Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Alejandra Barrios acude a la entrevista con un sinfín de documentos, informes y apuntes. Son días de ajetreo por cuenta de una nueva jornada electoral. Sin embargo, al margen de sus reparos sobre las recolecciones de firmas o el trasteo de votos, no deja de preocuparle la seguridad de los candidatos y los riesgos a los que se enfrentan en las regiones.
La consigna de la MOE es clara: que el Estado garantice que haya aspirantes vivos para el 27 de octubre y que la ciudadanía pueda tomar decisiones libres. En diálogo con El Espectador, su directora advierte por las amenazas al proceso electoral, critica la poca participación de mujeres y opina sobre el recién presentado proyecto de reforma electoral.
Se aprestan a presentar el informe de riesgos electorales, ¿cuáles son las principales conclusiones?
Nos llaman la atención los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC). Entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de julio, cuando finalizó la inscripción de candidatos, tuvimos un número exorbitante de ellos: más de 1.200. Preocupa que, en lugar de ser escenarios de representación ciudadana diferentes a los partidos, han servido para hacer campaña anticipada.
Inquieta también que es absolutamente imposible hacer control a la financiación de estos grupos. Eso es perverso. Se debe hacer una reforma muy grande.
Le puede interesar: Elecciones regionales: las ventajas de los que dicen ser “independientes”
¿Han identificado irregularidades en la inscripción de cédulas?
Hoy tenemos en Colombia 144 municipios que tienen más censo electoral que censo poblacional; es decir, más personas que votan de las que habitan. Hay 17 poblaciones que modificaron de manera importante su censo electoral en Meta, Cundinamarca, Atlántico y Antioquia, que aparecen de forma reiterada en los mapas de riesgos. Eso está por fuera de cualquier estadística normal.
Una muestra de eso son municipios como Puerto Gaitán, que tiene 9.351 votantes más que ciudadanos o Puerto Colombia, con 8.245 más votantes que habitantes. Llama la atención también Cúcuta y habría que ver si tiene que ver con el regreso de colombianos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debería estar en esas poblaciones mirando el proceso y haciendo verificación.
¿Cuál es el balance frente a violencia política?
Entre el 27 de octubre y el 27 de julio tuvimos 317 líderes políticos y sociales que fueron víctimas de violencia en 26 departamentos. De estos, 83 fueron asesinados y nueve eran precandidatos: ocho hombres y una mujer. También tenemos registro de cuarenta agresiones exclusivamente dirigidas a precandidatos. De 31 que contemplaban aspirar a algún cargo y fueron hostigados, solo se inscribieron 16. No sabemos si fue por temor, porque no les dieron el aval o porque prefirieron hacer otra cosa. También tenemos la primera amenaza colectiva en Ovejas (Sucre), donde intimidaron a todos los candidatos que se presenten en la zona de Montes de María.
Por otro lado, desde el 28 de julio a la fecha, tenemos que casi día de por medio ha ocurrido un hecho de violencia política: nueve en total, iniciando con el asesinato de un candidato al Concejo en Sevilla (Valle del Cauca).
Puede leer: Hacer política en Colombia sigue siendo una actividad de alto riesgo
¿Las agresiones son contra un partido en particular?
Ninguno de los nueve hechos de violencia política en período electoral ha sido dirigido hacia un partido particular. Es decir, aquí están amenazando a todo mundo. En estas elecciones no hay un solo grupo armado con capacidad de poder influenciar el proceso, sino que, dependiendo del territorio, el actor armado es diferente.
En Cauca, por ejemplo, hablamos de disidencias y narcotráfico. En Valle, narcotráfico y mafias organizadas. En Montes de María, grupos paramilitares. Lo que se puede ver es que la violencia, que se está incrementando, depende de los intereses que localmente se están jugando las economías ilegales o a las diferencias de poder político en el territorio.
¿Cómo va la participación política de las mujeres?
Las organizaciones políticas están en deuda de tomarse en serio la promoción de las mujeres. Se está cumpliendo un formalismo, la cuota del 30 %, pero no se están adoptando mecanismos para que ingresen a escenarios de poder.
Hay diez capitales de departamento (es decir, una de cada tres) que no tiene ni una mujer candidata a la Alcaldía. Cuando se analizan gobernaciones, la cosa empeora: hay 21 candidatas frente a 155 hombres, y hay departamentos donde no hay ni una sola mujer. Mejora el panorama en concejos y asambleas, donde hay una participación del 78 % y 77 %, respectivamente.
¿Qué se juega Colombia en estas elecciones regionales?
La posibilidad de involucrar nuevos actores en la representación política. En este proceso electoral ocurrió algo interesante y es que organizaciones que venían de la sociedad civil, que solamente se movilizaban socialmente, dieron el salto a la política y estamos convencidos que fue por el Acuerdo de Paz.
¿Cómo analizan la incursión del partido FARC en la política local?
Se generaron una serie de temores frente a la toma del poder de la FARC, pero lo cierto es que, de 117.000 candidatos, solo presentaron 248 de ese movimiento: ninguno a Gobernación, 17 a asambleas, 13 a alcaldías, 205 a concejos y 13 a JAL. Se ha sobredimensionado la sombra frente a que la FARC haga una toma política del poder.
Más que ver afectaciones directas en términos de seguridad, lo que vemos es que el Acuerdo preparó más las elecciones al Congreso como escenario de reinserción, pero no a nivel local para apropiar la política para resarcir a la democracia.
¿Han identificado casos de funcionarios sancionados a los que les dieron aval?
La Procuraduría ya informó que hay 694 candidatos inscritos que presentan inhabilidades. Esto mismo pasó en 2015 y quizás el caso más icónico fue en La Guajira con Oneida Pinto. La MOE está absolutamente comprometida con el debido proceso y cree verticalmente en la presunción de inocencia, pero los partidos deberían revisar antes de dar un aval, porque si esa persona termina sancionada después de elegida, es una afectación contra el gobierno de los ciudadanos.
¿Y de violación a la Ley de Garantías?
No hemos hecho el barrido, pero en las elecciones del año pasado una investigación nos permitió concluir que no se había cumplido la Ley en lo que tenía que ver con los convenios interadministrativos. Nos sorprende que no hemos visto sanciones por estos convenios, que están completamente prohibidos.
¿Las autoridades electorales sí les están parando bolas a sus alertas?
Tenemos reuniones que son periódicas y permanentes tanto con Registraduría, como con el CNE. Hemos logrado tener un diálogo que ha permitido que se involucren muchísimas de nuestras recomendaciones.
Hay otro nivel de diálogo con los partidos políticos, los organismos de control, la Fuerza Pública y todas las autoridades responsables del proceso electoral. Eso se debe agilizar ante los hechos de violencia electoral, porque se necesita garantizar que haya candidatos vivos, con posibilidad de hacer proselitismo electoral, y que la ciudadanía pueda tomar decisiones libres.
La Registraduría tiene la capacidad de organizar procesos electorales logísticamente bien hechos, pero eso no significa que haya democracia.
Fue presentado un proyecto de reforma electoral, ¿los convence?
Básicamente propone una recopilación normativa en la que se hacen algunas adecuaciones y una modernización del código electoral. Podría hacerse un poco más, este es un proyecto que tiene la oportunidad de enriquecerse. Algo que sí es muy interesante es que se establece solo un documento E-14 para el conteo de votos en lugar de tres, lo que abría la puerta para diferencias entre los distintos formularios y generaba falta de credibilidad en todo el sistema.
Conoce más