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La crisis económica en Venezuela es innegable y entre las causas que llevaron al país a este estado de precariedad y escasez están, indiscutiblemente, años de políticas estatales desacertadas, como la disminución de crédito a empresarios, el deterioro de la productividad, el déficit público causado por la corrupción política y el aumento de la dependencia de las importaciones. Pese a ser uno de los países más prósperos de la región, el colapso de su economía solo es comparable con los casos de Zimbabue y los países de la antigua Unión Soviética a inicios de la década de 1990. Sin embargo, expertos coinciden en que un factor externo ha contribuido a agravar la dramática situación venezolana en los últimos dos años: las sanciones extranjeras.
A principios de octubre, los cancilleres de los países integrantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), dentro de los que destacan los representantes de Colombia y Estados Unidos, acordaron imponer mayores sanciones a Venezuela. Asimismo, un órgano preparatorio del Consejo de la Unión Europea anunció un proyecto que incluye nuevas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Estas se suman a otra docena de medidas aplicadas a Venezuela en los últimos dos años. Pero, aunque no es su objetivo, ¿pueden estas sanciones afectar al pueblo?
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas reconoció, el 26 de septiembre pasado, que “las medidas coercitivas unilaterales” impuestas a Venezuela “han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y la situación humanitaria del pueblo venezolano”. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, también reconoció que la situación económica de Venezuela “ha sido exacerbada por las sanciones y la actual crisis política, económica, social e institucional es alarmante”. Vea también: Las sanciones contra Venezuela tienen una verdad incómoda
El recién nombrado jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, manifestó que las sanciones que apuntan a sectores económicos, como lo hace Washington, golpean al pueblo venezolano, que ya se encuentra al borde de “la extenuación y la miseria”. Economistas como Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, advierten que las sanciones a Venezuela reducen la disponibilidad de alimentos y medicamentos en el país, y aumentan la hambruna, la exposición a enfermedades y la tasa de mortalidad.
En un informe del Centro de Economía e Investigación de Políticas (CEPR por su sigla en inglés), ubicado en Washington, Sachs y Mark Weisbrot —también economista y codirector de este instituto— explican que “las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía de Venezuela y, por lo tanto, llevar al cambio de régimen”, pero esta es “una política infructuosa, despiadada, ilegal y fallida, que causa graves daños al pueblo venezolano”. Según dice, las sanciones habrían incidido en la muerte de unas 40.000 personas en los últimos años.
Tras un examen a los últimos dos años de sanciones y al impacto en la vida y salud de los venezolanos, se señaló que los bloqueos estadounidenses impidieron que el gobierno venezolano pudiera reestructurar su deuda externa y que aliviara su economía interna luego de la prohibición de acceso al mercado de deuda y acciones de EE. UU. Además, casi la totalidad de las divisas de Venezuela se obtienen a través de los ingresos que deja la exportación de petróleo, pero las sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) redujeron las ganancias del gobierno y, por ello, también las importaciones de bienes esenciales como medicamentos y otros productos básicos. Le puede interesar: Colombia quiere más sanciones para propiciar un cambio en Venezuela
El gobierno de Donald Trump no solo bloqueó las importaciones de petróleo venezolano a su país y las transacciones de estadounidenses con la compañía Pdvsa, lo que no solo golpeó fuertemente a la petrolera, sino que también presionó a otros países para que no compraran el petróleo venezolano. En 2018, EE. UU. prohibió realizar transacciones relacionadas con criptomonedas emitidas por el gobierno venezolano, con su deuda o con sus reservas de oro, cerrando así un ciclo de rígidas sanciones que dejaron a Maduro sin campo de operación, y aunque aumente el salario mínimo en 375 %, como lo hizo esta semana, el mandatario no podrá aliviar la economía de la nación. “Es importante tener en cuenta que estas amenazas son efectivas porque el gobierno de Estados Unidos puede sancionar a las instituciones financieras extranjeras que desobedezcan sus instrucciones”, recalca el informe del CEPR.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha usado su poder económico y los organismos financieros creados tras el acuerdo de Bretton Woods para sancionar a las naciones que no están alineadas con sus intereses económicos, ideológicos o estratégicos. Estados Unidos tiene sanciones vigentes contra más de 7.000 compañías, individuos o agrupaciones, así como a más de dos docenas de países, entre los que destacan, además de Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte, Irak, Zimbabue, Siria, Bielorrusia, República del Congo, Sudán, Sudán del Sur, Libia, Costa de Marfil, Líbano, Yemen y Rusia, entre otros. El caso iraní, el cubano y el norcoreano también ilustran cómo estas medidas pueden afectar a la población.
“El poder sancionador de Estados Unidos ignora las leyes internacionales de derechos humanos y representa una amenaza para el mundo”, resaltaron Kevin Cashman y Cavan Kharrazian, asociados del Centro de Investigación Económica y Política en Washington.
