Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El equilibrio entre los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el desarrollo económico del país es un tema de nunca acabar. Lograr el consenso para la protección de los primeros, sin frenar el crecimiento de los segundos, es una tarea que, hasta ahora, les ha quedado grande históricamente a todos los gobiernos. Pese a los diferentes planes para lograrlo, unos que datan de 1973 y otros de 1995, la disputa sigue vigente. En la Corte Constitucional y el Consejo de Estado cursan dos expedientes diferentes que podrían definir, de una vez por todas, el punto medio y conseguir el tan anhelado equilibrio.
Por un lado, al despacho del consejero Roberto Augusto Serrato llegó hace dos semanas una demanda en contra del decreto 1500 de 2018, mediante el cual el gobierno de Juan Manuel Santos estableció una lista de normas y cambios para lograr la protección de los indígenas de las comunidades de arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos. Un día antes de dejar la Presidencia, Santos dispuso que el amparo de sus territorios sagrados debía ser sobre toda la tierra y “no únicamente en lugares aislados” y, en consecuencia, para realizar proyectos de infraestructura, mineros o de cualquier tipo, debían primero preguntarles a las comunidades si estaban de acuerdo o no, mediante una consulta previa.
(En contexto: El polémico decreto de la Línea Negra)
Además de ampliar la protección sobre el territorio, el decreto 1500 cambió la organización de esas zonas y pasó a tener 348 puntos sagrados, cuando originalmente solo había 54. Esta delimitación se conoce como línea negra, una especie de frontera invisible que simboliza “las conectividades y funciones armónicas e integrales del territorio indígena”. En otras palabras, es la delimitación de su territorio ancestral. La nueva organización, una que no se tenía desde 1995, extendió el territorio de protección hasta ciudades como Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) y Valledupar (Cesar), y cobijó 25 municipios, tres corporaciones regionales y tres parques nacionales.
En la demanda contra este decreto, el abogado Yéfferson Mauricio Dueñas Gómez argumentó que se cometieron varios errores en la elaboración de la norma. Por ejemplo, que para hacer la nueva organización no se tuvieron en cuenta documentos oficiales para cambiar el mapa de la línea negra y que, como estos cambios afectan directamente a las comunidades indígenas, el Gobierno debía realizar con ellas una consulta previa. Etapa que, dice el jurista, no se realizó y, por esto y otras irregularidades, el decreto debe anularse. Además de pedir la cancelación, Dueñas solicitó a los magistrados medidas cautelares para suspenderlo, mientras hay una decisión de fondo.
(Le puede interesar: ¿Es imposible proteger el territorio ancestral de la Sierra Nevada?)
La petición de esas medidas ya está en estudio y en los próximos días el Consejo de Estado tiene que decir si las decreta o no. Las implicaciones de esta decisión son problemáticas, pues, además de la protección de los derechos de las comunidades, está el futuro de más de 300 títulos mineros, unos ya emitidos y otros en trámite, más los intereses económicos. Si se llega a caer el decreto, quedarían en una especie de limbo esos proyectos, pues, en teoría, no estarían obligados a consultar a los pueblos indígenas. Y, de nuevo, la protección de sus derechos quedaría en veremos. Además de la trascendencia de esta decisión, al frente del edificio del Consejo de Estado, el debate es igual de álgido.
En los despachos de la Corte Constitucional, los magistrados están a punto de definir un expediente crucial para esta discusión. El alto tribunal seleccionó dos tutelas que interpusieron los arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos que consideran que ni con el decreto 1500 el Estado les está protegiendo su derecho a la consulta previa. Según sus argumentos, existen 132 títulos mineros otorgados desde 1992 que no cumplieron con el requisito de preguntar a las comunidades si estaban de acuerdo o no. En el fondo, lo que los indígenas quieren evitar es la afectación al territorio, ya que, para ellos, la Sierra es el origen de todo lo que hay.
(Le recomendamos leer: (Lea también: Santos y la Línea Negra, columna de César Garavito)
El debate en la Corte está por comenzar. El magistrado ponente, José Fernando Reyes, ya entregó a sus compañeros el proyecto de fallo en el que planteó que, por encima de cualquier cosa, el Estado debe proteger los derechos de los indígenas y que todos los procesos para entregar títulos mineros deben suspenderse mientras no existan reglas claras para la realización de las consultas previas. Aunque todavía no es claro quiénes apoyan a Reyes, se sabe que la discusión tiene como tema transversal la aplicación literal del decreto demandado en el Consejo de Estado, pues, de ser así, las implicaciones serían complicadas en ciudades como Santa Marta, Valledupar y Riohacha.
Según el consejo gremial del Cesar, en cabeza de su presidente, Miguel Villazón, la aplicación estricta de la norma del año pasado podría afectar el desarrollo social y económico de los municipios incorporados en la línea negra, ya que, prácticamente, “para el desarrollo de cualquier actividad, sin sustento técnico ni legal alguno, se requeriría adelantar un proceso de consulta previa”. Esto se traduce en situaciones como que, si se construyeran edificios para vivienda, tendrían que preguntarles. Lo mismo si se quisiera mejorar las vías de las ciudades o inclusive para realizar encuentros políticos o eventos culturales. La posición del gremio es uno de los elementos que enredan la discusión en la Corte.
Sin embargo, para las comunidades indígenas, el debate no se debe enfocar en estas circunstancias, pues lo único que quieren ellos es proteger los recursos naturales de la Sierra. En diálogo con este diario, Jaime Arias, gobernador de la comunidad kankuama, explicó que esa interpretación literal del decreto no es lo que su pueblo busca, dado que sus enfoques “son mucho más profundos que las posiciones de quienes consideran que nos tienen que preguntar por todo, hasta si se quiere hacer el Festival Vallenato. Lo que nos preocupa es la explotación de los recursos naturales y la afectación de estos proyectos a nuestro territorio ancestral y sagrado”.
Expertos y organizaciones académicas le enviaron al alto tribunal conceptos para aportar al debate. Uno de ellos fue de Dejusticia. Una de sus integrantes, Vanessa Daza Castillo, habló con El Espectador sobre la importancia del expediente. Por un lado señaló que los magistrados tienen “una oportunidad inigualable” para ordenar una protección estratégica para un ecosistema único en el mundo, lo cual significaría un hito para la supervivencia, tanto física como cultural, de los pueblos indígenas que han habitado la Sierra ancestralmente. Para lograrlo, dice Daza, la clave está en el mismo decreto 1500 de 2018, que hoy está demandado en el Consejo de Estado.
Allí, explica Daza, se creó una figura que por su nombre denota importancia: mesa de seguimiento y coordinación para la protección del territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para Dejusticia, esa es la clave, pues su principal objetivo es coordinar, de manera integral, absolutamente todo lo que pasa en la Sierra y para dónde va su protección, principalmente con el objeto de asegurar el futuro del territorio y de sus habitantes, y sobre todo para “desburocratizar” las gestiones estatales en la zona, pues allí se juntan tres departamentos y, en consecuencia, las autoridades de los tres son las llamadas a actuar ante cualquier decisión.
En la Corte Constitucional se espera que los magistrados retomen el estudio del expediente esta semana. La expectativa, además, está centrada en que el Consejo de Estado pueda pronunciarse antes del viernes sobre las medidas cautelares que pidió el demandante del decreto 1500. Ambas decisiones serán inéditas en la protección de los derechos de las comunidades indígenas y se convertirán en el mapa de ruta para las próximas generaciones.
Conoce más