había presentado la ponencia en la que sostuve que la reforma debía caerse, porque, explicó, no se tramitó adecuadamente en el Congreso. Sin embargo, como lo reveló este diario, cuando la Sala Plena se preparaba para empezar a estudiar el proyecto de fallo, los magistrados se percataron de que no resolvieron un impedimento que había presentado la magistrada Diana Fajardo en septiembre pasado. Ese descuido los obligó a frenar el debate, anular todo lo hecho desde septiembre de 2024, incluyendo la ponencia de Ibáñez, y terminó abriendo caminos que podrían cambiar el destino de la pensional.
El posible impedimento de Gregorio Eljach
Por ahora es claro que el magistrado Ibáñez tendría que presentar una nueva ponencia. Pero más allá de ese asunto de trámite, hay otros escenarios más complicados. Por ejemplo, el procurador general, Gregorio Eljach, tiene que presentar un nuevo concepto sobre lo que debe ser el futuro de la reforma pensional, porque el enviado por Margarita Cabello, en noviembre del año pasado, quedó sin efecto. Para esto, el jefe del Ministerio Público tiene 30 días, pero fuentes del ente de control consultadas por este diario señalan que Eljach estaría pensando en declararse impedido por haber sido secretario general del Senado cuando la reforma pasaba por el Legislativo.
En caso de que Gregorio Eljach no pueda presentar el concepto, inicialmente esa responsabilidad recaería en el viceprocurador, Silvano Gómez Strauch. Por otra parte, tras conocerse la decisión de la Corte de echar para atrás el debate de la pensional, el magistrado Ibáñez, como presidente del alto tribunal, salió públicamente a reconocer y explicar el error por el que pusieron freno de mano al proceso. En esa declaración, el togado aseguró que cotiza pensión en un fondo privado, y que cuando cumpla con las condiciones para acceder a ese derecho, no lo tomará, porque quiere trabajar hasta el día de su muerte. Por esas mismas palabras, le están pidiendo que se aparte del caso.
La recusación contra Ibáñez
La Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) retomó fragmentos de lo dicho por Ibáñez en la W Radio el pasado 3 de marzo y ahora sostiene que el magistrado dejó clara su opinión personal del tema y, por eso, no sería imparcial. Según la CUT, el togado, al decir “me propuse desde que estaba pequeño que jamás le pediría un subsidio al Estado y jamás le pediría ninguna bonificación de ninguna naturaleza, inclusive la pensión”, expresó una consideración personal, a un concepto íntimo sobre los subsidios pensionales, en el marco de una conversación sobre la reforma. Para la Central, “el magistrado Ibáñez no deja dudas sobre su desacuerdo con los subsidios”, por lo que recusó al presidente de la Corte.
A la lista de coletazos que se suman por el error de la Corte Constitucional en el expediente de la reforma pensional también están tres importantes peticiones que se han hecho al alto tribunal para que se lleve a cabo una audiencia pública en torno al caso. El presidente de la República, Gustavo Petro; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y la defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidieron al magistrado Jorge Enrique Ibáñez que convoque a una audiencia pública. En ella, podría participar la sociedad civil, académicos y sectores políticos para que expongan sus puntos de vista sobre el futuro de la iniciativa y el alto tribunal tenga más argumentos para que se construya una nueva ponencia y se tome una decisión de fondo sobre la iniciativa gubernamental.
Uno de los puntos que hasta ahora ha pasado en silencio en el debate que adelanta la Corte, y que podría exponerse en la audiencia pública, es el futuro de los más de 40.000 ciudadanos que se trasladaron de un fondo pensional privado al público, una medida que permitía la reforma pensional. No es un tema menor, pues la ponencia de Ibáñez no contenía un plan de contingencia y, de tumbar el proyecto, la crisis podría ser profunda si no se contempla una salida. Por ahora, la Corte está a la espera del nuevo concepto de la Procuraduría y de resolver la nueva recusación contra Ibáñez. Mientras tanto, hay una pregunta cuya respuesta no solo espera la Presidencial, sino miles de ciudadanos: ¿el alto tribunal abrirá el espacio para una audiencia pública?
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Por Jhordan C. Rodríguez
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