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La inteligencia militar y policial tiene sus ojos puestos en los 2.300 kilómetros que hay de frontera colombo-venezolana. El Espectador conoció que efectivos especiales tanto de la Policía como del Ejército tienen las alertas prendidas sobre el posible paso migratorio hacia Colombia de personas que tienen una estrecha relación con el régimen de Nicolás Maduro, quien fue capturado en Caracas en la madrugada del pasado sábado 3 de enero tras una operación encubierta de la CIA en la que participaron uniformados estadounidenses entrenados para operaciones especiales.
Fuentes del Comando General de las Fuerzas Militares dicen que hacen seguimiento especial a integrantes del brazo terrorista de Hezbolá que estarían relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos en la zona fronteriza. “Colombia es el único lugar donde se pueden refugiar ahora, son objetivos de alto valor”, dice un alto oficial de inteligencia que pide reservar su identidad.
El Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares (CGJ2) tiene claro desde hace varios años cómo opera el brazo terrorista de Hezbolá en esta extensa zona limítrofe. Informes rotulados como “ultrasecretos” hacen énfasis en que la presencia de una red terrorista en la región es un riesgo latente desde hace varias décadas y que su permanencia está ligada a la continuidad del chavismo en Venezuela, el cual recibió un revés sin precedentes hace menos de una semana y que genera un escenario impredecible a nivel político, militar y económico.
El CGJ2 del Comando General prendió sus alarmas en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al exmiembro de la Asamblea Nacional de Venezuela Adel El Zabayar (de nacionalidad sirio-venezolana) “de participar en negociaciones de intercambio de armas por cocaína con las FARC; obtener en Oriente Medio lanzacohetes antitanque para esa guerrilla como pago parcial por cocaína, y reclutar terroristas de Hezbolá y Hamás con el propósito de ayudar a planificar y organizar ataques contra los intereses de Estados Unidos”. Hoy su paradero es una incógnita y desde entonces se presume que vive del lado venezolano con un “perfil bajo”.
El Departamento de Justicia agregó que de esa alianza con el exdiputado también hicieron parte el cartel de los Soles —conformado aparentemente por altos miembros del gobierno de Maduro—; las disidencias de las FARC; carteles mexicanos; los gobiernos de Irán y Siria; y el brazo armado de Hezbolá. Aunque esta última organización al margen de la ley no es mencionada en la acusación de Estados Unidos contra Maduro, para la inteligencia militar colombiana el factor Hezbolá es “de total relevancia para la seguridad nacional”.
Además de El Zabayar, las autoridades colombianas tienen otros nombres anotados en sus reportes que relatan hechos similares al escrito de acusación contra el expresidente venezolano. Los hermanos Ghazi y Abdallah Nassareddine, de acuerdo con el Comando General, fungen como “facilitadores” entre los altos mandos de Hezbolá y la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos, el exvicepresidente Tareck El Aissami (también de origen sirio-libanés) y Hugo “Pollo” Carvajal, exjefe de contrainteligencia militar venezolano.
“Los Nassareddine garantizan el intercambio de cocaína por armas con las FARC. En 2014, un avión de carga libanés lleno de armas arribó al hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía. Las armas eran un pago parcial por la cocaína que las FARC proporcionaron al régimen de Maduro y fueron trasladadas a una base militar en Guárico, Venezuela”, señala la inteligencia colombiana. Ese mismo hangar es mencionado en varias oportunidades en las 25 páginas en las que Estados Unidos sustenta su acusación por narcotráfico y otros delitos.
La acusación afirma que en 2006, en tiempos de Hugo Chávez, más de 5,5 toneladas de cocaína fueron cargadas en un avión desde el hangar presidencial y enviadas a México, con participación de oficiales que recibieron sobornos a cambio de facilitar la operación narcotraficante. En 2015, dice el documento contra Maduro, la DEA grabó reuniones en las que, aparentemente, dos sobrinos de Maduro y su hijo, “Nicolasito”, habrían acordado despachar cientos de kilogramos de cocaína desde ese mismo hangar.
