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El drama de los habitantes de Santa Rosa, vereda del municipio de Subachoque (Cundinamarca), comenzó el pasado 27 de enero, por culpa de un derrumbe. Desde ese día tienen problemas con el acceso al agua, pues se dañó el acueducto veredal que, con recursos propios y del departamento, construyeron hace más de cuarenta años y que beneficia a casi 600 personas.
El lío para hacer un arreglo integral radica, por un lado, en las diferencias que tienen con el dueño del predio donde ocurrió el deslave (por donde pasa la tubería) y, por el otro, en una falla geológica, problemas con los materiales y la falta de recursos. Por eso hacen un llamado a las Empresas Públicas de Cundinamarca.
Entender el conflicto implica devolverse en la historia, ya que en la construcción se definió el trazado de los canales y se llegó a la conclusión de que la tubería debía pasar por unos predios privados, para llevar el agua hasta la vereda. Tras esa decisión, los pioneros del proyecto conversaron con los propietarios de los terrenos, consiguieron la autorización verbal y se establecieron unas servidumbres de hecho. No obstante, el permiso no lo formalizaron ante notaría, lo que hoy es un dolor de cabeza.
Así, por casi cuatro décadas, el acueducto funcionó sin problemas hasta que se registró el derrumbe a comienzos de este año, en el predio Coscojitas. Como su actual dueño, Rodrigo Peña, no es el mismo que autorizó el paso de la tubería en los años 80, los permisos para arreglar los ductos dependen de su buena voluntad, la cual mantuvo hasta julio, tiempo durante el cual tuvieron que reparar el tubo quince veces.
Sin embargo, a principios de agosto, cuando se presentó la última ruptura, Peña no dejó entrar a los empleados del acueducto de nuevo a su finca. “Siempre venían y hacían arreglos, de forma artesanal. Cada vez que eso se rompe, mi familia está en riesgo, porque la tierra se puede venir otra vez”, dice.
La decisión tiene desconcertados a los habitantes de la vereda, no solo porque los pone en aprietos para acceder al agua, sino porque creen que detrás de la inestabilidad en el terreno y del último daño existirían otras explicaciones.
“La última reparación la hicieron unos ingenieros, que pusieron un empate que parecía imposible que se dañara tan pronto”, resalta Clara Arjona, integrante del comité del acueducto veredal. Si bien reconocen que el predio es privado y el terreno es inestable, creen que el deslizamiento también pudo ocurrir por el manejo que Peña le ha dado a la tierra. “Ha deforestado y ha metido maquinaria para hacer construcciones con fines turísticos”, afirma Francisco Buenahora, directivo del acueducto veredal.
Ante las dudas y las diferencias con el dueño, decidieron pedir la mediación de la Defensoría del Pueblo. No obstante, Peña se ha mantenido en su posición. Él tampoco se ha quedado quieto y ha interpuesto recursos legales, pues está convencido de que el deslave no fue por los trabajos, sino por la presión de la tubería en la tierra.
“Con el derrumbe, menos mal no se perdió ninguna vida. A pesar de que nuestra casa es más abajo, estuvimos en peligro. Contraté a unos ingenieros para que hicieran estudios de suelo, que me costaron casi $10 millones. Lo que quiero es que saquen el tubo, que fue lo que provocó el deslave”, agrega Peña.
Aclarando dudas
El caso llegó hasta la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que hizo un estudio técnico para establecer las posibles causas del deslizamiento. Y la conclusión muestra que el problema no es solo un lío de vecinos. “El predio está sobre una falla geológica, lo que hace que sea inestable. Además, las redes de conducción son de PVC y ese material no es apto para eso”, explica Carlos Rodríguez, director regional de Sabana Occidente de la CAR.
Aunque este diagnóstico es un insumo, tanto Peña como los directivos del acueducto quieren saber a ciencia cierta si el desprendimiento fue algo fortuito o si fue por los trabajos en el predio, para definir quién tendría que pagar los gastos de la reparación de la tubería.
Ante la controversia, la Defensoría del Pueblo cree que ambas partes tienen argumentos legítimos y por esta razón intervino para que la Alcaldía de Subachoque garantice el suministro de agua en la vereda con carrotanques, hasta que Empresas Públicas de Cundinamarca haga estudios para definir si es factible reparar la tubería donde está o se debe cambiar el trazado.
“Líos de este tipo se han presentado en 77 municipios del departamento en los últimos años, que se terminan arreglando con una conciliación. Por ahora, evaluamos alternativas para suplir las necesidades de la comunidad y del dueño del predio. Es posible que la tubería cambie de lugar”, asegura Andrés Díaz, gerente de la empresa.
Por ahora, mientras los habitantes de la vereda esperan una solución a sus problemas de acceso al agua y Rodrigo Peña aguarda que la justicia acceda a su petición de sacar la tubería de su propiedad, la tarea queda en manos de las autoridades del departamento, que son las llamadas a ponerle fin a esta disputa.
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