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El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, en acto público de reconocimiento de responsabilidad y en memoria de Daniel Torres Arciniegas, de 38 años, y su hijo, Roque Julio, de apenas 16, deberá pedir perdón por sus muertes en una ceremonia que se realizará en Aguazul (Casanare), con la presencia de la familia de las víctimas. Así lo dispuso el Juzgado 61 Administrativo del Circuito de Bogotá al condenar al Estado por estas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por un comando élite adscrito a la Brigada 16 del Ejército, el viernes 16 de marzo de 2007. El fallo le ordenó a la Fiscalía priorizar la investigación por estos crímenes, exhortó al Ministerio de Defensa para que adopte medidas urgentes que eviten nuevos falsos positivos y remitió copia del expediente al Archivo General de la Nación para que contribuya en “la construcción de la memoria histórica que permita consolidar el proceso de paz”.
Se trata de un caso emblemático en las investigaciones por el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Entre otras razones, porque por estos homicidios en persona protegida fue detenido y acusado por la Fiscalía el general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16, quien se jura inocente. Y aunque la etapa de juicio se llevó a cabo en su totalidad, justo cuando el juez primero del Circuito de Yopal, Dinael Cortés, se disponía a resolver el proceso envió el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto debido a que Torres Escalante decidió someterse a ese tribunal en junio de 2017. Mientras se resuelve su caso, el teniente Marco Fabián García Céspedes, quien comandó el Grupo Especial Delta 6 que asesinó a Daniel y Roque Julio Torres, no solo fue condenado a 26 años de cárcel, sino que además confesó los escabrosos detalles de la ejecución a mansalva del labriego y su hijo menor de edad.
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Según su relato, por órdenes expresas del entonces coronel Torres Escalante, su Grupo Delta salió al filo de la medianoche del 15 de marzo de 2007 rumbo a la vereda El Triunfo, ubicada en Aguazul, donde vivían los Torres. El plan estaba diseñado para que las víctimas fueran presentadas como positivos operacionales en la lucha contra la insurgencia. El trayecto, inicialmente, se hizo en un carro militar, pero desde la 1:30 de la mañana del día 16 se desplazaron a pie. Alrededor de las 6 a.m. llegaron a la vivienda de los campesinos. Daniel y su hijo salieron para ver qué ocurría. El teniente García los increpó acusándolos de ser guerrilleros del Eln. Seguidamente dispuso una requisa a la vivienda. Solo se encontraban allí Daniel y Julio. El teniente García cruzó algunas palabras con Daniel mientras el soldado Julio César Arteaga se llevó al menor a un costado. Varios soldados del Grupo Delta observaron lo que ocurría. El desenlace tardó apenas unos segundos más.
“Yo le digo al soldado Arteaga que hay que darlos de baja. Él me dice que le dispara a (Roque) Julio, yo le digo que le disparo al otro. Me dirijo hacia el señor Torres, lo interrogo de nuevo. El soldado Arteaga se dirige hacia (Roque) Julio. El señor Daniel sigue exaltado. En ese momento me alejo de él unos cinco metros y procedo a utilizar el arma mía, donde le hago una ráfaga disparando hacia el cuerpo de él. Consecutivamente el soldado Arteaga dispara también sobre el joven Roque. Se procede inmediatamente a realizar un combate ficticio donde se disparó a diferentes partes de ese sector, se procedió a colocarle las armas al señor Torres y al joven Roque algunas granadas”, contó el teniente García. Y añadió que ese mismo día “me le presento al coronel Torres, felicitándome por las bajas en combate. Procedí a comentarle cómo fueron los hechos y me manifestó que no había ningún problema”.
