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En la Concesionaria de la Ruta del Sol S.A.S., que esta semana perdió una gran batalla ante el Estado colombiano en un tribunal de arbitramento, Episol (empresa controlada por Corficolombiana, del Grupo Aval) tenía el 33 % de las acciones, mientras la multinacional brasileña Odebrecht poseía el 62 %. Al tribunal, Episol le explicó una y otra vez que esa posición de socio minoritario la había atado de manos frente a los manejos —incluidos los irregulares— de Odebrecht sobre los recursos del proyecto. “Aprendimos la lección: nunca ser el socio minoritario. Ese fue el dolor más grande del grupo”, le dijo a El Espectador hace unos días María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana.
Esta iniciativa vial fue concebida para recortar distancias entre el centro y el norte del país. El pasado martes 6 de agosto, un tribunal conformado por tres árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá (Jorge Ibáñez Najar, Catalina Hoyos Jiménez y Carlos Mauricio González) declaró la “nulidad absoluta” sobre el contrato que se adjudicó a Odebrecht, Episol y CSS Constructores en 2009 para construir el tramo dos, a raíz de los hechos de corrupción que rodearon su consecución. Es decir, el pago de millonarios sobornos, como el de US$6,5 millones que recibió el entonces director del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Gabriel García Morales, a cambio de que ayudara a Odebrecht y sus socios.
::El Estado no puede pagar por la corrupción de Odebrecht: tribunal de arbitramento::
“Episol es una víctima de su socio mayoritario y, por ende, su participación en estos hechos es completamente nula”, señaló la entidad en el proceso. No obstante los árbitros, que analizaron en detalle las pruebas y los testimonios que recibieron de Odebrecht, de Episol, de los bancos que financiaron el proyecto y de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), no compraron su argumento. “El tribunal encuentra que el carácter minoritario de Episol no la eximía de asumir obligaciones basadas, como mínimo, en la prudencia, la buena fe y la confianza depositada en ella por parte de terceros de buena fe”, resaltó el panel de expertos en su laudo arbitral.
La compañía insistió en su defensa, señalando que solo supo de los hechos de corrupción el 21 de diciembre de 2016, fecha en que se conoció la negociación que habían alcanzado la multinacional y el Departamento de Justicia de EE. UU. “Prueba de esto es que durante el segundo semestre de 2015, Odebrecht le presentó a su socio minoritario las conclusiones de un informe forense preparado por la firma KPMG que garantizaba la independencia de la casa matriz en Brasil y de sus filiales en Colombia”, aseguró la compañía, que reclamó el pago de $118.000 millones, porque “no participó y mucho menos tuvo conocimiento de las actuaciones irregulares cometidas por Odebrecht”.
No obstante, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado les dijo a los árbitros que “Episol y CSS Constructores no iniciaron acciones —por ejemplo— como la rendición de cuentas al socio mayoritario, ni lo denunciaron penalmente (…); solo encaminaron sus esfuerzos a la pronta liquidación del contrato de concesión, tratando solo de salvaguardar sus recursos y su reputación”. Los expertos de Duff & Phelps, por su parte, resaltaron que desde 2014 ya se sabía públicamente de investigaciones contra Odebrecht, por lo que sus socios “debieron haber incrementado el escepticismo profesional sobre la actuación” de la multinacional.
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El tribunal insistió en que Episol, a pesar de ser minoría, tenía “un papel importante en las actividades de la Concesionaria”, pues en el papel quedó plasmado que todos los gastos o pagos que efectuara el Consorcio (en referencia a Consol, la empresa que crearon los mismos socios de la Concesionaria para ejecutar las obras del proyecto) debían “ser autorizados o suscritos conjuntamente por el director de obra y el gerente de ingeniería” y este último debía ser nombrado por Episol. Con un dato adicional: el tribunal concluyó que “la entrada y salida de recursos a través de los dos vehículos”, es decir, de la Concesionaria y Consol, “constituyó un fraude a la ley del contrato”.
Para los árbitros, que Episol tuviera en sus manos la responsabilidad de autorizar gastos no resultaba “extraño”, pues, más allá de ser un socio minoritario, “se trataba de una filial de un grupo empresarial que tenía intereses en todo el negocio: el Grupo Aval”. Los árbitros arguyeron en su laudo que este conglomerado no solo tenía intereses en la Concesionaria y en Consol, “sino también en los bancos que financiaron el proyecto y la fiduciaria que administró los recursos del proyecto (fiduciaria Corficolombiana, a cargo del fideicomiso Ruta del Sol), por no mencionar la banca de inversión que estructuró el proyecto”, se lee en el fallo.
