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Puede ser difícil aferrarse a la razón entre la niebla del dolor que es la respuesta natural a lo que ha ocurrido en los últimos días en Israel y Gaza.
Pero el derecho internacional nos ofrece un contexto para poder analizar lo que está sucediendo, incluso mientras se siguen documentando las atrocidades y las muertes causadas por la incursión de Hamás y se siguen desplegando las consecuencias del cerco y los bombardeos por parte de Israel en la aglomerada Franja de Gaza, hogar de millones de civiles. Todos los días nos llega información nueva. Se llevará tiempo verificar los detalles, la desinformación ya está muy difundida, y puede ser fácil empantanarse en debates acerca de afirmaciones sin confirmar. Las leyes de la guerra ofrecen una guía de lo más importante y de lo que debería suceder después.
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Hay dos principios especialmente útiles. El primero es que el “porqué” y el “cómo” de la guerra son dos cuestiones legales distintas. La justicia o injusticia del motivo de una guerra no modifica la obligación de pelear de acuerdo con las reglas del derecho internacional humanitario.
El segundo principio relacionado, del cual se deriva gran parte del derecho internacional humanitario, es que los civiles tienen derecho a protección. Los ejércitos y otros grupos armados no pueden atacarlos directamente. Tampoco pueden dañarlos de manera desproporcionada durante la búsqueda de objetivos militares legítimos. Y esas obligaciones se siguen aplicando, aunque el otro bando las viole al atacar a civiles.
‘Garantías para los seres humanos’
Los orígenes de las leyes de la guerra se remontan a siglos atrás. Pero su versión moderna fue una reacción a las guerras mundiales del siglo XX. En 1928, el Pacto de París, un tratado internacional, prohibió casi todos los tipos de guerra. Fue seguido de la Carta de las Naciones Unidas de 1949 y 1977 y luego por el desarrollo ulterior del derecho penal internacional en la segunda mitad del siglo XX, que originó el establecimiento del Tribunal Penal Internacional en 2002.
La legislación que rige cuándo los Estados pueden usar la fuerza militar se conoce como “ius ad bellum”, un término latino referente a la ley que regula el uso de la fuerza en el marco internacional.
En la actualidad, esta ley es muy estricta y prohíbe, en suma, que los países empleen la fuerza uno contra otro si no es en defensa propia, señaló Oona Hathaway, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale y coautora de “The Internationalists: How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World”.
“Anteriormente, los países podían entrar en guerra casi por cualquier motivo”, comentó Hathaway. “Podían ir a la guerra para cobrar alguna deuda o como respuesta al robo de esposas. También porque el otro bando estuviera interviniendo en sus relaciones comerciales. Pero eso ya no es así”.
No obstante, independientemente de que existan motivos legítimos para usar la fuerza, se sigue esperando que todas las partes en conflicto sigan el derecho humanitario que norma la conducción de la guerra en sí, conocido como “ius in bello”: el derecho que rige la conducción de las hostilidades, comentó la jurista.
Cualquier persona que recientemente haya pasado mucho tiempo en las redes sociales habrá visto gente que mezcla la justeza del conflicto en sí con la justeza de la manera en que se está llevando a cabo. Parece que algunas personas justifican la matanza de civiles israelíes basándose en que está mal la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel, mientras que otras, al parecer, minimizan el asesinato de civiles palestinos en bombardeos basándose en que Israel tiene derecho a defenderse del ataque.
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Tratar los motivos y el comportamiento como dos aspectos diferentes, como lo hace el derecho, es una manera de fijar con claridad el centro de atención en la complejidad de la guerra y los aspectos políticos que hay detrás, sin perder de vista el humanitarismo compartido en todos los bandos.
Ese mismo objetivo orientó el desarrollo de las leyes de la guerra. “El derecho internacional tradicionalmente ha separado las dos cosas en un intento por proteger a la población en guerra, sin importar la justificación del empleo inicial de la fuerza”, señaló Monica Hakimi, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia. “Querían asegurarse de que ambos bandos estuvieran igualmente protegidos en la guerra para lograr que la misma fuera lo menos cruel posible”.
