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Colombia es un país exótico en muchos aspectos. Por ejemplo, mientras hay comités legalmente conformados que le niegan la posibilidad de quitarse la vida a quien pide que le dejen morir, hay quienes insisten en acabar un acuerdo de paz para regresar a un conflicto armado en el que se pueda matar a los enemigos, y el Estado se muestra incapaz de impedir que cada semana ocurran dos masacres en las que pierden la vida personas que no han pedido morir.
El tema de la eutanasia se puede discutir desde una perspectiva religiosa o jurídica, pero de manera independiente, sin mezclarlas. Las épocas en que la religión ostentaba también el poder terrenal ya quedaron atrás, y también aquellas en las que dejaba en manos del brazo secular el ajusticiamiento de los condenados por la Santa Inquisición para no manchar sus manos de sangre. Respeto el argumento de fe conforme al cual solo Dios puede disponer cuándo y cómo mueren los seres humanos porque son parte de su creación, pero no me parece bien que se recurra al poder terrenal de la ley para apuntalar esa afirmación. La labor de persuadir a la gente de que el suicidio o la eutanasia constituyen pecados de extrema gravedad debe estar soportada en argumentos religiosos; se puede resaltar que se trata de conductas que la Iglesia califica como pecados especialmente graves, y advertir que quien incurra en ellas recibirá un castigo en el más allá. Pero no es correcto afirmar que por ese solo hecho la ley terrenal debe castigar esos comportamientos.
En el ámbito social la vida es mucho más que un conjunto de funciones biológicas, lo cual también es predicable de las plantas y de los animales. La convivencia en sociedad implica, ante todo, administración de libertades. El individuo cede parte de la suya en favor de la comunidad para mejorar el bienestar de todos, y esta se compromete a respetar el fuero interno de cada uno de sus integrantes; siempre que no se interfiera en los derechos de los demás, nada hay más personal e íntimo que disponer de la forma como se vive. Nuestra Constitución no se limita a garantizar la conservación de las funciones vitales, sino que va mucho más allá al erigir como derecho fundamental la dignidad de la persona, es decir, la potestad de que su existencia terrenal transcurra decorosamente, con la capacidad de disfrutar de ella, y no reduciendo el cuerpo a la condición de una tormentosa prisión en aras de privilegiar un conjunto de funciones vitales que, despojadas de su trascendencia social, carecen de sentido para el ser humano.
Por estos días avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca reglamentar la eutanasia, siguiendo en ello los lineamientos trazados hace ya muchos años por la Corte Constitucional. Es una antigua deuda que tenemos con nuestra sociedad; el Estado debe ocuparse menos de inmiscuirse en el ámbito privado de quienes, aquejados por dolencias difíciles de sobrellevar para ellos, quieren dejar de vivir, y preocuparse más por proteger a tantas otras personas que no quieren morir y, sin embargo, semanalmente caen abatidas por las balas asesinas en una espiral de violencia cuyas causas siguen sin ser controladas.
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