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Nunca un regreso de vacaciones de fin de año fue tan difícil como lo ha sido este para los congresistas de Estados Unidos. El Capitolio en Washington volvió a retomar sus actividades tras un receso de dos semanas con una labor titánica: encontrar una manera para que Donald Trump no se aventure en otra ofensiva militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán o México, y encontrarla cuanto antes.
Luego de bombardear Venezuela y capturar allí a Nicolás Maduro, en una operación cuya legalidad es cuestionada por buena parte del Legislativo, la administración republicana amenazó a una gran lista de países con usar la fuerza.
“Pedí garantías de que no estaban planeando operaciones en otros países como Colombia y Cuba y me decepcionó mucho su respuesta”, señaló el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
Ante la falta de garantías de la Casa Blanca para controlar lo que la oposición ha llamado una “fiebre imperialista”, algunas figuras del Congreso han empezado a elaborar planes para detener una nueva acción militar. La principal preocupación es Groenlandia, territorio rico en recursos como litio bajo la administración de Dinamarca que ha sido constantemente amenazado por el círculo de Trump en los últimos días.
Los senadores Tim Kaine (demócrata por Virginia) y Jeff Merkley (demócrata por Oregon), copatrocinan una Resolución de Poderes de Guerra, el instrumento que el Congreso usa para recuperar control sobre el uso de la fuerza militar cuando un presidente actúa sin autorización legislativa. Esta resolución, que será votada el jueves, busca recordarle al presidente que no puede iniciar conflictos armados por su cuenta, salvo en defensa inmediata ante un ataque. También busca enviar una señal a aliados y adversarios de que EE. UU. no tolerará la expansión militar ejecutiva sin supervisión legislativa.
Aunque figuras como el exrepresentante demócrata Tom Malinowski han subrayado que este tipo de resoluciones no pueden ser bloqueadas procedimentalmente y deben someterse a votación, esta acción se encuentra con un problema: en el Senado, se necesita apoyo de los republicanos para superar el veto o el filibuster, y este no está asegurado.
Por ejemplo, en la votación de una resolución similar de noviembre pasado, que buscaba limitar la capacidad de Trump para iniciar acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso, la iniciativa fue derrotada por un estrecho margen de 49 votos a favor y 51 en contra. Solo dos republicanos se sumaron a los demócratas.
Previendo un escenario negativo para la votación, un bloque creciente de legisladores demócratas está buscando un plan B en algo que hace solo dos meses parecería una locura: un cierre del gobierno. Pese a quedar agotados tras el cierre de 43 días que terminó a mediados de noviembre, el más largo en la historia, algunos demócratas están dispuestos a volver a ese escenario.
Al bloquear o condicionar las leyes de financiación, que expiran el 30 de enero, el Congreso puede impedir que el Ejecutivo disponga de recursos para sostener operaciones militares, asegurar campos petroleros o administrar ingresos derivados del crudo venezolano.
Un eventual ‘shutdown’ no detendría por sí solo una acción ya ejecutada, pero sí limitaría su expansión, encarecería políticamente cualquier nueva ofensiva y obligaría a la Casa Blanca a negociar restricciones explícitas al uso de la fuerza. Para estos legisladores, usar el presupuesto es el último freno institucional para evitar que la política exterior de Estados Unidos quede definida únicamente por la voluntad del presidente. Pero la batalla no termina ahí.
El Congreso no solo está buscando controlar la expansión del poder militar de Trump, sino también la expansión del poder económico por fuera de los límites que impone la Constitución. La administración Trump comunicó que se hizo con el control de millones de barriles de crudo venezolano y que su venta y derivados quedaría bajo control estadounidense, con los fondos depositados en cuentas supervisadas por Washington.
La venezolana PDVSA confirmó el miércoles la negociación, pero quedan muchas preguntas por responder, si es que la Casa Blanca va a tomar directamente el control de estos recursos, como ha dicho Trump y sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Energía, Chris Wright.
Según el Departamento de Energía, los rendimientos de la venta no irán directamente a PDVSA ni al Estado venezolano tradicional, sino a cuentas bajo supervisión de EE. UU. Para muchos legisladores, esto abre un problema constitucional mayor: permitir que el Ejecutivo administre recursos de un país extranjero sin una apropiación explícita del Congreso equivale a crear un flujo de dinero paralelo, por fuera del control presupuestal legislativo.
La Constitución dice que solo el Congreso puede autorizar gastos y supervisar cómo se usan los fondos, incluidos los ingresos extraordinarios como estos. Y aunque la administración dice que usará los ingresos “para beneficiar al pueblo”, no ha habido claridad sobre mecanismos legales ni autorizaciones del Congreso para hacerlo.
“Si Venezuela nos envía petróleo y se vende, esos ingresos van al Tesoro de Estados Unidos. Trump no puede depositarlos en un fondo secreto que él controla. La Constitución prohíbe al Ejecutivo gastar dinero que no haya sido asignado por el Congreso”, apuntó el periodista James Surowiecki.
Para algunos republicanos, sin embargo, la respuesta ha sido tibia. El control del petróleo venezolano es aceptable como herramienta de presión externa, siempre y cuando no se convierta en una amenaza interna para el mercado energético estadounidense ni en un cheque en blanco para el Ejecutivo, como demostró el senador Jim Cramer, de Dakota del Norte.
“Mientras no se venda con descuento, probablemente no tenga un gran problema con ello. Siempre y cuando no usen ese petróleo sucio y barato para inundar el mercado”, dijo Cramer en referencia a posibles aumentos en la oferta petrolera venezolana. Como bien señala, el crudo venezolano desafía un modelo energético doméstico que no quiere competencia externa barata.
La visión del senador es preocupante, pues indica que este imperialismo energético selectivo, administrado desde el Ejecutivo, sería tolerado por el Congreso mientras no afecte intereses locales. La verdadera disputa que se abre en el Congreso no es solo por una guerra más o menos, sino por quién controla la energía y, en última instancia, las reglas del juego en Estados Unidos.
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