El principio fundamental de “ius in bello” es que los civiles no pueden ser el blanco de objetivos militares ni ser lesionados de manera desproporcionada como medio de alcanzar un objetivo militar. Eso es así independientemente de la legalidad del conflicto subyacente y de si el bando contrario ha violado el derecho humanitario.
“La manera más sencilla de pensar en eso es solo que las garantías son garantías para los seres humanos”, explicó Tom Dannenbaum, profesor en la Escuela Fletcher de la Universidad Tufts especialista en Derecho Internacional Humanitario.
“Muchos de esos seres humanos no tienen nada que ver con las violaciones del Estado ni de los grupos armados no estatales con los cuales están relacionados de alguna manera”, comentó Dannenbaum quien señaló además que no tendría sentido reducir o eliminar los derechos civiles como reacción al comportamiento de los grupos armados que ellos no controlan.
Civiles bajo fuego
De acuerdo con el gobierno israelí, Hamás ha matado a más de 1.400 israelíes, de los cuales 222 eran soldados. Entre los civiles muertos, hay unos jóvenes que asistían a un festival de música, niños, bebés y ancianos.
“No hay duda”, afirmó Dannenbaum, de que el ataque de Hamás “implica muchos crímenes de guerra contra la humanidad, algunos de los cuales están en curso. No es algo terrible que casi no ocurrió”.
Los agresores también tomaron como rehenes a cerca de 199 personas. Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para derechos humanos, dijo en un comunicado el martes que la toma de rehenes está prohibida por el derecho internacional e hizo un llamado a los grupos armados palestinos para que de inmediato y de manera incondicional liberaran a todos los civiles capturados.
“Hamás está sujeto a las disposiciones básicas del derecho internacional humanitario, pero a menudo las viola”, señaló Hakimi. Actos como el asesinato sistemático y la toma de rehenes son violaciones graves de las convenciones de Ginebra, así como los crímenes cometidos según el derecho penal internacional.
No pudimos comunicarnos con Hamás para que hiciera comentarios, pero Moussa Abu Marzouk, un alto funcionario político de Hamás, afirmó en una entrevista con The Economist el 10 de octubre, tres días después del ataque contra Israel, que este grupo “obedece todas las leyes internacionales y morales”.
En ese mismo comunicado que condenaba la toma de rehenes, Türk, el funcionario de la ONU, planteó serias inquietudes acerca de las acciones de Israel en Gaza. El lunes, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció un cerco total en ese territorio diciendo que no autorizarían “electricidad, comida, agua, ni combustible” en esa franja de 40 kilómetros de longitud que es el hogar de más de dos millones de personas, aproximadamente la mitad de las cuales son menores de 18 años.
“La imposición de cercos que ponen en peligro la vida de civiles al privarlos de lo necesario para su supervivencia está prohibida según el derecho internacional humanitario”, señaló Türk.
Ophir Falk, asesor de política exterior del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, le dijo a The New York Time el jueves que “Israel está actuando en total cumplimiento del derecho internacional, y siempre lo ha hecho”.
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En los últimos días, Israel ha bombardeado con intensidad la Franja de Gaza como parte de una campaña en contra de Hamás que, según un portavoz del Ejército, sería “más fuerte e intensa” que las acciones anteriores en ese territorio. El balance de muertos en este enclave y supera los 2.700.
De acuerdo con el derecho internacional, incluso los ataques a objetivos militares legítimos son ilegales si hay una lesión desproporcionada a los civiles, señaló Hakimi.
Y debido a que Gaza está sitiada y bajo fuertes bombardeos, los civiles tienen pocas vías de escape, aun cuando sean alertados.
“Puede haber desacuerdos acerca de que algo sea o no desproporcionado debido a que se pueden tener desacuerdos sobre el valor de los objetivos militares”, señaló Hakimi. No obstante, según ella, existen límites a esos argumentos y añadió que no sería permisible justificar bajas civiles masivas diciendo, por ejemplo, que su muerte reduciría el conflicto general.
El tema de lo que es proporcionado es una prueba de equilibrio que se tiene que evaluar caso por caso, comentó Hakimi.
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