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En la investigación se constató que el joven Roque Julio fue testigo del asesinato de dos campesinos de la región, Hugo Édgar Araque y Fredy Alexánder Sanabria, en octubre de 2005 y agosto de 2006, respectivamente. Él mismo denunció ante el Juzgado 45 de Instrucción Militar que los responsables de estas muertes eran militares de la Brigada 16. Tras sus señalamientos empezaron los hostigamientos. En noviembre de 2006, por ejemplo, 15 militares llegaron a su casa sin autorización alguna, encerraron a toda la familia en una habitación y le dijeron a Daniel Torres que tenía una orden de captura y que debía acompañarlos. Él se negó y la respuesta de los militares fue esta: “Usted nos cae por ahí solito”. A pesar de las denuncias que interpusieron, nunca los protegieron. “Lo que ellos hicieron con mi esposo y mi hijo fue una masacre, ni siquiera les dieron tiempo de defenderse. Ellos no eran guerrilleros ni eran criminales”, sostuvo Ángela Torres Valbuena.
En el reporte de Medicina Legal quedó constancia que en el cuerpo de Daniel Torres se encontraron 19 orificios de heridas por proyectil de arma de fuego. Y en la denuncia, tras el crimen, también se reseñó que militares de esa Brigada 16 interrogaron a varios miembros de la vereda El Triunfo en Aguazul para establecer “quién fue el sapo que se comunicó con las ONG de Bogotá”. La justicia comprobó que Daniel y su hijo no eran milicianos del Eln y que sus muertes ocurrieron “como resultado de los disparos propinados a mansalva y en la humanidad desarmada de las víctimas”. Además, se constató que hubo un acuerdo de voluntades entre los militares para “mantener oculta la realidad de los hechos”, garantizar la impunidad en el expediente y asegurar la versión oficial de un combate inexistente y las felicitaciones posteriores. Pero alguien habló, a pedazos se cayó el montaje y el Estado resultó condenado administrativamente.
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En mayo de 2012, el propio teniente García se arrepintió de lo que hizo: “Le pido perdón a Dios porque sé que no actué de la mejor manera”. Su testimonio ha sido fundamental en el proceso contra el general en retiro Torres Escalante. Los militares que acompañaron al teniente García y al soldado Arteaga le dijeron a la justicia que su participación en los hechos se “limitó a ayudar a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente”. De tal manera que aceptaron cargos por el delito de favorecimiento. “La población civil en un conflicto armado no se encuentra en el deber de soportar las cargas de la guerra”, asegura el fallo de 56 páginas en poder de El Espectador. Además, para resguardar su vida y la de sus otros dos hijos, Ángela Torres tuvo que salir de su finca, la cual “regaló” por apenas $10 millones. El fallo ordenó indemnizar a la familia Torres por los daños morales ocasionados por los crímenes y el desplazamiento forzado.
El general Torres Escalante ha mantenido una versión constante desde que empezó a ser interrogado por la Fiscalía por estos hechos en julio de 2015: que nunca supo lo que hicieron sus subalternos. En varias de sus versiones, conocidas por este diario, aseguró que los resultados operacionales nunca podían estar por encima del respeto a los derechos humanos. “Del afán no quedan sino los muertos y los errores militares (…) Yo muchas veces colocaba ahí: no dejarnos presionar de nuestros superiores, hacer las cosas dentro de las normas (…) Todo lo que sucedió en el área de operaciones, la única información que recibí era que eran combates transparentes”. La Fiscalía, sin embargo, no le cree. En declaraciones entregadas a la JEP en diciembre pasado, el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare, también salpicó a Torres Escalante en decenas de falsos positivos perpetrados por la Brigada 16.
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Esta nueva condena al Estado se conoce en momentos en los que hay una feroz controversia por los alcances de una directiva del comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez, para la “construcción de una narrativa marco del conflicto”, un documento restringido de 15 páginas, divulgado por El País de España el pasado miércoles, que pretende fijar pautas para “la participación activa y coordinada” de los miembros del Ejército en “las contribuciones que potencialmente hagan ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y, eventualmente, a la Justicia Especial para la Paz”. La directiva no dice nada sobre el fenómeno criminal de los falsos positivos. En cambio, fija una estrategia para mostrar “la narrativa” de las violaciones a los derechos humanos por parte de las Farc. Hay suspicacias alrededor de si esa “participación coordinada” significa, como en la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales, una forma de tapar la verdad.
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