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La navidad de 2020 fue la más extraña que se haya vivido hasta ahora en Colombia. Por esos días, recién empezaba el segundo pico de contagios de covid-19 y las medidas de aislamiento se endurecieron. El día de las velitas, la Gobernación de Boyacá tuvo que inaugurar el Teatro Boyaquirá Jorge Velosa con un evento casi sin público y con transmisión en directo a través de sus redes sociales.
Ese teatro fue una de las promesas del exgobernador Carlos Amaya, quien hoy aspira de nuevo a ese cargo. La obra fue encargada por el secretario de contratación de la Gobernación a la firma B&V Ingeniería en 2019, a través de una licitación que solo recibió esa oferta. La empresa es propiedad de los ingenieros Jorge Boada y Ricardo Vargas, de ahí su nombre. Según el reporte de Cuentas Claras, B&V Ingeniería donó $50 millones a la campaña de Amaya.
El Espectador habló con Amaya después del cierre de la edición impresa de este artículo y sus respuestas se incluyen en esta versión digital. El candidato explicó que las normas de contratación no obligan a verificar que la manifestación jurada de la empresa sobre la inexistencia de inhabilidades para contratar sea verídica. “Todas nuestras contrataciones se hicieron siempre respetando las normas que regulan la materia”, dijo.
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Contratista y donante
Carlos Amaya fue el candidato del Partido Verde a la Gobernación de Boyacá en las elecciones territoriales de 2015 y fue elegido para el periodo 2016 – 2019 por 235.445 votos, casi el 40% del total, gracias a que logró consolidar una alianza que incluyó al Partido Liberal y hasta la Unión Patriótica. Su campaña recibió aportes por 767 millones, entre donaciones y créditos provenientes de personas jurídicas y naturales.
El aporte de la firma de Boada y Vargas llama la atención porque el artículo 2 del Estatuto Anticorrupción establece que quien contribuya con más del 2% del tope para esa circunscripción no podrá celebrar contratos con la entidad administrada por el candidato que recibió la donación. Para las elecciones de 2015, el tope de gastos en Boyacá fue de $1.751 millones y el límite para contratar era del 2,5%, pero se redujo en 2020.
Eso indica que cualquier persona jurídica o natural que hiciera donaciones por un monto superior a $43.794.792 luego no podría contratar con la entidad para la que resultara elegido su candidato. Con medidas como las contenidas en la Ley 1474 de 2011, o Estatuto Anticorrupción, se busca evitar la “captura” de agentes del Estado por parte de sus aportantes.
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Aún así, en 2018 la gobernación de Amaya abrió una licitación para la adecuación y puesta en funcionamiento del auditorio Jorge Velosa de Tunja, por más de cuatro mil millones, que solo recibió la oferta de la misma empresa que donó en la campaña.
Según los registros que reposan en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), el contrato tuvo una adición de $ 474 millones y una prórroga de 3 meses.
En 2017 hubo otra licitación, también de la Gobernación de Amaya, para el mejoramiento y rehabilitación de la avenida Circunvalar de Duitama, por más de 5.400 millones. En esta ocasión también participó B&V Ingeniería, como parte del Consorcio Vial Tundama.
El Espectador consultó a Transparencia por Colombia sobre si la donación de 50 millones que hizo B&V Ingeniería la inhabilitaba para contratar con la gobernación de Amaya. La ONG explicó que en este caso podría configurarse un conflicto de interés, pero advirtió que tendrán que ser las autoridades quienes determinen si se aplica la inhabilidad contenida en el Estatuto Anticorrupción.
En conversación con este diario, Amaya explicó que en las normas que regulan los procesos de contratación no se incluye una obligación de verificar que los oferentes no hayan aportado más del 2,5% del tope de gastos de la campaña. “No hay un registro público de inhabilidades por haber financiado campañas políticas y la empresa manifestó, bajo gravedad de juramento, que no estaba inhabilitada, así que la contratamos. Si hubiéramos hecho lo contrario, habríamos violado la ley al imponer restricciones que no están dispuestas en ninguna norma”, dijo.
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“Lo que hicimos en la Gobernación fue reactivar varios proyectos que llevaban parados mucho tiempo y logramos terminarlos. En el proceso de contratación con B&V Ingeniería se respetaron todas las disposiciones legales y entregamos obras que hoy disfrutan todos los boyacenses”, agregó Amaya.
Este diario también se comunicó con el ingeniero Jorge Boada; y aunque al cierre de esta edición no había llegado su respuesta, el espacio para conocer su versión sobre estos hechos sigue abierto.
La deuda con Abraham
En el reporte de Cuentas Claras de la campaña de Amaya en 2015 también aparece un aporte de $250 millones hecho por Abraham Suárez Rodríguez. Esa contribución fue marcada como crédito, no como donación. A pesar de que las donaciones pueden causar inhabilidad para contratar si superan el monto establecido, los créditos no tienen ninguna restricción de ese tipo.
Después de prestar ese dinero, Suárez obtuvo contratos de manos de la administración de Amaya. En Secop aparece el registro de 24 de estos procesos entregados por la Gobernación y varias de sus entidades descentralizadas a Abraham Suárez, que suman más de $528 millones.
Según explicó Transparencia por Colombia, en el caso de los aportes marcados como créditos, no hay una regulación específica que determine de qué forma deben pagarse esas deudas y no se establece ninguna limitación para que quien preste dinero a campañas luego reciba contratos. Sin embargo, para la ONG no es claro por qué si una donación que supera el límite establecido genera una inhabilidad para contratar, no pasa lo mismo con los créditos.
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Amaya aseguró que tiene los soportes que prueban que el crédito con Suárez Rodríguez se pagó con el dinero de la reposición de votos y no con ningún contrato entregado por su administración. También dijo que esa información del pago de todas de sus deudas de campaña reposan en el Consejo Nacional Electoral. “Estamos tranquilos ante cualquier solicitud que nos hagan los organismos de control”, agregó. Abraham Suárez no contestó los mensajes ni las llamadas a su teléfono personal.
Mientras el candidato Amaya recorre el departamento sumando apoyos para llegar por segunda vez a la Gobernación, la Fiscalía lo investiga por una denuncia presentada por el concejal de Bogotá Diego Cancino, por presuntamente haber favorecido a contratistas de su círculo cercano en licitaciones de obras viales.
Al tiempo que las pesquisas avanzan, Amaya ha ido sumando apoyos a su nueva aspiración. Ya logró la adhesión de seis partidos, entre los que están, además de Alianza Verde, Cambio Radical, Partido de la U, Dignidad y Compromiso, Colombia Renaciente y En Marcha. La Alianza Verde encargó una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría (CNC) que se publicó el pasado 9 de octubre y que muestra a Amaya a la cabeza con 49% de intención de voto.
Por David Riaño Valencia
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