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Luis Emilio Pérez Gutiérrez, un curtido político paisa, dice con seguridad que no va a repetir gobernación, sino que hará el doble por Antioquia. Bajo su movimiento político —sin personería jurídica— “Colombia piensa en grande” y con la bendición del ASI (Alianza Social Independiente), Pérez se sigue abriendo camino y es una de las opciones que más suena, después de Andrés Julián Rendón, el candidato del Centro Democrático.
En la campaña para su primera gobernación en 2015, Pérez recibió avales de varios partidos como el Liberal y Cambio Radical, que respaldaron la candidatura con la que llegó al poder. Sin embargo, en esta campaña esos grandes movimientos políticos le dieron la espalda, empezando por Cambio Radical, que en cabeza de Germán Vargas Lleras anunció que no le darían coaval en su aspiración. Y los “rojos”, que en el pasado lo apoyaron, están impulsando la candidatura de Julián Bedoya.
Lo cierto es que los grandes protagonistas de la candidatura de Pérez, hasta ahora, han sido los empresarios que desde su primera campaña política lo han respaldado. Y su familia, que igual que en 2015, aparecen como sus máximos donantes y aportantes. En ese momento, reportó en el aplicativo de Cuentas Claras haber recibido aportes por más de $114 millones de empresarios antioqueños de diversos sectores que le ayudaron a financiar su carrera política.
(Vea la primera entrega de este especial periodístico: El contrato que le entregó Dilian Francisca al ‘zar’ del transporte que la financió)
En ese momento, uno de sus mayores financiadores fue el mismo partido Cambio Radical, que le dio a la campaña $194 millones. Pero hay otros nombres de financiadores que llaman la atención porque recibieron contratos durante su administración, como la Funeraria San Vicente S.A., que aportó $20 millones a esa campaña y recibió cinco contratos durante el mandato de Pérez.
Uno de esos contratos, por $23,4 millones, lo firmó la secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín para prestar el servicio de inhumación a población vulnerable. En Medellín, únicamente, hay 230 empresas que prestan servicios funerarios para el Valle de Aburrá, pero la Funeraria San Vicente es dirigida por Luis Fernando Arango Madrid, el presidente del sector funerario ante la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco).
Bajo el mandato de Pérez también prestaron el servicio de incineración de servicios patológicos en varios hospitales distritales y prestaron auxilios funerarios para personas de escasos recursos en municipios pequeños como Yarumal.
Según el aplicativo de Cuentas Claras, esa funeraria también financió en esas elecciones a políticos de otros partidos como Óscar Darío Pérez (Centro Democrático), Carlos Alberto Zuluaga (Partido Conservador) y Gabriel Jaime Rico (de la U). En total, en el cuatrienio del 2015 al 2019, recibieron contratos por más de $1.600 millones por parte de diferentes entidades en el departamento y a nivel nacional, como el Ejército Nacional.
(Lea también: Las sombras de políticos condenados y capturados que rodean las campañas regionales)
Sin embargo, lo que más llama la atención de sus reportes de gastos y cuentas es que varios de sus aportantes, tanto en la campaña pasada como en la actual, son sus familiares. Mario de Jesús Pérez Gutiérrez, uno de sus hermanos y quien más ha sonado en medios de comunicación por haber sido su socio en la compra de una propiedad de 700.000 metros cuadrados en febrero de 2007, que está bajo la mira de la Fiscalía por, supuestamente, haber sido propiedad, en 2004, del exparamilitar Carlos Mario García, (Doblecero), según denunció Cambio.
Mario de Jesús Pérez, en 2015, le donó $15 millones a la campaña de su hermano. Y para esta aspiración, hasta ahora, le ha entregado $19 millones “en donaciones en especie”, según sus reportes oficiales, a través de la empresa Aromas de Colombia S.A.S., en la que aparece Mario de Jesús como representante legal.
Sin embargo, a término personal, Mario de Jesús también ha donado, hasta ahora, $20 millones a esta aspiración política. A esos aportes familiares se sumó el de su hermana Martha Lucía, quien aportó $15 millones, y Darío de Jesús, que entregó $10, según los reportes.
Pero ellos no son los únicos familiares en hacer aportes. También está María Patricia Vallejo Agudelo, una de sus cuñadas, quien le entregó como “crédito” más de $188,6 millones para su campaña política en 2015.
María Patricia Vallejo aparece como propietaria junto a Luis Emilio Pérez y otros familiares de un predio en la vereda La Guanábana, en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Según la escritura pública del inmueble, hasta 2018, el predio aparecía como vendido por la familia Pérez a la empresa Inversiones Palo de Rosa S.A., una compañía que está en liquidación desde 2019.
Para Sandra Ximena Martínez, de Transparencia por Colombia, uno de los riesgos de la financiación a través de familiares, amigos y cónyuges, “es que el Consejo Nacional Electoral no hace una verificación del origen de esos dineros y ni siquiera pide pruebas que acrediten que esas personas tienen el capital para hacer esos aportes o créditos”.
(Vea también: Familia y aliados de Alejandro Char terminaron con contratos en sus dos alcaldías)
Según ella, ese vacío en la ley hace que, bajo la figura de aportes de familiares o amigos, “se puedan consolidar empresas familiares en el poder político. El marco normativo en Colombia lo permite y eso abre un montón de ventanas para que familias de empresarios se perpetúen en el poder con una ventaja mucho mayor a la de los candidatos que empiezan de ceros”.
Además, Martínez también advierte que esa figura supone un riesgo adicional. “No se sabe qué origen tuvieron esos dineros porque no hay forma de rastrear el historial económico de los familiares o amigos, a menos de que sean funcionarios públicos, entonces se puede hacer cualquier tipo de trámite de legalización de recursos con esa figura”.
Otra de las compañías que aportaron económicamente a su campaña en 2015 fue Inversiones Castaño LJ y Cia, una empresa cuyo representante legal es el excongresista liberal Luis Javier Castaño Ochoa, quien fue condenado en los años 80 por narcotráfico y lavado de activos. A través de esa empresa, le dieron a modo de crédito $200 millones.
Este diario consultó al candidato para obtener su versión sobre estos hechos, pero hasta la publicación de este artículo no habían emitido una respuesta. De su oficina de prensa aseguraron que, en los próximos días, emitirían algún pronunciamiento.
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Por Valentina Parada Lugo
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