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Cuando el presidente Iván Duque decidió objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo hizo porque, según sus convicciones, “el Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad, sin haber agotado todos sus esfuerzos para encontrar justicia y verdad”.
Argumentos que mantiene firmes el primer mandatario, quien en el acto de instalación del 62 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Barranquilla, les pidió a los magistrados del alto tribunal internacional que se exija que haya justicia proporcional para que no se construya impunidad frente a delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra graves.
“Mi llamado, apreciados magistrados, es a que en sus interpretaciones y en sus pronunciamientos, también se exija, por parte del Sistema Interamericano (de Derechos Humanos), una pena mínima con sanción proporcional a quienes han cometido los delitos más abominables en todo el hemisferio”, expresó.
Y es que según Duque, es necesario que la “Corte exija que tengamos justicia proporcional, para que no se construya impunidad frente a delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra graves”, particularmente en los países donde se han adelantado procesos de paz “bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
En ese sentido, advirtió que la impunidad puede “terminar generando una gran frustración en los países y, lo que es peor, un sentimiento de falta de aplicación efectiva de la justicia por parte de las víctimas”.
El jefe de Estado hizo igualmente un llamado a los magistrados de la CIDH a que en sus pronunciamientos e interpretaciones se establezcan “condenas abiertas y públicas” contra los actores armados y criminales que atentan contra los ciudadanos en los países del hemisferio.
Según indicó, “históricamente” el Sistema Interamericano ha asignado responsabilidades a los estados por acción y por omisión, frente a las acciones de grupos criminales, pero esa “interpretación” se podría “afinar” si se tiene en cuenta la situación que se está viviendo en materia de crimen organizado en la región, donde “tenemos organizaciones criminales, peligrosas, transnacionales y amenazantes”.
“Eso no es para eludir la responsabilidad por parte de los estados, sino es, también, para que en el marco del Sistema Interamericano se pueda condenar, así sea con la sola mención de la existencia de esos grupos armados, y que, también, se insista que haya mecanismos transnacionales de sanción efectivos”, concluyó Duque.
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