Las sanciones contra Corea del Norte llegaron en la década de 1950 y desde entonces han obstaculizado las actividades de agencias y fundaciones humanitarias. Pero lo más destacado es que la prohibición para importar una serie de bienes ha impulsado el crecimiento del contrabando. Esto significa que más proveedores están cobrando tarifas de riesgo en el trayecto de los productos, lo que encarece el costo de los bienes haciéndolos inaccesibles para el ciudadano común. Según un artículo de “The New York Times”, a raíz de las sanciones “algunas fábricas han cerrado debido a la falta de materia prima, los pescadores han abandonado sus barcos y las unidades militares han recurrido a vehículos de carbón e incluso bueyes para el transporte”. Pese a estas circunstancias, las sanciones no han arrojado ni el más mínimo indicio de que el pueblo deje de apoyar al régimen.
En Irán, las sanciones estadounidenses también se han dirigido al petróleo y se han extendido a otros sectores, como la industria de navegación y aviación y el sector bancario y, así como a Venezuela, el comercio del oro y metales preciosos. Según el relator especial de la ONU, Idriss Jazairy, las medidas han impactado negativamente la vida de los ciudadanos iraníes.
“Significó el deterioro del bienestar general de las personas y en la disminución de su capacidad para acceder a las necesidades de una vida estándar, como alimentos nutritivos, atención médica y medicina. Las sanciones a la banca, el sistema financiero y el envío llevaron a la escasez de medicamentos de calidad que salvan vidas. Los impactos fueron más inmensos en la vida de los pobres, pacientes, mujeres y niños”, señaló el “International Journal of Health Policy”.
El rial ha perdido casi el 60 % de su valor frente al dólar tras las sanciones, y el precio de productos básicos como leche, té, frutas y verduras se ha disparado, generando grandes colas en las tiendas subsidiadas por el gobierno. El mercado inmobiliario también se ha visto afectado: los costos de vivienda aumentaron en un 20 % en el último año, así como los servicios médicos. Irán, como Venezuela, tampoco encuentra compradores para su petróleo en el mercado abierto, así como no puede comprar alimentos o medicinas en el mercado exterior.
Por otro lado, Cuba, que ha sido golpeada por décadas de bloqueo estadounidense, anunció en el primer cuarto de 2019 que se vería forzada a racionar compras de alimentos básicos como pollo, huevos, arroz, fríjoles y jabón, debido a las sanciones de Estados Unidos, ya que la economía venezolana, de la que recibe apoyo, se ha visto fuertemente afectada.
Además de los efectos sobre la población, cada sanción se convierte en un elemento que Maduro usa como trinchera para defenderse. Las sanciones de Estados Unidos le están proporcionando al líder oficialista una excusa para continuar con su gobierno. A mitad de 2019, por ejemplo, Maduro señaló que Trump quería destruir las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), cajas con productos básicos que distribuye el chavismo (a cambio de respaldo político al gobierno), lo que despertó la ira de su base chavista.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, dice que está trabajando con el gobierno estadounidense para que, efectivamente, las sanciones no golpeen al pueblo venezolano en el futuro sino solo a los altos mandos del oficialismo. Esto a raíz de la decisión de Adobe de vetar a sus usuarios en el país.
La compañía de aplicaciones Adobe Systems Incorporated anunció que suspenderá los servicios a sus usuarios y clientes en Venezuela a partir del 28 de octubre próximo, una medida que toma a raíz de las sanciones que la administración estadounidense impuso a las autoridades en Venezuela. No es la primera empresa que, para evitar multas u otros castigos del Departamento de Estado, cumple la orden de Donald Trump y suspende relaciones comerciales. También los jugadores de béisbol venezolanos terminaron vetados de las Grandes Ligas por dichas prohibiciones.
El mes pasado, la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA) también dijo que “por precaución cerraría cuentas de venezolanos”. ¿La razón? “Para no correr riesgos”.
A pesar de eso, la oposición venezolana en Estados Unidos ha pedido con urgencia en diferentes organizaciones el recrudecimiento de las sanciones y le ha exigido a Europa que entre en el juego de presionar a Maduro. “No es posible que Europa sea el santuario de los testaferros de Maduro y su entorno, y de quienes han robado el dinero de todos los venezolanos”, recriminó Julio Borges, responsable de las Relaciones Exteriores del equipo de Guaidó.
Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo este lunes desde Costa Rica, que “nuestros países deben ser más consecuentes en la aplicación de sanciones a la dictadura; que no sea solo trabajo de Estados Unidos, Canadá o Europa (que ya han impuesto sanciones), es necesario que los países latinoamericanos ejecuten sanciones que afecten a la dictadura venezolana”.
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