Ley Arizona pone a prueba las leyes de inmigración en EE.UU.

En el punto máximo de la cosecha, muchos de los jornaleros mexicanos en quienes había dependido para piscar zarzamoras huyeron asustados del estado. Las frutas maduras cayeron al suelo y Eason perdió 20.000 dólares; aun cuando tribunales federales habían suspendido las disposiciones de la ley que infundieron temor en los inmigrantes.

Así es que Eason es uno de muchas personas en todo Estados Unidos que observarán muy de cerca cuando la Corte Suprema conozca los argumentos sobre la ley para el control de la inmigración, implacablemente disputada, que se aprobó hace dos años en Arizona e inspiró el estatuto de Georgia y otros similares en Alabama, Indiana, Carolina del Sur y Utah.

Con la ley de Arizona, conocida como SB 1070, se ampliaron los poderes de los policías estatales para preguntar la situación migratoria de quien quiera al que detuvieran, y a retener a los sospechosos de ser indocumentados. El gobierno de Obama impugnó la ley, y tribunales federales suspendieron cuatro de sus disposiciones más polémicas. Después, los tribunales bloquearon temporalmente otras leyes estatales, incluida la de Georgia.

Abogados constitucionalistas de ambas posiciones del debate dicen que el caso plantea interrogantes fundamentales sobre los poderes federales. Con la fuerte inclinación conservadora que ha mostrado la Corte en este periodo de sesiones, ha surgido una posibilidad clara de que los magistrados pudieran ratificar al menos algunas de las disposiciones impugnadas de la ley de Arizona, en contra de la tendencia de los juzgados menores respecto a temas jurídicos esenciales.

El caso de Arizona, dijeron abogados, podría conducir a que la Corte Suprema vuelva a trazar los límites entre el gobierno federal y los estados cuando se trata del control de la inmigración, que se ha considerado como dominio casi exclusivamente federal.

Si la Corte aprueba cualquier parte del enfoque de Arizona, les daría un gran impulso a los organismos que hacen campaña contra la inmigración ilegal, los cuales han clamado para que los estados actúen con dureza y dicen que el gobierno federal no ha cumplido con su parte. Se podrían reavivar las batallas políticas en las legislaturas estatales, incluida la de Georgia, donde el apoyo a leyes similares a la de Arizona había empezado a desvanecerse al haber consecuencias no previstas, como las que enfrentaron Eason y otros agricultores de Georgia.

El problema central en los argumentos que escuchará la Corte es la controversia planteada por el gobierno de Obama en cuanto a que las disposiciones referentes a la policía en Arizona invaden perjudicialmente el ámbito federal. “Arizona adoptó su propia política de inmigración, que se centra exclusivamente en el máximo control y no presta atención a las observaciones multifacéticas que proporciona la ley de inmigración para que las tenga en cuenta” el poder ejecutivo, escribió el gobierno de Obama en su expediente.

Lucas Guttentag, un profesor de derecho que imparte cátedra en Stanford y quien fue uno de los principales abogados en derechos de los inmigrantes en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la cual ha participado en impugnaciones a estatutos en Arizona y otros estados, dijo que “en muchos sentidos, se trata de un momento definitorio para la Corte sobre si se infringirá una línea histórica”.

“¿El interés nacional seguirá rigiendo a la ley de inmigración o la Corte permitirá que cada estado y municipalidad se inmiscuyan en la política migratoria e impongan prejuicios y predisposiciones locales?”, preguntó.

Los partidarios de la ley de Arizona dicen que el estado está en todo su derecho de promulgar una medida que ayudaría a los agentes federales y no los obstaculizaría. Dan Stein, el presidente de la Federación por la Reforma Migratoria Estadounidense, un organismo que busca reducir la inmigración, acusó al gobierno de Obama de tratar de hacerse con el poder de los estados y calificó la demanda de “usurpación descarada del derecho del pueblo estadounidense a decidir quién entra y quién sale de nuestro país”. La organización de Stein ayudó a Arizona en la elaboración de su ley.

Organizaciones latinas y de inmigrantes atacaron la SB 1070 diciendo que desataría una ola de aprehensiones discriminatorias. Esos temas de los derechos civiles no están directamente ante la Corte Suprema en el caso actual. Sin embargo, si los magistrados derogan la ley Arizona, sería una poderosa victoria para esas organizaciones. Además de los cinco estados que promulgaron leyes policiales similares a la de Arizona, al menos otros ocho las sopesaron, pero no avanzaron en ellas, y muchos esperan el desenlace en la Corte Suprema.

