¿Sirve denunciar un robo?

Ver cómo a ladrones reincidentes los detienen y los liberan al poco tiempo, genera indignación. Y más, si la víctima denunció. Esto le ocurrió a Carolina, que luego de dedicar un día para radicar la denuncia contra dos sujetos que, puñal en mano, la amenazaron con sacarle un ojo si no les entregaba el celular, días después supo que duró más ella haciendo el trámite que ellos en quedar libres. A este sinsabor se enfrentan muchos que, cumpliendo su deber y atendiendo la invitación de las autoridades a denunciar, ven cómo su esfuerzo parece inútil. Lo paradójico es que cuando esto ocurre, todas las autoridades se excusan.

La Policía dice que hace su trabajo, pero que no pueden dejarlos retenidos más de 36 horas si el fiscal no los lleva ante un juez. El fiscal asegura que sin denuncia o sin pruebas nada puede hacer. Y cuando hay denuncia, en caso de que el proceso llegue a los jueces, estos los dejan libres argumentando que la Policía hizo mal la captura o que no tenían antecedentes. Al final, los afectados sienten que hay impunidad y deciden no volver a denunciar. Esto genera un círculo de desconfianza, del que solo hay un beneficiado: el delincuente, a quien parece importarle poco que los capturen.

El proceso

Si usted es víctima de un delito y la Policía logra capturar al delincuente, es necesaria una denuncia para poderlo procesar. Por eso, el afectado debe ir con los uniformados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) más cercana al lugar de los hechos para iniciar el trámite ante la Fiscalía. Por la congestión en estas oficinas, es normal que dure mínimo tres horas antes de que le asignen un turno. Mientras tanto, los uniformados deben presentar los elementos incautados, como los objetos hurtados o las armas usadas, antes de que el funcionario de la Fiscalía escuche el testimonio de la víctima.

A partir de ahí, el caso queda en manos del ente acusador, que luego de analizar el caso, los hechos, la urgencia y la peligrosidad del detenido (si tiene antecedentes o no) debe decidir si solicita una audiencia de imputación antes de 36 horas (como lo ordena la ley) o si lo deja libre para continuar sin tanto afán la investigación. Sin embargo, es justo éste el punto más cuestionado por la ciudadanía, pues a pesar de que al menos el 58 % de los detenidos por hurto son reincidentes, quedan en libertad.

Según Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana de la Universidad Central, esto tendría una explicación: el déficit de fiscales y jueces en Bogotá. “El estándar internacional dice que deben haber 65 por cada 100.000 habitantes y en la capital solo hay 10. El resultado de esto es que cada juez y fiscal tiene un promedio cercano de 700 procesos activos, haciendo que se le salga de las manos el poder darle respuesta oportuna a cada uno de ellos”.

Si a esto se suma el hacinamiento en las URI, los Centros de Traslado por Protección (CTP) y las cárceles, se encuentran más razones al proceder de jueces y fiscales quienes, pese a que el hurto callejero es uno de los que más afecta la percepción de seguridad, no lo atienden con igual urgencia que otros delitos, al estar catalogado en el Código Penal como de bajo impacto.

De ahí la crítica de Nieto, quien señala que “hasta que no se entienda que aquí funcionan empresas dedicadas a robar, con procesos administrativos, logísticos y de organización, van a seguir siendo capturas aisladas y sin ningún impacto real en la estructura delincuencial y económica”.

Bajo este mismo lineamiento, el alcalde Enrique Peñalosa, ha solicitado que desde el Gobierno Nacional y la Fiscalía se trabaje en un proyecto de ley que permita sancionar este delito como corresponde. “Este año la Policía de Bogotá ha capturado a más de 11.000 delincuentes en flagrancia. Al menos 5.500 de ellos no tuvieron ninguna condena, lo que hace que prácticamente sea una actividad permitida. Necesitamos cárcel para los reincidentes”, señaló.

Para el concejal Jorge Durán (Liberal) el problema está focalizado en dos aspectos. El primero tiene que ver con la falta de espacios dignos para retener a los capturados, debido a que las cárceles de la ciudad están colapsadas. Así mismo, asegura que debe haber una reforma al Código de Infancia y Adolescencia, debido a la constante instrumentalización de menores para cometer los robos. “Que los delincuentes usen a los niños para delinquir, obliga a que los jueces los pongan en libertad automáticamente”, expresa.

Mientras se mantiene el debate y la desconfianza de los ciudadanos frente a la justicia, el hurto a personas viene en aumento. Según cifras del observatorio de la Policía, terminado el primer semestre del año se habían denunciado 62.836 robos callejeros, lo que representa un aumento del 18 % frente a los 58.022 casos que se reportaron en el mismo periodo del año pasado. En promedio, las estadísticas permiten establecer que cada hora se denuncian mínimo 13 robos en la ciudad.

Por su parte, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, desde enero y hasta el 15 de julio, las localidades más azotadas por este delito fueron Chapinero, donde se registraron 6.256 casos; Kennedy, con 6.038; Suba, con 5.903; Engativá, con 5.319, y Usaquén, con 5.077. Los días en los que más roban son los viernes y la mañana es el momento preferido por los ladrones para delinquir.

A pesar de los esfuerzos del Distrito y la Policía para contrarrestar este delito, lo cierto es que mientras no se cuente con un mecanismo judicial que agilice el procedimiento de denuncia y que los delincuentes reincidentes paguen por sus delitos, la percepción de inseguridad seguirá creciendo (solo el 15v% de los ciudadanos se sienten seguras) y el hurto a personas, consolidándose como uno de los grandes problemas a combatir.