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Aida Quilcué, indígena nasa del Cauca, dijo en una entrevista para el programa radial La Verdad en Voz Alta que es urgente “descolonizar la verdad” sobre las comunidades indígenas de Colombia. Tiene razón. La llegada de la minga a Bogotá ha demostrado que poco o nada sabemos los colombianos de esa población y sus territorios.
Lo grave no es solo no saber sobre los indígenas, sino mentir sobre sus comunidades, desinformar sobre su cultura y sus actividades, y más peligroso aún es discriminarlos, desplazarlos de sus tierras y matarlos. De los 115 pueblos indígenas en el país, 68 están en riesgo de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado y porque no son sostenibles las actividades económicas en sus territorios. Esa información está confirmada por la Corte Constitucional y la ONIC.
Indepaz reportó que desde el año 2016 hasta el 8 de junio de 2020, 269 líderes indígenas han sido asesinados, 167 durante la presidencia de Iván Duque. “Este es un gobierno que implementó la guerra. En el Cauca no hay garantías para defender la vida de los indígenas”, advirtió Quilcué y añadió que en su comunidad apoyaron el proceso de paz, “pero al Cauca nunca llegó”. Esta mujer lleva 12 años padeciendo amenazas y atentados contra su vida, la de su hija y la de su esposo —a quien asesinaron—.
En otra esquina de Colombia, Telemina Barros, abogada indígena wayuu, en el mismo programa, recordó la masacre cometida en 2004 por paramilitares en Bahía Portete, La Guajira. No hubo justicia sobre ese hecho de violencia y, pasados 16 años, los habitantes desplazados no han podido regresar a su territorio porque no hay garantías. “Se ha hablado de educación, de salud, y eso queda en documentos, pero al final son inexistentes. Bahía Portete antes de la masacre tenía colegio y centro de salud y no fue posible reestablecerlos. El gobierno debería ser una voz amiga”, afirmó Barros.
Se rompió el tejido social de todo el pueblo wayuu desde la masacre y piden atención; en el Cauca los matan y quieren paz, pero no están enterados de esto en el centro del país, donde toman decisiones y desde donde los políticos, periodistas, empresarios y ciudadanos de a pie critican con ignorancia a los indígenas.
Podríamos hablar también del exterminio de los nukak maku, o de las sistemáticas violaciones contra los derechos humanos de los zenú, chamí o tule en el Chocó, para intentar convencer al partido político del Gobierno y a una sociedad insolidaria de que a los indígenas los matan los ilegales y también el abandono nuestro, y que su productividad no puede medirse en hectáreas de ganado como las del señor Lafaurie, o de palma como las que tienen (¿siempre legalmente?) los poderosos terratenientes. El Ministerio de Ambiente sabe que en los resguardos de los indígenas hay 26 millones de hectáreas de bosques naturales. ¿Qué quieren, que tumben los árboles para meter vacas y que ahí cultiven arroz o caña?
“El 52 % de los bosques de toda la cuenca del Amazonas están en territorios indígenas, pero solo el 17 % de la deforestación tuvo lugar allí. En cambio, el 83 % de la tala ilegal ocurrió en tierras privadas o en baldíos. Los territorios indígenas son una defensa efectiva contra la deforestación y el cambio climático”, escribió Helena Calle en El Espectador.
¿Somos tan poca cosa que no seremos capaces de limpiarnos de ese legado de abuso contra los indígenas que nos dejaron desde la colonización? ¿Seguiremos hablando el lenguaje aprendido allí o podremos descolonizar la verdad?
* Periodista.
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