Sin embargo, aun si ella amplía el camino para la acción migratoria por estado, los efectos secundarios negativos que siguieron a las leyes policiales estilo Arizona han hecho cautelosos a muchos legisladores. Mississippi consideró una ley de control este año, pero el Senado estatal la dejó pasar al aumentar la oposición de los intereses comerciales y agrícolas. Alabama vio meses de agitación después de que el año pasado adoptó una ley aún más estricta que la de Arizona. La semana pasada, los legisladores la revisaron para mitigar su impacto en los negocios y las escuelas.

En Georgia, tras la protesta de los agricultores, la legislatura concluyó su periodo de sesiones sin ninguna nueva medida de inmigración por primera vez en seis años. La ley Arizona adopta explícitamente una estrategia conocida como desgaste mediante el control, diseñada para hacer que sea tan difícil y riesgoso que los inmigrantes indocumentados vivan y trabajen en el estado, que decidan voluntariamente regresar a sus lugares de origen o “autodeportarse”.

Los acontecimientos aquí en Georgia demostraron cuán efectivas pueden ser las medidas policiales para sacar del estado a los inmigrantes indocumentados. Georgia ha estado aprobando desde 2006 leyes orientadas a dificultarles a los inmigrantes indocumentados vivir y trabajar en el estado. D.A. King, un enemigo acérrimo de la inmigración ilegal, quien fue una fuerza motriz detrás de la mayoría de esas leyes, dijo que las medidas impidieron que se asentaran en Georgia con lo que los contribuyentes ahorraron dinero. Dijo que la ley policial aprobada el año pasado se elaboró sobre esas iniciativas previas.

“Si usas a autoridades locales como una fuerza multiplicadora de las dependencias del orden público”, notó King, “ese es el terrorismo al que los extranjeros ilegales realmente temen”.

En efecto, el solo rumor de que Georgia había adoptado una ley similar a la de Arizona atemorizó a las comunidades de inmigrantes hispanos en toda la región agrícola del sur. “Los trabajadores tenían miedo”, dijo Eason, mientras inspeccionaba su parcela de zarzamoras exuberantemente fértil. “Muchos tenían miedo de que separaran a su familia. Algunos pueden ser legales y algunos ilegales, y quieren mantener a todas las familias juntas”.

Eason, de 72 años, un agricultor alto, de cabello plateado, quien ha trabajado en la agricultura durante tres décadas, no pudo recordar una escasez de mano de obra más aguda. Los jornaleros agrícolas mexicanos de Florida, que normalmente se dirigían a Georgia durante los meses de verano, se quedaron en sus casas. Los trabajadores agrícolas de Georgia no salieron, preocupados de que una simple detención vial pudiera llevar a la deportación.

Algunos jornaleros de Georgia se fueron a Carolina del Norte, el cual, como Florida, ha considerado una ley estilo Arizona, pero no la ha aprobado. Llegó un trabajador local gracias a un anuncio que Eason colocó en la oficina de trabajo para conseguir a 16, pero sólo aguantó medio día en el calor del verano en Georgia, dijo el agricultor. Al final, al enterarse de que los tribunales habían suspendido la medida, algunos inmigrantes regresaron a trabajar.

Eason también opera una desmotadora de algodón en la cercanía, con obreros de hace mucho tiempo que son residentes inmigrantes o ciudadanos mexicano-estadounidenses. En entrevistas, dijeron que sus comunidades se sienten sitiadas.  “Es difícil, muy difícil, y afecta a muchas personas”, dijo Armando Martinez, de 39 años, ciudadano estadounidense que es capataz en la desmotadora de algodón. “Todos sólo ven la televisión para saber qué está pasando con la ley”.

Los agricultores de Georgia están reduciendo la siembra de primavera. Algunos pequeños agricultores advirtieron que podrían quebrar si sigue bajando la mano de obra disponible. Dado que la agricultura es la actividad más importante del estado, el Consejo de Agroempresas de Georgia ha sido ruidoso al expresar sus quejas al gobernador republicano Nathan Deal.

King, el defensor de leyes estatales más restrictivas, dijo que un fallo de la Corte Suprema a favor de Arizona provocaría un “suspiro de alivio” en Georgia, al darle al estado mayor confianza en que pisa terreno jurídico firme.

Sin embargo, Eason y otros agricultores en la región, muchos de los cuales se describen como conservadores, se sorprendieron al darse cuenta que esperan que la Corte Suprema no amplíe el ámbito de los estados. “Necesitamos la mano de obra”, dijo Eason. “Necesitamos que el gobierno federal controle a los extranjeros indocumentados”.