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Varios magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia están alistando sus maletas para un viaje que podría cambiar el rumbo de las investigaciones que hay en sus despachos sobre el caso Odebrecht. Brasil es su destino. Allí los estará esperando, a finales de este mes, una delegación de la Procuraduría Federal, la Fiscalía de ese país, para llevar a cabo una serie de reuniones y diligencias judiciales con personajes claves de este escándalo de corrupción que podrían ayudarles a llenar vacíos que tienen los casos de sobornos y de financiamiento de campañas políticas. Incógnitas que llevarán y que tienen como base los hallazgos que hizo el exfiscal ad hoc en este caso, Leonardo Espinosa.
La delegación colombiana, además de los funcionarios de la Corte Suprema, contará con integrantes del grupo élite anticorrupción de la Procuraduría, a quienes les interesa resolver las preguntas que han surgido en las investigaciones disciplinarias que han adelantado desde que estalló este escándalo mundial, a finales de 2016. Para ellos también han sido claves los reportes que hizo Espinosa y, al igual que para los magistrados del alto tribunal, es necesario esclarecer varias de las incógnitas que planteó el exfiscal ad hoc sobre lo que hizo, durante más de dos años, la administración del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez en las investigaciones por este caso.
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Es más, Espinosa y su equipo de trabajo tenían todo listo para pedirle a Brasil parte de las declaraciones que ahora va a buscar la Corte Suprema. El 9 de abril de este año, el fiscal Cristian Wolffhügel Gutiérrez firmó una orden de policía judicial en la que pidió, precisamente, las declaraciones juramentadas o entrevistas de varios personajes brasileños que son claves dentro de las investigaciones. Se trata de tres exdirectivos de Odebrecht: Luiz Mameri, Luiz Bueno Júnior y Luiz Da Rocha Soares, y también de funcionarios claves de la multinacional en Colombia: Eleuberto Martorelli, exrepresentante de la multinacional en el país, Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki.
Semanas antes de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara dejar su cargo, tras la inesperada renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez el 15 de mayo pasado, la oficina del fiscal Espinosa no solo dejó lista esta orden. El Espectador conoció que, en total, él y Wolffhügel firmaron siete documentos, conocidos como órdenes de policía judicial, en los que pidieron todo tipo de pruebas que consideraron claves dentro del proceso en contra de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, investigadas por supuestas irregularidades en la aprobación de un Conpes que habría beneficiado a sus familiares y, de paso, a los intereses de Odebrecht. Pidieron, además, un funcionario de apoyo para estas órdenes.
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Solicitaron las mismas declaraciones de los brasileños y también de testigos claves del caso, como los exsenadores Otto Bula y Bernardo Ñoño Elías, ambos presos en La Picota. Pidieron, además, toda la documentación que de Álvarez y Parody reposa en bases de datos públicas y privadas, información personal y de la composición de sus familias, sus entradas y salidas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el papel de ambas en los comités o reuniones relacionadas con el polémico Conpes que le dio vía libre a la construcción de la carretera que conectaría a Ocaña con Gamarra, los números de sus celulares y hasta sus correspondencia y correos electrónicos.
Además de centrarse en datos sobre ambas exfuncionarias, la Fiscalía ad hoc se interesó en conocer mejor el panorama general de quiénes habrían participado de esta presunta irregularidad. Por un lado, pidieron información sobre los alcaldes de la zona que hubieran podido intermediar para que se diera esta obra, como alcaldes de Ocaña, Gamarra, Río de Oro, Aguaclara y Puerto Acapulco. También se interesaron en conocer los libros de actas de juntas directivas, de socios y de accionistas de 21 empresas que, al parecer, se habrían beneficiado con la construcción de la famosa vía Ocaña-Gamarra, entre ellas Egeo 1 y la Terminal Fluvial Andalucía, de la que habrían hecho parte familiares de las exministras.
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Las compañías son: Inversiones Egeo 1 y 3, Cartagena 2, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Terminal Fluvial Andalucía, Terminal de Contenedores de Cartagena, Sociedad Impoxmar, Fundesport, Fundación P.C., GPC Tugs, Sociedad Portuaria Operadora Internacional, Supercont, Inversiones Mobex, Compañía Estibadora de Colombia, Beta Gamma, Arganeo, Sextante, Kompass Rose, Inversiones Cangrejo Azul, Procanal y Cia Transportadora.
Tal y como lo reveló este diario el 16 de junio pasado, para los investigadores que llevaron este caso mientras Espinosa fue fiscal, las presuntas irregularidades en el contrato de Ocaña-Gamarra se habrían configurado en su intención de beneficiar a la sociedad Terminal Fluvial Andalucía, de la cual eran accionistas los familiares de Parody. Según Espinosa, esta empresa se vería directamente beneficiada por la obra, pues la carretera “colindaría directamente con los predios del puerto”, facilitando el transporte de llegada y salida. Álvarez y Parody participaron de la firma del Conpes que permitió el inicio de la construcción, sin que aclararan que sus familiares podrían beneficiarse con ella.
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Además, la Fiscalía ad hoc reportó otros “hallazgos” dentro de esta investigación, lo que le permitió a Espinosa reabrir en abril de este año la investigación en contra de las exministras, luego del archivo que había ordenado la administración de Martínez Neira. La Fiscalía ad hoc resaltó el hecho de que el Ministerio de Álvarez hubiera promovido la construcción de esta vía sin que hubiera una licitación de por medio. Lo que realmente sucedió fue que la obra quedó en manos de Odebrecht y sus socios en Colombia, Episol (del Grupo Aval) y CSS Constructores, mediante una adición al contrato por el tramo dos de la Ruta del Sol que ya estaba firmado entre ellos y el Estado en 2010.
Lo que en realidad ha debido ocurrir, señaló Espinosa, es que esa obra, por su tamaño y su costo, debió otorgarse a través de una licitación pública, como ya lo había advertido la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Según plasmó la Fiscalía ad hoc en los documentos que serían la base de la imputación de cargos en contra de las exfuncionarias, a la pregunta de si era posible que la exministra Álvarez hubiera cometido el delito de celebración indebida de contratos al aprobar el asunto de los peajes y al firmar el Conpes 3817 en esas circunstancias, “la respuesta es decididamente afirmativa (…) simular una adición con el fin de evadir una licitación se entiende como una modalidad de este delito”.
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Espinosa y Wolffhügel pidieron también la lista de funcionarios que por esa época trabajaron en Cormagdalena y Corpocesar. Se interesaron además en un hombre: Javier Alberto Hernández. Su nombre ha sido relacionado como el hombre clave para Álvarez en la aprobación de todos los documentos que llevaron a la adición del tramo Ocaña-Gamarra. Asimismo, le pidieron a Colombia Compra Eficiente un concepto técnico para entender si existieron irregularidades por parte de funcionarios a la hora de suscribir el contrato para la Ruta del Sol 2 y la cuestionada transversal que habría beneficiado a los familiares de las exministras Álvarez y Parody.
Con las maletas casi listas, lo único que hace falta es que Brasil confirme la hora de las reuniones, que se realizarían a finales de agosto. Mientras tanto, la Fiscalía, hoy a cargo del fiscal (e) Fabio Espitia, todavía no da razón de si las órdenes de Espinosa y su equipo se cumplieron y de qué pasará con el caso de las exministras.
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