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Cuando a Dilian Francisca Toro le preguntan por su candidatura a la gobernación del Valle, dice que apenas tiene un voto seguro —el de ella misma— y que el resto se los está ganando a pulso. Lo cierto es que es una de las políticas más poderosas de la región. En 2015, ganó con 508.006 votos, con una ventaja de casi 200.000 frente a su contendor Christian Garcés.
Y a estas elecciones llega sobrada después de haber renunciado a la presidencia del Partido de la U para repetir mandato, aunque nunca haya dejado de mover influencias en su sucesora y una de sus más íntimas amigas, la saliente gobernadora Clara Luz Roldán, quien llegó al poder en 2019 con una aireada ventaja y con 945.238 votos, casi 800.000 más que su contrincante en ese momento, Griselda Restrepo.
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Una de sus banderas para esta campaña ha sido el tema de la movilidad y el transporte en el Valle, un sector en el que Dilian no es desconocida ni novata, pues tiene cercanía hace varios años con los Jurado Donneys, una familia de empresarios que tiene gran parte del monopolio de los transportes en el departamento. Uno de los hombres más conocidos es Ramiro Jurado Donneys, gerente de la empresa de buses Coomoepal y quien integró la junta directiva del GIT Masivo (una de las empresas de los buses del MIO en Cali).
Jurado no es primerizo en la política, aunque en 2011 intentó llegar a la alcaldía de Cali, su candidatura nunca despegó. Sin embargo, a través de sus empresas ha financiado a varios políticos del Partido de la U. Según lo que reportó Dilian Francisca para su candidatura a la gobernación en 2015, dos empresas de Jurado le aportaron $200 millones ($100 millones a través de Agrotropic de Colombia S.A. y el resto a través de Socoreval S.A.). En ambas compañías, Ramiro Jurado aparece como representante legal.
Lo que Dilian no reportó como un conflicto de intereses es que, según el artículo 2 del Estatuto Anticorrupción, ningún financiador que entregue más del 2 % del tope permitido para financiar campañas políticas puede beneficiarse de contratos con la entidad que llegue a dirigir el candidato que apoyó. En el caso del Valle del Cauca, el tope para recibir contratos y no infringir la ley era de $ 88.807.007. Sin embargo, Jurado casi duplicó esa cifra, como se puede observar en los aportes de los documentos anteriores.
Aunque la financiación por sí misma no es ilegal, lo que sí podría generarle un claro conflicto de intereses es que ese financiador se benefició de un contrato el 8 de julio de 2019, a través de la Unión Temporal Especiales S.E.D. firmado por la secretaría de Educación departamental. Esa UT estaba conformada por Transrecreativos S.A.S. (representado por Pedro Nel Bocanegra Andrade) y la Sociedad Comercial y Residencial Valle del Lili (Socoreval), la empresa de Jurado Donneys. El representante legal de la UT era Diego Fernando Hurtado Espitia.
De acuerdo con lo reportado en el Secop, el contrato tenía como fin prestar el servicio de transporte de pasajeros de la secretaría de Educación en área urbana y rural del Valle y costaría $148.500.000, aunque apenas dos meses después se incrementó el valor del contrato a $222.825.000; según los documentos, la adición fue para “transporte escolar en el contrato de transporte especial de pasajeros de la secretaría de Educación”.
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Lo que no quedó específico en el contrato ni en el acta de liquidación es a qué se referían con “transporte escolar”, pues en los documentos no quedó establecido que fuera para traslado de personas a instituciones educativas y no quedó claro si se referían a un servicio contratado únicamente para funcionarios públicos de esa cartera.
Este diario contactó a Ramiro Jurado por el contrato recibido, y el empresario confirmó haber participado de la contratación departamental, pero aseguró que eso no interfería en su ejercicio como financiador. “Nosotros somos empresarios de más de 60 años de experiencia y hemos financiado varias campañas, no creo que eso haya superado el 2 % que indicas”. Además, aseguró que ese proceso de contratación se realizó a través de licitación pública, aunque según los documentos cargados en el Secop, fueron los únicos oferentes.
