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El pasado 12 de agosto, durante una reunión de la bancada regional en la Cámara de Comercio de Cali, el senador Roy Barreras llamó a la Sociedad de Activos Especiales una “caja negra”. Se trata de la entidad que heredó de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) la tarea de administrar los bienes que las autoridades han incautado a la mafia para extinción de dominio, en la lucha histórica en contra del narcotráfico, y que ha tenido como uno de sus principales protagonistas al Valle del Cauca, debido al estela criminal de poderosos carteles como el de Cali, el del norte del Valle y sus herederos como Los Machos y Los Rastrojos.
El congresista hizo su afirmación en el contexto de una serie de denuncias que escucharon él y sus colegas en esa reunión, relacionadas con supuestas irregularidades el actual depositario de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (Cecep). Su sindicato denunció que, al parecer, su gestión estaría llevando a la quiebra el centro educativo, reduciendo también la cantidad de estudiantes. Barreras apuntó a que se trataría de un “un negocio familiar, un cuñado de un alto dirigente nacional, que se apropia de empresas públicas particulares”. Y hasta calificó a la directora de la SAE, María Virginia Torres de Cristancho, de ser una “zarina”.
Este bien ingresó al inventario de la DNE en 2007, supuestamente ligado a los narcos Daniel el Loco Barrera y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Ese año, el gobierno de entonces se lo entregó a la familia de Jairo Hoyos, diputado del Valle secuestrado junto a 11 de sus colegas y asesinado por las Farc. En concreto, a la Corporación Educativa Miguel Ángel Buonarotti, propiedad de la familia Hoyos. No obstante, en 2016, la SAE recibió denuncias de supuestos malos manejos y el bien pasó a manos de Hernán Ramón González Pardo y desde entonces la controversia local no ha parado. Incluso, en ese momento, el propio senador Barreras intercedió para intentar evitar el cambio.
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“Esa entidad fue encomendada a la familia del diputado Hoyos en una especie de reparación. No lo conocí. La viuda me busca porque le iban a quitar la entidad, estábamos en plena discusión sobre la reparación a víctimas, y dije: ‘Mire, si es una familia víctima de las Farc y está haciendo bien su trabajo, evalúen’. Finalmente los cambiaron y no volví a saber del asunto”, confirmó Barreras a El Espectador. En diálogo con este diario, Barreras señaló que la denuncia del sindicato sería solo un ejemplo de un tema nacional “La SAE es una caja negra que no responde a nadie, sobre la cual no hay control político, que administra miles de millones de pesos de los emporios de la mafia, sin resultados evidentes que estimulen la economía del país ni que reparen a las víctimas”.
Según Barreras, en la SAE hay un potencial enorme que se podría utilizar en el punto uno del Acuerdo de Paz (el agrario). Por eso, cree que se debe llamar a un control político a la directora de la entidad. Algunas voces, no obstante, consideran que detrás de las denuncias sobre la Fundación Cecep hay un interés político. El Espectador conoció un balance entregado por el depositario actual, que señala que la Fundación dio pérdidas por $1.300 millones en 2015; $1.288 millones en 2016; $506 millones en 2017 y ganancias por $1.270 millones en 2018. También registra reducción de becas, de 785 a 50, y una intención de pasar de fundación a institución universitaria.
Mientras en los corrillos caleños hay preocupación por el futuro de la Cecep, también lo hay sobre el tinte político que tendría de trasfondo a esta discusión. Este es apenas uno de los 4.820 inmuebles que tiene la SAE en Cali, de los cuales apenas 120 son rurales. El debate cobra relevancia ahora que en el Congreso cursa un proyecto de ley que busca que esos bienes inmuebles que están en la capital del Valle, sobre los cuales ya se haya hecho el proceso de extinción de dominio, sean transferidos de manera gratuita por la Nación al Distrito Especial, Deportivo, Cultural y Turístico de Cali.
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El municipio destinaría su uso o el dinero producto de su venta para la promoción de actividades culturales y deportivas. La iniciativa es el representante a la Cámara por el Valle Juan Fernando Reyes Kuri y cuenta con el apoyo del alcalde de la ciudad, Mauricio Armitage. La idea es que el manejo y los réditos se queden en casa, ya que actualmente, cuando los bienes se monetizan, pasan a la Nación. Reyes Kuri explicó a El Espectador que esta sería una manera adecuada para que Cali sea resarcida por la violencia sufrida, como víctimas. En parte, porque sin esta iniciativa, si la alcaldía quiere uno esos predios, tiene que comprarlo.
“Hay unos bienes que todo el mundo reconoce, como el antiguo Club San Fernando, que lo tiene la SAE y que puede servir para uso y goce de los caleños. O el bien donde hacen la famosa Rueda de Chicago”, dice el congresista. La iniciativa, según Reyes Kuri, también tiene en cuenta que existen dificultades para vender a estas propiedades, por un temor generalizado entre la gente del común hacia los testaferros de los narcos.“¿Qué mejor que el Distrito los ponga a disposición de todos los caleños que hemos sido víctimas del flagelo del narcotráfico?”, explicó.
Fuentes oficiales consultadas por este diario, no obstante, miran con recelo lo que podría pasar si se aprueba este proyecto de ley o si es adecuado dejar la administración de todos esos bienes a Cali, incluidos cuidados, pagos y la posibilidad de designar depositarios para su manejo. El representante Reyes Kuri asegura que se precisará el proyecto de ley para que solo pasen a manos de la ciudad bienes considerados estratégicos. En ese sentido, sería necesaria una reglamentación para que la alcaldía haga una solicitud formal a la Nación sobre los bienes de su interés. ¿Cómo impedir que se repitan los malos manejos del pasado? “Nunca la intención ha sido que se transfieran todos los bienes porque sería un encarte”, agregó el representante.
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El proyecto se aprobó en primer debate en Cámara y está pendiente el segundo. Pero en el Gobierno hay descontento con la iniciativa. Como los recursos derivados de los bienes pasan a entidades como la Policía, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, temen que “se afectaría considerablemente una política clara de distribución de estos recursos. Se debilitaría la política del Estado que busca acabar con las bandas criminales, el narcotráfico, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y demás actividades ilegales”, apuntan las fuentes.
Este modelo se ha aplicado hasta el momento solo en San Andrés. El Espectador consultó a la SAE sobre este proyecto de ley y su respuesta es que se respetará la decisión que adopte el Congreso. En Cali, entre los predios con mayor atractivo incautados a la mafia está el lote del antiguo Club San Fernando, al que se le hizo extinción de dominio en 2009, y que ha sido usado en ocasiones para los eventos de la Feria de Cali. Otro sería el lote Mayapán, que estuvo ligado al capo del cartel de Cali Hélmer Pacho Herrera, sobre cual se hizo extinción de dominio en 2009.
En 2010, la extinta DNE nombró como depositario a la iglesia cristiana Misión Carismática al Mundo, decisión que reversó la SAE en 2017. Desde entonces, presiones políticas habrían intentado evitar el desalojo de la Misión del predio (de unos 11.000 metros cuadrados) de la iglesia (que ya figuraba como ocupante irregular), lo que se logró el pasado 28 de junio en un operativo liderado por la SAE, con más de 60 policías y que duró ocho horas. Este diario confirmó que el primero (San Fernando) tiene un valor comercial de $40.000 millones y, el segundo, de $16.000 millones. ¿Qué conviene más al país: que esos recursos pasen a la Nación o que se queden en Cali? El Congreso dirá.
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