El Grupo Aval, anotó el tribunal de arbitramento, realizó un informe de auditoría para definir responsabilidades en este asunto de los sobornos, que no duró más de un mes y en el cual “se concluyó que ninguno de sus funcionarios tenía responsabilidad en el escándalo”. Para Episol, ser socios minoritarios de la Concesionaria y de Consol lo explicaba todo y, por ende, la absolvía de todo. Pero, “para el tribunal, que una empresa que pertenece a un grupo que cotiza en el mercado de valores colombiano y estadounidense, se ampare en su condición de minoritaria para liberarse de las responsabilidades de este caso no es aceptable”.
Asimismo, en el laudo se recordó que el controller, quien venía a ser una especie de auditoría en la contratación de la concesionaria, tenía que ser delegado por Corficolombiana y nombrado por la sociedad. Mauricio Millán, alto directivo de Corficolombiana, dejó saber cómo funcionaba ese cargo en la realidad. El 29 de enero de 2018, el árbitro Catalina Hoyos le preguntó por las funciones de auditoría de las que debía hacerse cargo Episol. “Así nunca se entendió (…) ni se aplicó en ese sentido, o sea auditoría no y durante el tiempo que estuve ahí no y nunca ejercí y nuevamente por la magnitud del producto pretender que una persona hiciera la auditoría de ese proyecto era prácticamente imposible”.
::Declaran nulidad absoluta del contrato de la Ruta del Sol 2::
Esa afirmación sobre la imposibilidad de que un solo individuo asumiera la auditoría del proyecto llevó a los árbitros a cuestionar nuevamente a Episol: “Para el tribunal, además, resulta increíble que una sociedad que había recibido primariamente recursos captados del público, en cuantías millonarias, hubiera designado un controller que no tenía, siquiera, un equipo a su cargo”. El tribunal recordó que el excontroller, Jorge Enrique Pizano (quien murió de un infarto en noviembre del año pasado), “advirtió en múltiples ocasiones sobre las irregularidades que ocurrieron tanto en el interior de la Concesionaria como de Consol, sin que sus advertencias fueran atendidas”.
Según Yesid Arocha, exdirector jurídico de Odebrecht en Colombia, que el controller lo designara Corficolombiana se explicaba de otra forma: “En atención al cumplimiento que (…) las empresas que pertenecen al Grupo Aval tenían que demostrar de cara a los procedimientos de las regulaciones sobre lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft)”. Los árbitros indicaron que, a pesar de que el Grupo Aval ha certificado ante la Security and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos —dado que cotiza en la bolsa de Nueva York— que cumple “con las mejores prácticas en materia de controles de toda índole”, esas prácticas no se evidenciaron “para este preciso caso”.
Corficolombiana responde
Voceros autorizados de esta entidad financiera, en diálogo con El Espectador, aseguraron que era “muy importante aclarar que el Grupo Aval tiene las mejores prácticas de gobierno corporativo y cumple todas las reglas tanto de la Bolsa de Nueva York como de la Bolsa de Colombia, la Superintendencia Financiera y el Sarlaft (para prevenir el lavado de activos), entre otros. El Grupo Aval ha sido de los mejores calificados en cumplir el Sarlaft y cada uno de los requisitos que se exigen para entrar a la bolsa. No teníamos mayoría para implementar los sistemas de control que se requerían, solamente poner un controller, que fue el que empezó a mirar el tema del Sarlaft y por ahí fue que empezó a evidenciarse todo, porque Odebrecht no quería dar la información para cumplir con el Sarlaft”.
Los voceros de Corficolombiana aseguraron que la entidad hizo “todo lo que podía desde el punto del deber ser como sociedad”: pidieron explicaciones, hicieron auditorías internas y exigieron más controles cuando dieron con hallazgos anómalos. Aseguraron que Odebrecht solo aceptó cambiar la gerencia de riesgo “cuando se pudo demostrar que había unos contratos que no se podían justificar”. “El Código de Comercio nos dice qué acciones podíamos tomar, todas esas acciones las tomamos dentro de lo posible”. Reiteraron: “Nosotros, como el resto de Colombia y como mucha gente, somos víctimas de Odebrecht”.
Frente al laudo arbitral, Corficolombiana sostuvo que respeta la institucionalidad y las decisiones judiciales. Asimismo, señaló que con la decisión del tribunal terminaron perdiendo cerca de $600.000 millones y que, si bien los árbitros dijeron que Corficolombiana no implementó mecanismos efectivos para el control de riesgos, fue gracias a una auditoría interna que realizaron en 2015 ante las alarmas encendidas por el controller Jorge Enrique Pizano y Mauricio Millán que se evidenciaron las irregularidades en contratación. “El problema en ese momento fue que se pensaba que un socio estaba robando al otro, y no que eran sobornos”, explicaron los voceros.
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