Los aliados de la Oficina de Envigado
Otros apuntados por la inteligencia colombiana son los hermanos Ali y Kasem Mohamad Saleh, quienes fueron señalados por las autoridades colombianas y estadounidenses de hacer parte, junto a la Oficina de Envigado, de una red que enviaba cocaína a EE. UU. desde Maicao, en La Guajira. Incluso, el primero de ellos era el representante político de Hezbolá en esta zona de Colombia. De acuerdo con los documentos de inteligencia, el clan vivió en Colombia hasta 2012 y la última vez que fueron vistos fue en 2020 en Maracaibo.
Según registros del Consejo Nacional Electoral y la oficina de recaudación de impuestos venezolanos, se reporta que los hermanos Mohamad Saleh viven en Puerto de la Cruz, estado de Anzoátegui, una ciudad ubicada en el oriente de Venezuela y a 325 kilómetros de Caracas. Este diario conoció que uno de ellos tiene una empresa llamada Medellín Import C. A., la cual se especializa en el transporte de mercancía. Las autoridades colombianas también tienen bajo la lupa a otra ficha que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta colaboración con Hezbolá en Sudamérica.
La AMIA y la investigación del fiscal Nisman
El último clan que estaría ligado con el aparato terrorista de Hezbolá en esta zona limítrofe está liderado por Abdala Rada Ramel y Amel Akil Rada, quienes, de acuerdo con la inteligencia militar colombiana, tienen un vínculo estrecho con Salman Raouf Salman, encargado de las redes de Hezbolá en Latinoamérica y acusado por Estados Unidos de participar en varios hechos terroristas como el de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y el de la Embajada de Israel en Argentina, perpetrados en 1994 y 1992, respectivamente.
La inteligencia también dice que los hermanos son sospechosos de dirigir una red de tráfico de cocaína y contrabando desde Maicao a Cartagena, y también de tener empresas panameñas de exportación de textiles a Colombia, las cuales serían usadas para apoyar acciones de Hezbolá. Según los documentos del Comando General, la célula armada de Hezbolá que perpetró el ataque a la AMIA partió de Líbano a Colombia para luego viajar a la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde está otro fortín de la comunidad sirio-libanesa. De esa red terrorista hizo parte el colombiano Samuel Salman El Reda, señalado por el fiscal argentino Alberto Nisman de ser el planificador del ataque que dejó 85 muertos.
De acuerdo con la inteligencia militar, El Reda vivió en La Guajira hasta 2002, cuando la Interpol empezó a buscarlo por su posible participación en el atentado de la AMIA. Incluso, días antes de su asesinato, el fiscal Nisman dijo que El Reda era la mano derecha de Mohsen Rabbani, quien era el consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires y señalado como cerebro del acto terrorista.
Dentro de los documentos de la inteligencia militar se explica que el vínculo entre Venezuela y el Líbano, país donde nació Hezbolá, data desde finales del siglo 19, cuando hubo una masiva migración tras la ocupación del imperio Otomano a ese país. La más reciente migración de población libanesa a territorio venezolano se dio en los años 70, durante la guerra civil libanesa.
“Esta histórica ruta a Venezuela fue explotada por Hezbolá para construir redes de apoyo. Empresarios, abogados y otros ayudan a lavar fondos ilícitos para Hezbolá, los cuales se utilizan para promover sus operaciones terroristas. Muchos de los clanes están asimilados dentro del Estado y la sociedad venezolanos a través de robustas comunidades libanesas que se extienden hasta Colombia”, dice el documento de inteligencia militar.
Para la inteligencia colombiana, estos antecedentes no son episodios aislados del pasado, sino señales de alerta vigentes. La porosidad de la frontera, las redes ya identificadas y los antecedentes documentados mantienen encendidas las alarmas de las autoridades, que siguen de cerca cualquier movimiento que pueda traducirse en una amenaza directa para la seguridad nacional.
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Por David Escobar Moreno
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