Para Sandra Martínez, directora de programa de Transparencia por Colombia, “aunque puede no haber un ilícito, sí hay un interés específico en favorecer empresas que participaron en su financiación de campaña. Si ella como gobernadora no lo reportó en su momento o no se declaró impedida frente a esa contratación, hay una falta a la ética pública y la transparencia de los mismos funcionarios”.
De hecho, aunque en los documentos radicados para ese contrato en 2019 en la representación legal de Socoreval aparecía, en su momento, Johanna Alzate Cardona, ese nombre cambió tiempo después en el Registro Único Empresarial y Social, RUES. En esa plataforma, la empresa Socoreval sigue apareciendo a nombre de Ramiro Jurado como representante legal y gerente general.
El nombre de Johanna Alzate Cardona vuelve a aparecer, pero en la junta directiva de la empresa de transporte Gran Farallones S.A.S., una compañía en la que son socios la familia Jurado, a través de Víctor Hugo Jurado Donneys (hermano de Ramiro) y Juan Carlos Jurado Quiroz.
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Incluso, uno de los integrantes de la junta directiva de Gran Farallones es Diego Fernando Hurtado Espitia, el mismo que firmó los documentos del contrato con la gobernación del Valle como representante legal de la Unión Temporal Especiales S.E.D.
La respuesta de Dilian Francisco Toro
De hecho, este diario consultó a la candidata Dilian Francisca Toro para conocer su versión por el caso, quien aseguró que “revisando la documentación que aparece en la plataforma, quien funge como representante legal de dicha UT es Diego Fernando Hurtado; en ese orden, y verificados los libros contables de la campaña del 2015, el señor Diego Fernando Hurtado no aparece como aportante de la misma”.
La candidata a la gobernación, en la respuesta enviada a El Espectador, no mencionó que la UT a la que le entregó el contrato estaba conformada, en parte, por Socoreval, una de las empresas de Ramiro Jurado, su financiador. “Es importante señalar que en mi gobierno generé como directriz que la contratación se realizará primando la selección objetiva a través de procesos de licitación y concursos de méritos, siendo la excepción la contratación directa”, contestó.
También aseguró que en cada secretaría hubo delegación de los procesos contractuales para “verificar los requisitos y condiciones técnicos y jurídicos en cada contratación. El contrato al que usted aduce, según el Secop se celebró con la Unión Temporal Especiales S.E.D., en el 2019, bajo la modalidad de selección abreviada, información verificable en la misma plataforma de contratación”.
No obstante, la candidata no respondió por qué uno de sus financiadores -que había superado el tope máximo de aportes a la campaña que le impedía recibir contratos, según la Ley-, se benefició de esta contratación a través de una Unión Temporal en la que él mismo reconoció haber participado.
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Sobre su candidatura actual, Toro Torres ya ha reportado parte de sus gastos de la campaña en el aplicativo de Cuentas Claras. Allí aparece un reporte de donación por $54 millones de la empresa Metrovía S.A.S., una compañía que comercializa vallas publicitarias en el país y con gran presencia en el departamento.
El gerente de Metrovía es Hember Moreno Patiño, quien se hizo famoso luego de que se conociera que es el propietario del predio, en el corregimiento de Dapa, en el que vive en arriendo la vicepresidenta Francia Márquez junto a su familia. Metrovía es una empresa recurrente en la financiación de políticos. En la campaña pasada para el Congreso a la República, apoyaron económicamente a candidatos cercanos al petrismo como Álex Flórez, Alexander López, Roy Barreras, entre otros.
Lo que llama la atención es que, según el más reciente reporte de donaciones y créditos de la campaña actual de Dilian Francisca Toro, aparece el nombre de Guillermo Serrano Plaza, excandidato a la alcaldía de Palmira por firmas y quien, según el reporte, le habría dado a modo de “crédito” $500 millones a Toro para su campaña. Serrano fue el secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la gobernación del Valle en 2016.
