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La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump volaron a Carolina del Norte hace pocos días para pronunciar lo que se anunciaron como importantes discursos sobre la economía. Ninguno de los dos expuso un plan detallado de políticas: ni Harris, que se centró durante media hora en la vivienda, los comestibles y los medicamentos con receta, ni Trump, que durante 80 minutos desperdigó varias propuestas entre reflexiones en voz alta sobre inmigrantes peligrosos.
Pero ambos candidatos, cada uno a su manera, enviaron a los votantes mensajes claros e importantes sobre sus visiones económicas. Cada uno de ellos defendió la visión de un gobierno federal poderoso, uno que utilice su poder para intervenir en los mercados en busca de una economía más fuerte y próspera.
Solo discreparon, casi por completo, sobre cuándo y cómo debe utilizarse ese poder.
El viernes en Raleigh, Harris empezó a imprimir su propio sello a la economía progresista que ha dominado la política demócrata en la última década. Este pensamiento económico abraza la idea de que el gobierno federal debe actuar con agresividad para fomentar la competencia y corregir las distorsiones en los mercados privados.
El planteamiento busca grandes subidas de impuestos a las empresas y a quienes obtienen ingresos altos, para financiar la ayuda a los trabajadores de ingresos bajos y de clase media que luchan por crear riqueza para sí mismos y para sus hijos. Al mismo tiempo, ofrece grandes exenciones fiscales a las empresas que se dedican a lo que Harris y otros progresistas consideran un gran beneficio económico, como la fabricación de tecnologías necesarias para luchar contra el calentamiento global o la construcción de viviendas asequibles.
Esta filosofía anima la agenda política que Harris presentó el viernes. Se comprometió a entregar hasta 25.000 dólares en ayudas al pago inicial a cada comprador de primera vivienda durante cuatro años, al tiempo que destinaría 40.000 millones de dólares a empresas constructoras de primeras viviendas. Harris afirmó que reinstauraría de forma permanente el crédito tributario por hijos ampliado que el presidente Biden estableció temporalmente con su ley de estímulo de 2021, al tiempo que ofrecería aún más ayuda a los padres de recién nacidos.
Harris pidió una prohibición federal de los especulación de precios en los víveres y nuevas herramientas federales para castigar a las empresas que aumentan injustamente los precios de los alimentos. “Mi plan incluirá nuevas sanciones para las empresas oportunistas que se aprovechan de las crisis y se saltan las normas”, dijo, y añadió: “Ayudaremos a la industria alimentaria a ser más competitiva, porque creo que la competencia es el sustento de nuestra economía”.
Quedan dudas sobre el resto de la agenda de Harris, incluyendo qué aumentos de impuestos favorecería para compensar esos recortes de impuestos y programas de gasto. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable, que se centra en la reducción del déficit, estimó el viernes que los planes que la vicepresidenta dio a conocer aumentarían el déficit federal en 1,7 billones de dólares en la próxima década, si no se pagan.
Pero la idea principal de Harris es clara: una mezcla de intervención y asistencia gubernamental para ayudar a los estadounidenses a ascender a la clase media.
En palabras de Gene Sperling, exasesor económico de tres presidentes demócratas y alto consejero económico de Harris: “Su enfoque en una economía de oportunidades y su énfasis en la propiedad de la vivienda muestran que está muy centrada tanto en la reducción de costos para ayudar a las familias a llegar a fin de mes como en poder salir adelante siendo propietario de una vivienda o iniciando un pequeño negocio”.
El plan de Trump es más sencillo: dice que hizo rico a Estados Unidos la primera vez que estuvo en la Casa Blanca y que lo volvería a hacer. También culpa a Harris y a Biden de un aumento de la inflación bajo su gobierno.
“Les di a Harris y a Biden un milagro económico, y ellos lo convirtieron rápidamente en una pesadilla económica”, dijo el miércoles en Asheville, omitiendo las pérdidas de empleo e ingresos de la recesión pandémica de 2020 bajo su mandato.
Sin embargo, al igual que Harris, Trump ofreció una serie de promesas sobre cómo ejercería el poder del gobierno para intervenir en los mercados y ayudar a los consumidores. Dijo que ordenaría a su gabinete que redujera de alguna manera el costo de los seguros de automóviles en los primeros 100 días de su presidencia, o posiblemente incluso en la primera semana. Dijo que reduciría los precios de la energía a la mitad.
Afirmó que deportaría a millones de inmigrantes para reducir el precio de la vivienda.
Trump también subrayó su promesa de imponer nuevos impuestos a los productos importados —de todos los países con los que comercia Estados Unidos— en un intento de obligar a más empresas a fabricar sus productos en Estados Unidos. Anteriormente, Trump dijo que gravaría las importaciones con una tasa del 10 por ciento; en Asheville, dijo que la tasa podría llegar al 20 por ciento. Esos aranceles los pagan los importadores de EE. UU., no los países extranjeros. Los estudios económicos sugieren que, en cierta medida, elevarían los precios y servirían de impuesto a los consumidores.
Esta también es una visión clara del poder federal para remodelar la economía. Es una de las bases del programa económico de Trump y, en muchos casos, una ruptura con la ortodoxia económica conservadora que ha dominado durante mucho tiempo el Partido Republicano.
Pero Trump no ha abandonado toda esa tradición. Prometió seguir recortando impuestos, incluida la ampliación de los recortes para particulares que firmó en una revisión fiscal de 2017 y la eliminación de los impuestos federales sobre la renta de las prestaciones de la seguridad social y los ingresos por propinas. También prometió replegar las regulaciones federales de las empresas, incluidas las regulaciones ambientales y las restricciones a la extracción de petróleo en algunas tierras públicas.
Un análisis basado en informes del Comité para un Presupuesto Federal Responsable sugiere que los recortes fiscales de Trump podrían añadir 7 billones de dólares al déficit en una década, de los cuales solo una parte se compensaría con aranceles o la derogación de las exenciones fiscales firmadas por Biden. Los economistas advierten que un mayor déficit podría avivar la inflación. Los asesores de Trump dicen que su programa bajará los precios.
“Si se reducen los impuestos, se desregula la economía, se produce más energía, todas esas políticas son deflacionarias, no inflacionarias”, dijo a la prensa el viernes Stephen Moore, cofundador del conservador Comité para Desatar la Prosperidad y asesor político de Trump.
En Carolina del Norte, Trump y Harris trataron de presentar la filosofía sobre poder federal del otro como una amenaza para la economía y las familias trabajadoras.
Trump advirtió que Harris provocaría un desplome bursátil como el de 1929 si resultaba electa. Harris dijo que los aranceles de Trump supondrían “un impuesto Trump sobre la gasolina, un impuesto Trump sobre los alimentos, un impuesto Trump sobre la ropa, un impuesto Trump sobre los medicamentos de venta libre”.
Hubo poca coincidencia en los discursos. Harris prometió una pequeña desregulación, diciendo que reduciría la “burocracia” para acelerar la construcción de viviendas. Ambos candidatos hablaron bien de Medicare.
Harris había dicho en los últimos días que, al igual que Trump, apoyaba la exención de algunos ingresos por propinas de los impuestos federales. En Raleigh, no mencionó esa fuente concreta de acuerdo.
Michael Gold colaboró con la reportería.
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