Y aunque este año intentó sumarse a la carrera a la alcaldía de Palmira por firmas, políticos y exfuncionarios de ese municipio aseguran que Dilian le retiró los apoyos para sumarlos a la campaña de Víctor Ramos, su candidato oficial para esa alcaldía. En junio de este año, pocas semanas antes de que cerraran las inscripciones ante la Registraduría, Serrano renunció a su candidatura y ha apoyado, al menos a través de sus redes sociales, a Ramos.
Víctor Ramos es un viejo conocido de la matrona política, pues en 2016 integró la junta directiva de Indervalle cuando ella era gobernadora, como representante de las Ligas Deportivas. De hecho, ese es el candidato que va punteando en intención de voto, según la encuesta MM Consultor, con un 19,16 % de favorabilidad; aunque en esa medición el voto en blanco ocupa el 48,4 %. En un escenario como ese, las elecciones en ese municipio deberían repetirse con nuevos candidatos.
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El zar del transporte con Clara Luz Roldán
Los pasos del zar del transporte en el Valle no se fueron con la salida de Dilian de la gobernación. En 2019, la candidata de Toro para sucederla fue Clara Luz Roldán (su ex gerente de campaña), quien finalmente fue elegida gobernadora y que nunca ha negado su cercanía personal con la exmandataria, desde tiempos en los que Clara Luz trabajó en Coldeportes bajo la administración de su amiga.
El apoyo los empresarios del transporte en la región fue tan incondicional con Toro, que Víctor Hugo Jurado Donneys, hermano de Ramiro Jurado Donneys, es uno de los nombres que más se repite en sus reportes de gastos de campaña. Aunque, según el documento, no hizo donaciones, sino que le otorgó dos “créditos”, uno por $200 millones y otro por $50 millones.
Uno de los vacíos que tiene la ley, según Sandra Ximena Martínez, de Transparencia por Colombia, es que los aportes a modo de créditos no están regulados. “Además de un banco, una persona natural o jurídica puede prestar dinero para una campaña, pero el agravante es que la ley dejó un vacío sobre los topes. Mientras que en donaciones no puede superarse el 10 % de todo el dinero utilizado, la ley de financiamiento dice que los créditos pueden ser hasta por el 100 % de todo los gastos de campaña”.
Para ella, eso configura un vacío al momento de hacer control ciudadano, entre otras cosas, porque “genera más conflicto un crédito que una donación, porque en el primero no hay forma de hacer seguimiento y ver cómo se pagó el préstamo”. Y como eso no está regulado, no es posible hacer trazabilidad a los créditos para identificar si el candidato realmente los pagó o si se trataron realmente de donaciones.
Por lo pronto, Juan Carlos Jurado Quiroz, otro familiar, se sumó a la campaña de Clara Luz Roldán también a través de créditos, con $25 millones. Jurado Quiroz es socio de Gran Farallones S.A.S y ha tenido siete contratos con la alcaldía de Cali, bajo la administración de Clara Luz Roldán a la gobernación del Valle.
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Tres de ellos fueron en el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y que sumaron más de $34 millones, dos de ellos con la secretaría de Movilidad para apoyar en proyectos para mejorar la red semaforizada y regular el tránsito en la ciudad: ambos por $22 millones y dos más en la secretaría de Gobierno, por más de $26 millones.
El Espectador también buscó la versión de la gobernadora Clara Luz Roldán, pero hasta el cierre de esta edición, su jefe de prensa aseguró que todavía no tenían una respuesta oficial al cuestionamiento.
Lo que han propuesto desde Transparencia por Colombia para hacer veeduría a esos aportes bajo la modalidad de donaciones o préstamos es que, en una eventual reforma política, el Consejo Nacional Electoral exija conocer las declaraciones de renta de la Dian de las personas o empresas que financien las campañas. “Es una forma de hacer trazabilidad y ver si las personas realmente tienen los recursos que dicen prestar o que dicen donar para un candidato”, aseguró Martínez. Pero mientras no exista, sigue siendo un acto voluntario y de transparencia de cada político.
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Por Valentina Parada Lugo
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